BUENOS AIRES.-Nadie debe tener dudas acerca de que el mote de "mayoría automática" aplicado a un grupo de jueces de la Corte Suprema respondió al notorio acompañamiento de los mismos a decisiones importantes del gobierno de Carlos Menem. Tampoco deberían tenerse ahora sobre que la esposa del presidente Kirchner comparte su decisión pública de relevarlos. Ambos lo han repetido en numerosas ocasiones, por lo cual, a nadie se le ocurre pensar que uno de esos jueces, Eduardo Moliné O´Connor, no va a ser sentenciado al desalojo por una comisión con mayoría oficialista y que preside, precisamente, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Evidentemente, muchas cosas han cambiado en el país, pero una que no lo hace y se repite con pertinacia, es ese estilo de ensuciar lo razonable dando prioridad a las venganzas, con desprecio de la transparencia. Después del escándalo provocado por esa causa en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con el retiro de Moliné y sus defensores, el paso de éstos últimos ha sido anunciar que apelarán a la corte interamericana de Costa Rica "por haberse vulnerado el derecho a la defensa". En ese orden de reclamos, la corte interamericana se rige por la prescripción del artículo octavo del Pacto de San José, sobre garantías judiciales.
Contradicción
Paradójicamente, si bien las imputaciones más graves que se pueden formular a los jueces como Moliné O´Connor, conciernen a sus comportamientos uniformes a favor de medidas oficiales, en ninguno de los cargos contra los mismos se ha planteado la cuestión. Las armas de la acusación han sido algunas sentencias, lo cual contradice el principio de independencia de la Justicia, mientras los fallos no contengan decisiones violatorias de derechos expresos. Es bueno tener en cuenta esa situación, porque una decisión de alguna corte internacional adversa al procedimiento seguido por el oficialismo, constituiría un golpe demasiado severo sobre la seguridad jurídica en nuestro país. Este último es el punto más débil que se observa en el gobierno de Kirchner, eficaz cuando promete luchar sin compromisos en defensa de las instituciones y contra la corrupción, pero contradictorio al momento de aplicar esa indudable carta de triunfo.
Un modelo muy explícito de lo señalado han sido los conflictos generados por el cerco del Ministerio de Trabajo y la ocupación de un valioso terreno porteño por piqueteros. En ambos casos el Presidente descalificó los hechos, pero después se rectificó asegurando que no habría presos y prometiendo tierras fiscales a los ocupantes. Esto provocó muchos llamados telefónicos al organismo administrador de predios estatales solicitando otros terrenos. Sin embargo, el alcalde porteño, Aníbal Ibarra, -recientemente apoyado por Kirchner en su reelección- manifestó de inmediato que toda ocupación de esa clase es un delito y que no la permitirá cuando se trate de bienes comunales. (De nuestra Sucursal)
