La iniciativa política le pertenece absolutamente al gobernador José Alperovich. El oficialismo hace y deshace a su gusto y paladar, sin que la oposición tenga peso ni decisión, ni tampoco reflejos para ejercer su misión de contralor. El partido que ganó las elecciones del 26 de octubre gasta sus energías en defender a Antonio Bussi de nuevos embates judiciales. Fuerza Republicana quiere sacar a su jefe del escenario tucumano y devolverlo a Buenos Aires. El juez federal Jorge Parache es el árbitro final del destino del intendente electo. Y será ángel o demonio, según sea el tenor de su resolución.
Los bussistas se replegaron del choque abierto con la administración de Alperovich en los ámbitos institucionales. En la Legislatura, por ejemplo, aceptaron el veto oficialista al ingreso de Ernesto Padilla a la comisión de Juicio Político. Lo reemplazaron por José Constanzo, un legislador bien mirado por la Casa de Gobierno. Padilla despierta reacciones alérgicas en la coalición gobernante por su pasado contestatario en la cuestión de los gastos de bloque.
En el Concejo Deliberante, cuando se votó por la designación de Domingo Amaya, los representantes de FR hicieron insertar una cláusula de compromiso de salvaguarda de los derechos del intendente electo. Usaron ese atajo para que no les tiren piedras en el partido. En definitiva, perdieron la oportunidad de diferenciarse de las otras parcelas del mundo político. Pasadas las turbulencias de octubre, se acomodan en las bancas y congelan las ansias opositoras hasta las elecciones legislativas de 2005. Alperovich, agradecido por el camino que se le despeja.
Con Amaya se supera el estrangulamiento financiero a que se sometió a la peronista Carolina Vargas Aignasse durante su fugaz pasaje por la intendencia municipal. Alperovich impuso a un incondicional, pero con limitaciones temporales taxativas: el 31 de mayo de 2005 acabará la gestión. Con el cúmulo de atribuciones que el Concejo le dio al delegado de Alperovich, le traspasó también la responsabilidad política por el rumbo del gobierno municipal.
Se preserva el status quo, pero los concejales pasan a ser convidados de piedra ante un funcionario que es políticamente leal a un poder extraño.
La solución hallada dejó contentos a tirios y a troyanos. A Bussi, en teoría, se le reserva el sillón, pero es cada vez más utópica la posibilidad de que vaya a ocupar la intendencia. Si está seriamente enfermo, esa hipótesis gana en consistencia.
La circunstancia que vive la Municipalidad de la capital contrasta con el remedio jurídico que se preparó para las otras administraciones. El artículo 38 bis de la Ley 5529 señaló que en caso de muerte, destitución, renuncia, inhabilitación o cualquier otra causal que produzca la vacancia del cargo de intendente en las municipalidades del interior, antes de cumplirse dos años de mandato, debe llamarse a nuevos comicios.
Ese remedio, que se elaboró hace algunos años, está en consonancia con la Constitución de 1990, que ordena la elección directa de intendentes y comisionados comunales. Se mantuvo, sin embargo, la primera parte del artículo, que atribuye al Concejo Deliberante de la capital el nombramiento del intendente que completará el período de gobierno.
Se trata de un anacronismo político que debería corregirse para que en el futuro sea el electorado de San Miguel de Tucumán el que decida en tan importante asunto. El vecino dejaría de ser un ciudadano de segunda categoría frente a los habitantes de las ciudades del interior.
Los parches normativos generan injusticias y discriminaciones que terminan siendo odiosas. La Legislatura del ciclo 1991-1995 desperdició la oportunidad de adecuar la Ley 5.529 al espíritu democrático.
