Lo que no pudieron hacer el ex gobernador Julio Miranda y sus legisladores hace un año y medio -sacar al molesto ministro fiscal Luis de Mitri del camino- lo logró un programa de televisión de Buenos Aires en el que De Mitri apenas apareció diciendo "no". Claro que le preguntaban si conocía la existencia de prostíbulos con menores de edad en Tucumán. Ahora la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle a De Mitri sus potestades para controlar a los fiscales de Instrucción, con lo que pasa a ser una figura sin protagonismo en el esquema judicial. Ya estaba en camino a serlo, porque una de las leyes promulgadas por el gobernador José Alperovich le iba a quitar el poder; la Corte, apurada por el escándalo mediático de los últimos días, se adelantó a hacerlo, como una forma de dar un golpe de efecto.
En general, la Justicia tucumana (en sus áreas Civil, Comercial, Laboral y de Familia) afronta problemas de infraestructura, de personal y de exceso de causas. Pero es en la Justicia Penal donde los dolores de cabeza son intensos: desde hace meses los fiscales están en la mira pública por la investigación federal sobre la entrega irregular de vehículos de lujo y ahora quedaron expuestos con la prostitución de menores no investigada o mal investigada.
La Corte intenta desde hace varias semanas dar la impresión de autoridad: ordena sumarios y auditorías, e intima a los fiscales a entregar causas en plazos perentorios (que parecen ser imposibles de cumplir para el fiscal Gustavo Estofán, quien debió dar explicaciones por haberle entregado a un policía una causa vinculada a las 4x4). El alto tribunal también está enojado con los fiscales y con los jueces por desentenderse de tareas básicas como los allanamientos. Dejaban todo a la Policía y así, sobre 40 operativos en prostíbulos, prácticamente no se había descubierto nada porque -se sospecha- los mismos policías avisaban a los dueños de los burdeles sobre el operativo.
No se sabe si De Mitri -que había dejado un tranquilo cargo de camarista para ser ministro fiscal- pierde poder por haber dicho "no" ante las cámaras y haber quedado mal parado frente al país, o por haber sido molesto para el poder político en su momento. Hay un poco de todo. También lo devoró la inacción frente al escándalo de las 4x4.
Según el ministro fiscal, todo se vincula a una "campaña" destinada a remover individualmente a magistrados o a preparar un cambio más amplio cuando se haga la reforma de la Constitución. Pero en esto hay dudas. La Justicia viene siendo sometida ya hace mucho a presiones desde el poder político, que hizo lo que quiso. El ejemplo más burdo ha sido el pisoteo constante al Consejo Asesor de la Magistratura. El Gobierno eligió a su gusto. Y volverá a hacerlo.
Opciones duras
Entonces, si se dice que hay que cambiar el sistema de selección y control, entra el temor de que se ponga en comisión a los jueces; y si no se cambia nada, permanece la duda sobre un Poder Judicial cuestionado, en el que se suceden pequeños -o grandes- escándalos y en el que están los jueces de la "quinta columna" denunciada por el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez.
El temblor en el Poder Judicial deja enseñanzas: que sí hay que hacer cambios en una Justicia sin infraestructura, casi colapsada y en muchos casos adormecida; que esos cambios no deberían partir de conveniencias políticas; que tendrían que estar destinados a lograr más independencia, porque ninguna sociedad se mejora con jueces complacientes; y porque antes o después tendrán que resolverse las 450 causas por corrupción que heredó el fiscal Pedro Gallo. En ellas se involucra a personalidades que están en la arena política de hoy. Para ello, la Justicia no debería ser manoseada, y en los últimos tiempos el manoseo parece diario. Sus efectos están a la vista.
