BUENOS AIRES.- Uno de los principales voceros del Gobierno dijo, hace unos días, que la lucha que el presidente Néstor Kirchner ha lanzado contra la corrupción en sus exponentes más emblemáticos tendrá un costo, que habrá que pagar. El tema es quién será el que lo pague.
Al calor de la nueva ola de secuestros y del cacerolazo de la semana anterior, tal vez un primer esbozo de protesta de la clase media contra el actual gobierno, el Poder Ejecutivo viene ensayando diversos métodos para atacar a la inseguridad.
La hipótesis oficial sería algo así: los crímenes, en particular los secuestros, se suceden porque hay policías corruptos -según la Casa Rosada, sólo dentro de la Bonaerense- que participan de su planeamiento y ejecución. Esto revela uno de los costados más perversos de la corrupción estructural que sufre el país desde hace décadas, y allí hay que hundir el bisturí para amputar a todos los elementos enfermos que contribuyen a ese escenario de terror. La tesis, entonces, se enfoca en esa manifestación de insanía que altera la vida social del país.
La resolución pasaría por lograr la separación de aquellos elementos corruptos que encuentran su caldo de cultivo en un estado de cosas que no termina de reacomodarse.
Miedo colectivo
Los secuestros y su sobreexposición en los medios y en el manejo de la información pública han reinstalado el miedo en la gente.
Si había ya temor por lo que ocurría a seres comunes, ¿qué sensación puede generar la revelación hecha por Kirchner de que las amenazas llegaron hasta su celular? El ciudadano común se preguntaría entonces a quién puede recurrir en busca de protección si al propio número uno del país lo "pueden" los que habitan las sombras del delito.
Quien camina las calles de las grandes ciudades se tropieza a cada paso con una legión de indigentes: cartoneros, mendicantes, gente sin techo que duerme en la calle... en fin, una verdadera legión de desocupados que sigue esperando una oportunidad de salir de la marginalidad.
Ellos también son consecuencia directa de la corrupción estructural. Si el problema de la inseguridad se enfoca exclusivamente en la cuestión de la corrupción policial se estaría desviando la atención de otras cuestiones centrales que pasan más por la reactivación económica que por las amenazas de despidos de policías.
Ambos frentes deben resolverse en forma simultánea, pero uno es la fuente de todos los problemas; el otro, sólo una de sus consecuencias emergentes.
Un vocero del Gobierno dijo que habrá que pagar un costo por la purga que se puso en marcha. Una purga que no se limitaría sólo a policías, sino también a dirigentes políticos que, como el gobernador Felipe Solá y algunos de sus colaboradores, fueron acusados como presuntos responsables de inacción. (DyN)
