Turismo estudiantil

Los viajes estudiantiles en ómnibus de larga distancia tienen varios problemas. Uno es el frecuente caso de que el vehículo no reúne los requisitos que los padres de alumnos tuvieron en mira al suscribir el convenio: esto puede referirse tanto a las características del coche como a la índole de sus comodidades y servicios internos.
En cuanto a los usuarios, de más está decir que deben prestar suma atención al contrato que firman, y exigir que sea respetado en su integridad y en el mismo momento en que el servicio se inicia, para evitar equívocos. Igualmente, no deben ser remisos en formalizar posteriormente todas las quejas y acciones de resarcimiento, en los casos en que corresponda, a fin de que quede clara la seriedad de la relación jurídica que se entabla entre empresa y viajeros.
No es el único problema. Entre las cláusulas del contrato que firman los padres de alumnos con las empresas existe, por cierto, un seguro para cubrir cualquier enfermedad o accidente que pudiera registrarse durante el viaje, si bien suelen excluirse las dolencias crónicas o preexistentes. Hace poco, una madre denunció que su hija diabética (condición que la empresa conocía porque obliga a llenar una ficha con antecedentes de salud) tuvo problemas durante el viaje y no fue debidamente asistida. Aunque el asunto parece haberse aclarado con las explicaciones de la empresa, se trata de un punto que debiera ser objeto de atención especial. Ya se sabe que, en cuestiones de enfermedad, más vale el exceso que la falta de precauciones.
Otra cuestión polémica a la que se refería nuestra edición de ayer atañe al lugar desde donde deben partir los viajes. Al parecer, se trata de algo que no está suficientemente claro: unos dicen que obligatoriamente se debe salir de la Estación Central, mientras que otros sostienen que pueden partir del punto desde donde lo deseen los clientes. Sobre este tema no parece existir una reglamentación precisa. Se dice que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte es la que tiene las atribuciones del caso (aunque no ha suscrito un convenio con la Provincia), pero también se afirma que lo que rige es simplemente una ordenanza municipal.
Parece obvio que esta cuestión debiera clarificarse de modo definitivo y establecer cuál es, fehacientemente, el organismo encargado de hacer cumplir lo que se resuelva, y se resuelvan las presentes vaguedades. De más está decir que la partida desde la terminal parece la más adecuada, tanto por razones de seguridad y de control, como por el hecho de ser un ámbito donde pueden efectuarse las denuncias por irregularidades o deficiencias del servicio, que no tendrían el mismo efecto planteadas en otro lugar.
Como lo expresa nuestra nota, el tema del turismo estudiantil no es algo menor, ya que anualmente se calcula que unos 8.500 jóvenes de Tucumán se mueven hacia diversos puntos del país. Una cantidad tan crecida conlleva, necesariamente, la conveniencia de que todo lo que a ella se refiera esté perfectamente previsto, para evitar sorpresas desagradables y malentendidos.
No se trata, por cierto, de elaborar reglamentaciones complicadas, sino de tener en claro los temas fundamentales atinentes a estos viajes, dejando establecido el marco dentro del cual deben desarrollarse. De ese modo, ganarán en tranquilidad los padres de los viajeros, y estos tendrán las suficientes garantías de que sus expectativas e inconvenientes habrán de ser debidamente atendidos por quienes los transportan. No es la primera vez que puntualizamos la necesidad de cerrar los vacíos legales existentes en torno del turismo estudiantil.