La crisis y la fuerza laboral

La fuerza laboral argentina ha sido sin duda el sector social más castigado por la crisis, como evidencia el hecho de que tan sólo tres de cada diez trabajadores desempeñan sus tareas en blanco. De ese 10% solamente la mitad se acerca alguna vez a un sindicato, pero apenas una cuarta parte participa de elecciones gremiales. La conclusión es que únicamente el 2,5% practica actividad sindical. Como puede advertirse, la vieja idea sobre los poderosos aparatos gremiales que llegaron a influir decisivamente sobre el poder político es hoy apenas un mito. El desempleo histórico, por un lado y, por el otro el fuerte compromiso político de las dirigencias sindicales, alejaron a los trabajadores de sus representantes específicos y la fuerza laboral quedó así desamparada prácticamente en el ejercicio de sus derechos. Tras ese panorama de situación, aparece como factor o pecado original una condición definitoria del gremialismo argentino, a partir del momento en que, hace más de medio siglo, se estableció compulsivamente el régimen de sindicato único por rama de actividad económica: el sindicalismo nacional se ocupó fundamentalmente de los trabajadores con empleo, y desatendió el desempleo. De este último se ocupaba el Estado mediante su gigantesca red de empresas públicas, cuyos grandes déficit produjeron sus notorias ineficiencias.
Esa unilateralidad de la acción gremial, más la aparición de un desempleo histórico y el índice inédito de ocupación irregular en un contexto de elevada politización de la vida social dieron lugar al fenómeno de las organizaciones irregulares de piqueteros. Estas vinieron a ocupar el vacío tradicional dejado por el sindicalismo legal en la defensa de los desempleados. No menos de una decena de organizaciones piqueteras, más un número impreciso de grupos menores que habitualmente se unen a ellas en casi todo el territorio nacional han ganado en consecuencia los espacios estratégicos de la protesta, desplazando a los sindicatos legales, notoriamente imposibilitados de recuperar el antiguo protagonismo en la vida pública. Pero no sólo esa descripción de la realidad laboral completa el panorama referido, sino que, a tono con el desorden institucional y político provocado por la crisis que afecta al país, otra circunstancia excepcional agrava paradójicamente la situación: el Estado contribuye decisivamente a financiar las organizaciones de piqueteros, mediante subsidios oficiales que son distribuidos por sus organizadores.
Por añadidura, el presidente de la Nación dialoga con esas organizaciones irregulares que le reclaman habitualmente mayores subsidios, y cuyos jefes más conspicuos viajan periódicamente al exterior y concurren a reuniones con notorias agendas de ultra izquierda, como son los casos de la llamada Refundación Comunista o el Foro Social Europeo. Se trata por cierto, de organizaciones locales entre las que se cuentan algunas solidarias con el gobierno, y de un financiamiento que, como el de Jefes y Jefas de Hogar, se originó bajo las presiones de la crisis y la incapacidad del sector público para atemperar sus consecuencias sociales. Pero ello no explica -más allá de un interés político asociado a la interna del partido oficialista- las razones por las que el Presidente no ha recibido desde su asunción a la cúpula sindical legal constituida por correligionarios partidarios. Hasta aquí, y muy generalmente, la situación de las relaciones laborales, donde el sector socialmente más significativo de la realidad social, el del trabajo, se siente huérfano en la defensa de sus intereses. Seguramente que la reforma política es una prioridad que el país aguarda, mas es realidad ineludible que la sigue en trascendencia la sindical, para que la fuerza laboral disponga de una defensa digna de sus intereses.