La administración de José Alperovich empezó su aterrizaje en el teatro de operaciones. Los problemas son diferentes de los que afrontaron Antonio Bussi y el propio Julio Miranda en los inicios de sus gestiones. Las dificultades socioeconómicas agobiaron a aquellos en los primeros meses de su andar.
Alperovich, en cambio, debe resolver cuestiones políticas para afianzar su liderazgo en el gobierno y dentro del peronismo. Y desde que cortó amarras con el mirandismo, tras el duro discurso del 29 de octubre pasado, la nueva administración se dedicó a preparar su base de lanzamiento.
La promulgación de todas las leyes pedidas a la anterior Legislatura, que agitaron el ambiente político y sindical, se hizo de un plumazo. En eso, Alperovich no anduvo con preámbulos."Fue una demostración de fuerza", explica Edmundo Jiménez, ideólogo del programa de remodelación estatal.
El ministro de Gobierno es uno de los pocos funcionarios con trayectoria peronista. Conoce, además, las idas y vueltas de la política, a partir de su experiencia en la gestión de Ramón Bautista Ortega. Los justicialistas admiten esa condición.La tormenta gremial que amenazaba desatarse alrededor de la Casa de Gobierno se disipó sin mayores ruidos. La ley que habilitaba el traspaso de los empleados públicos prometía generar movilizaciones de trabajadores.
Nada de eso ocurrió, sin embargo. Jiménez dialogó con los cabecillas de los sindicatos y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y desactivó los focos de malestar.
Algunos de ellos se distinguieron por sus discursos ásperos en contra de Alperovich. En un acta se protocolizaron los acuerdos político-sindicales, sin que se levantaran olas.
Agenda caliente
Con la destreza de un tenista, el ministro tuvo que parar algunas pelotas y devolver otras, en una semana políticamente densa. La irrupción de los piqueteros de Raúl Castells preocupó el viernes a la Casa de Gobierno, que temía por hechos de violencia. No es para menos: Castells, a mediados de la semana anterior, había amenazado con ocupar la misma Casa Rosada.
La estrategia disuasiva que desplegó el Ministerio de Seguridad impidió la entrada del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) a la plaza Independencia y le quitó efectividad a la protesta.
Las otras organizaciones piqueteras -la más notoria es la CCC- se diferenciaron del MIJD, al no participar de la marcha frustrada. La faceta política del asunto la abordó Jiménez, quien llegó a sellar un compromiso de asistencia social con Castells. De ese modo, ganó tiempo, mientras diseña una política para esos sectores reacios a acercamientos con el poder.
La herencia
En los cálculos políticos del peronismo, el acceso de Antonio Bussi a la intendencia de San Miguel de Tucumán ya es una anécdota.
El jefe de Fuerza Republicana está enredado en una telaraña procesal, a causa de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y de un juicio oral por el cobro de gastos reservados.
La intendencia de la capital que hereda el peronismo se erige en una fuente de conflictos diversos. Existen intereses contrapuestos y proyectos de poder que compiten entre sí y se superponen.
En verdad, la administración de la ciudad cruje por los cuatro costados. Hacerse cargo de ella implica renegociar la agobiante deuda pública, regularizar el pago de los salarios y mantener al día los servicios públicos -entre ellos, el de la recolección de la basura-. Además, debe restablecerse el sentido del deber en los cuadros administrativos del Estado municipal. Esos asuntos interesan básicamente al vecino de la ciudad. Del lado de la política, están los compromisos de las diferentes fracciones partidarias. Entre ambos polos oscilan los dirigentes con inserción en el Concejo Deliberante y en la Cámara.
La concejala Carolina Vargas Aignasse está a cargo de la intendencia, desde su calidad de presidenta del Concejo.
Algunas fuentes del peronismo sugieren que aquella desobedeció un acuerdo cumbre del mundo peronista (Miranda, Alperovich, Fernando Juri), que desalentaba la designación de autoridades del cuerpo antes del 26 de octubre. Después del 29 y ante el hecho consumado, comenzaron las cavilaciones y la guerra de presiones.
En derredor de Vargas Aignasse se dice que el problema financiero fue planteado, por ese entonces, al gobernador, quien le habría dicho que siga adelante.
La concejala había colaborado con Alperovich en la etapa preelectoral, por lo que no era una desconocida. Se afirma, también, que, por expediente ingresado en Casa de Gobierno hace 10 días, demandaba una asistencia de 2,9 millones de pesos. Pasaron las jornadas y no recibió respuesta alguna. El mismo monto se giraba a Marta De Ezcurra, se advertía.
Los datos ocultos
Según otras fuentes del peronismo, esa presunta indiferencia de Alperovich sería la respuesta al incumplimiento del pacto previo a la elección de autoridades del Concejo Deliberante. La clave de la cuestión municipal es de naturaleza política, aunque el elemento desestabilizador sea de orden financiero. Creció en el ámbito del peronismo la convicción de que Alperovich busca la intervención total del aparato municipal, so pretexto del desorden financiero.
Ediles y legisladores se mezclaron en una sucesión de reuniones entre sí. Los representantes del pueblo hablaron también con Alperovich y comprendieron la preocupación de los concejales por la suerte de las instituciones. Sisto Terán alarmó a sus pares cuando sugirió que debía descabezarse el régimen municipal.
De resultas de las conferencias de legisladores y ediles oficialistas, se llegó a la conclusión de que la Cámara no debía pagar el costo político de intervenir la Municipalidad. Vargas Aignasse entendió que la exigencia de un plan financiero que se le hacía desde el PE sólo tenía un sentido dilatorio. Ante eso, dio un paso al costado y se sumó al grupo de legisladores que buscan una salida para la crisis. Jiménez les dijo que el Gobierno propondría un nombre para que el Concejo lo designe intendente. Sería Domingo Amaya, hombre de confianza de Alperovich. También está en danza Germán Alfaro, un ex legislador que apostó de entrada por Alperovich y que suscita simpatías en franjas del PJ. Las medidas que exige el Gobierno implicarían delegaciones de facultades de dudosa legalidad en favor del futuro intendente.
