La pelea por el poder

Antonio Bussi ya no pelea por la intendencia de San Miguel de Tucumán, sino por su libertad, a partir de sus crecientes complicaciones en el plano judicial. Cuando Rodolfo Vargas Aignasse pidió que se reabriera la causa por la desaparición de su hermano Guillermo -senador peronista- en marzo de 1976, calculó que iba a producirse un efecto dominó sobre el jefe de Fuerza Republicana. Y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final ha vuelto ilusorio el acceso del ex gobernador al cargo que ganó en las elecciones del 29 de junio.
A causa de la prisión de Bussi, desde el 29 de octubre pasado, Carolina Vargas Aignasse pasó a ser la presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia. Desde ese momento, el peronismo se erigió en la cara visible del gobierno de una ciudad que le es hostil desde 1983. Simultáneamente, emergió el problema de la viabilidad financiera del municipio. Pagar los salarios y a la empresa 9 de Julio se convirtió en la primera prueba de fuego para la joven concejala. Raúl Topa y sus sucesores Antonio Alvarez y Marta de Ezcurra sufrieron cada mes.
Pero hay dos diferencias sustanciales con el pasado reciente: la Casa de Gobierno no quiere que la capital se incendie y sólo confía en sus hombres leales. Y Vargas Aignasse es peronista, como la administración que sucedió a Julio Miranda.
El gabinete que nombró -se le achaca poco peso específico- y la imposibilidad de conseguir dinero suficiente para atender los dos frentes dispararon las versiones de intervención. Por los corrillos políticos, circularon nombres de ex candidatos de signo peronista -Domingo Amaya y Germán Alfaro, los más conspicuos- y aun de extracciones ajenas al peronismo. El senador Pablo Walter negó que tuviera interés alguno en desempeñarse como delegado de José Alperovich en una municipalidad intervenida. Para él, la prioridad es trabajar políticamente al lado del economista Ricardo López Murphy. La ola de rumores compactó a los concejales y Carolina Vargas Aignasse se dedicó a transmitir la idea de reconstituir la cultura del trabajo y de la decencia administrativa.
En la oposición ven que están en el medio de una fuerte disputa interna del peronismo. Sin embargo, privilegian la defensa de la legalidad y acompañan a la presidenta del Concejo en su peregrinaje por los despachos oficiales. En las cercanías de esta señalan que la Casa de Gobierno pagaría un altísimo costo político si decidiera descabezar las autoridades electas por el voto popular. Caería una administración peronista, circunstancia que le fue advertida al vicejefe de Gabinete, Juan Carlos Pesoa.
En el ámbito del peronismo de la capital se le reprocha falta de audacia a la intendenta para enfrentar la situación, pero también se cree que el Poder Ejecutivo prepara el terreno para dinamitar totalmente el gobierno municipal.
Legisladores y ediles peronistas dialogaron ayer, en dos turnos. La sospecha de que los concejales gastan en jugosos contratos envenenó el ambiente más de una vez. Al final se acordó una entrevista con el propio Alperovich, en la que los ediles peronistas acercarán un plan de trabajo. Fuentes gubernamentales, no obstante, admitieron anoche que mantenían sus reservas políticas acerca del destino que daría el Concejo a más recursos. Esa perspectiva no predispone al Gobierno a ceder técnicos propios al gabinete municipal.
La concejala puso la resolución del problema en la esfera de Alperovich: intervención o llamado a nuevas elecciones, aunque esta parece poco probable por la fortaleza electoral que mostró el bussismo el 26 de octubre pasado. Del lado de la UCR, se impulsa que el Concejo Deliberante designe un intendente provisorio hasta que se resuelva definitivamente la situación procesal de Bussi. Vienen días de decisiones.