05 Noviembre 2003 Seguir en 
En una decisión sin precedentes, numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) han convocado a la ciudadanía para que sea parte de un cambio histórico, y para que promueva con su protagonismo la reforma política reiteradamente demandada sin éxito desde la restauración de la democracia. "Reforma política ya" es la consigna de esa convocatoria cuyos capítulos fundamentales comprenden el sistema electoral; el funcionamiento de los partidos; reducción del gasto político, y la transparencia de la gestión parlamentaria. En el ambicioso temario se incluyen cuestiones tan esenciales como poner fin a la lista sábana, dar transparencia a la presentación de candidaturas, la reafiliación obligatoria; el libre acceso a la información pública, y otros puntos numerosos no menos trascendentes. La convocatoria ha sido coincidente con una reunión en el Ministerio del Interior, donde el Gobierno federal se comprometió a trabajar de consuno con las ONG, fijando un número de temas en las próximas dos semanas, hasta concretar uno o varios proyectos que serán remitidos al Congreso. Si se consiguen concretar de común acuerdo esas iniciativas, no sería necesario que los promotores de la vasta reforma apelasen a la figura prevista en el artículo 39 de la Constitución nacional, por la cual el 3% de los ciudadanos empadronados puede exigir al Congreso el tratamiento de un proyecto propio.
El carácter integral de la reforma exigida y que aparenta contar con buena acogida en el Gobierno, impone necesariamente un largo período de elaboración y debate; pero si se trabaja inicialmente sin postergaciones innecesarias, el proceso reformador puede dar comienzo tras la renovación del 10 de diciembre próximo en el Poder Legislativo. Precisamente todo lo contrario de lo acontecido hasta la fecha, en ocasiones de intentos reformadores que, inclusive, tuvieron origen en el Poder Ejecutivo pero no alcanzaron el necesario tratamiento parlamentario. Se calcula en ese sentido que fueron promovidas no menos de un centenar de iniciativas de sucesivos gobiernos y legisladores sin apoyos suficientes pero que, aun teniendo en numerosos casos estado parlamentario, quedaron archivadas en el olvido. El caso más reciente de una reforma oficial sofocada a corto plazo por sus propios promotores, fue el de la apertura de las elecciones internas partidarias, por acuerdo del ex presidente Eduardo Duhalde con los gobernadores, pero dejada sin efecto a los dos meses en el propio partido oficialista. La circunstancia puede ser un modelo elocuente del estilo partidocrático con que la imprescindible reforma política de nuestro anacrónico sistema representativo fue manipulada en los claustros de las máximas dirigencias.
La reforma política, si alcanza a lo más trascendente del sistema representativo, no debe dejar a un costado la reafiliación en los partidos, cuyos viejos padrones no han sido actualizados desde la restauración democrática y fueron calificados de no confiables por el propio Eduardo Duhalde en la citada ocasión. Las internas abiertas son otra exigencia ineludible, por el hecho de que los partidos constituyen el cauce obligado para la nominación de candidaturas, y las mismas no deben limitarse a la elección de candidatos presidenciales, sino extenderse también a las de legisladores; por lo menos en los mayores distritos, donde las listas sábana imponen a los desconocidos de siempre. Estos y tantos otros aspectos imprescindibles deberán ser seguidos con atención a partir de esa inédita convocatoria, a la que la ciudadanía está obligada éticamente a responder con la misma energía con que defiende otros derechos violados por la insolvencia política. De poco sirve el clamor de la protesta si no va acompañado de actitudes concretas cuyo ejercicio está previsto, como en este caso, por la Constitución y las leyes.
El carácter integral de la reforma exigida y que aparenta contar con buena acogida en el Gobierno, impone necesariamente un largo período de elaboración y debate; pero si se trabaja inicialmente sin postergaciones innecesarias, el proceso reformador puede dar comienzo tras la renovación del 10 de diciembre próximo en el Poder Legislativo. Precisamente todo lo contrario de lo acontecido hasta la fecha, en ocasiones de intentos reformadores que, inclusive, tuvieron origen en el Poder Ejecutivo pero no alcanzaron el necesario tratamiento parlamentario. Se calcula en ese sentido que fueron promovidas no menos de un centenar de iniciativas de sucesivos gobiernos y legisladores sin apoyos suficientes pero que, aun teniendo en numerosos casos estado parlamentario, quedaron archivadas en el olvido. El caso más reciente de una reforma oficial sofocada a corto plazo por sus propios promotores, fue el de la apertura de las elecciones internas partidarias, por acuerdo del ex presidente Eduardo Duhalde con los gobernadores, pero dejada sin efecto a los dos meses en el propio partido oficialista. La circunstancia puede ser un modelo elocuente del estilo partidocrático con que la imprescindible reforma política de nuestro anacrónico sistema representativo fue manipulada en los claustros de las máximas dirigencias.
La reforma política, si alcanza a lo más trascendente del sistema representativo, no debe dejar a un costado la reafiliación en los partidos, cuyos viejos padrones no han sido actualizados desde la restauración democrática y fueron calificados de no confiables por el propio Eduardo Duhalde en la citada ocasión. Las internas abiertas son otra exigencia ineludible, por el hecho de que los partidos constituyen el cauce obligado para la nominación de candidaturas, y las mismas no deben limitarse a la elección de candidatos presidenciales, sino extenderse también a las de legisladores; por lo menos en los mayores distritos, donde las listas sábana imponen a los desconocidos de siempre. Estos y tantos otros aspectos imprescindibles deberán ser seguidos con atención a partir de esa inédita convocatoria, a la que la ciudadanía está obligada éticamente a responder con la misma energía con que defiende otros derechos violados por la insolvencia política. De poco sirve el clamor de la protesta si no va acompañado de actitudes concretas cuyo ejercicio está previsto, como en este caso, por la Constitución y las leyes.
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