La deuda política del Congreso

Antes de que finalice el presente mes, el Congreso debería considerar para su aprobación o rechazo más de un centenar de proyectos de ley y alrededor de 200 de resolución y declaración. A ellos deberán agregarse otras iniciativas que esperan dictámenes de comisión, lo que constituye una agenda imposible de considerar con la seriedad exigida al Poder Legislativo de la Nación. Es tradicional que esa circunstancia se repita con mayor o menor significación, pero en esta oportunidad la condición agravante será la renovación parcial de las cámaras de Diputados y Senadores, lo que dejará sin validez los dictámenes no sancionados. La experiencia indica que en las horas finales del comprimido calendario se votarán masivamente órdenes del día con la simple mención de sus títulos, sin que buena parte de los legisladores menos laboriosos conozca razonablemente lo que aprueban o rechazan. Un proceder lamentable que adquiere relevancia mayor al ser relacionado con las difíciles circunstancias que atraviesa el país. En los recientes meses, la Cámara de Diputados apenas se ha reunido una docena de veces y otro tanto se puede afirmar del Senado, mientras el Poder Ejecutivo se ha visto apremiado por asuntos públicos de urgente solución, condicionados por decisiones parlamentarias.
No pocos de esos proyectos pendientes de sanción legislativa aguardan desenlaces desde el pasado año; es decir, mucho antes de la asunción del actual gobierno, pero no ha bastado la preocupación de una minoría de legisladores -los hay numerosos, muy eficientes y responsables, debe señalarse- para que el Congreso trabaje al ritmo requerido por la Nación. El pretexto de los ausentes y desatentos a los requerimientos de sus representados, es decir, la ciudadanía que los votó, es el prolongado calendario electoral, que les demanda actividades proselitistas en desmedro de sus mandatos públicos.
No es para menos, pues alrededor del 60% de los candidatos en esas elecciones ha renovado o está por renovar sus actuales bancas de senadores o diputados. En consecuencia, tan sólo los casos de extrema urgencia han permitido que haya sesiones de vez en cuando y tras las presiones del Poder Ejecutivo. Generalmente, se ha tratado de leyes relacionadas con la marcha del Estado o de carácter político ineludible, sin considerarse debidamente otros dictámenes sobre proyectos con efectos de mediano y largo plazo, como los de educación o la salud. Como puede advertirse, lo necesario es pospuesto por lo urgente, perdiéndose de vista la perentoria necesidad de legislar para el futuro, una de las causas fundamentales de la magnitud de nuestra crisis.
Mucho indica que el escaso tiempo restante del período ordinario impedirá también reducir el elevado número de comisiones de trabajo permanentes de la Cámara de Diputados que actualmente se eleva a 45. Esa cantidad de organismos de estudio y dictámenes hace que el 46% de los legisladores integre un promedio de seis comisiones, mientras otro 26% participa de siete o más.
Tales datos son una referencia cabal de la imposibilidad de llevar a cabo un trabajo eficiente en calidad y tiempo, sobre los dictámenes. No cierran el temario de problemas que afectan al Congreso las cuestiones reseñadas y que pasan a la responsabilidad de la próxima composición parlamentaria, pero marcan un nivel ineludible de preocupaciones sobre revalorización de la función legislativa y de control. Función esencialmente representativa de la sociedad democrática antes que de los intereses partidarios en la conservación del gobierno o en el acceso a este que, si bien son legítimos, deben posponerse a los generales de la sociedad y la República.