Promesa de transparencia

En varias ocasiones, el Presidente de la Nación ha expresado, a propósito de la impunidad con que tantos delitos quedan sin culpables y la sociedad abandonada en la desdicha de no poder confiar en quienes deberían protegerla: "tenemos la obligación política y moral de depurar todas las fuerzas de seguridad, y el que dude, que se vaya a su casa. Y esto también pasa en la política, porque un correligionario, un compañero, o es esto, o es lo otro. Eso tiene que terminar". "Acá se actúa corporativamente, cuando las propias instituciones deberían denunciar a sus malos integrantes", manifestó también sin circunloquios el doctor Néstor Kirchner ante un grupo numeroso de familias dolorosamente afectadas desde hace años por esa degradación de nuestra vida comunitaria, sin dejar de señalar a las propias corporaciones políticas. Llegar hasta el fondo del problema como lo ha hecho el jefe del Gobierno federal es un buen comienzo, aunque tan sólo un alentador llamado a la esperanza, pues son muchos y difíciles los pasos que deben darse antes de que la Argentina pueda volver a ser nada menos que un país normal.
Es decir, una comunidad nacional no solamente bajo el firme amparo de sus instituciones, sino con la convicción común de que no es posible convivir sin la plena vigencia de aquellas.
Esas y otras manifestaciones presidenciales recientes y del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, relacionadas con el mismo problema, han dado la pauta de que la tarea depuradora debe ser tan enérgica en los hechos como austera y prudente en el discurso oficial. Un discurso donde la autocrítica que se exige a todos los sectores de la vida política ha señalado especialmente al propio partido oficialista, como evidencia la pública e irritada respuesta de altos dirigentes del justicialismo bonaerense, administrador de la mayor provincia desde hace 16 años, y donde los estragos de la inseguridad han sido reconocidos por su gobernador, Felipe Solá, como los más graves que hoy padece el país. Debe terminar la Argentina de los pactos, expresó igualmente Kirchner en la misma ocasión al respaldar al ministro de Justicia, de quien dijo que "tiene todas las instrucciones para proceder a fondo", protegiendo así a un colaborador cuya energía se esteriliza a veces con la polémica innecesaria.
Tiene igualmente razón el Presidente cuando sostiene que existe una línea de connivencia entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el poder político, aludiéndose con este último no sólo al institucional, sino al partidario, cuya confusiones con los gobiernos de turno han dado la pauta de la crisis que afecta a la República desde el último lustro.
En ese punto se abre cauce el propósito presidencial de promover una profunda reforma política -analizada recientemente en este lugar-, iniciativa que, sumada a las expresiones críticas precedentes, permite observar un firme intento de poner fin a la dependencia gubernamental de los partidos de turno, más allá del compromiso democrático, asegurando la pluralidad del sistema representativo. Es urgente, por cierto, atender las demandas de la seguridad pública, pero esa enérgica gestión no puede permitir perder de vista que la connivencia denunciada por el doctor Kirchner debe tener fin. Un buen punto de partida sería que las severas imputaciones de responsabilidades atribuidas a correligionarios por la corrupción y la impunidad que asuelan al país -y que suelen ser tema del discurso oficial- fueran remitidas a los propios órganos de disciplina partidarios. Con ello, la autocrítica exigida por el mensaje daría su mejor testimonio a una ciudadanía preocupada por hacer de su esperanza un decisivo testimonio de confianza.