Prostitución infantil

En estos últimos días hizo comprensible impacto en la opinión pública el problema de la prostitución infantil en Tucumán. Como se sabe, todo empezó con la emisión de un programa de la televisión nacional, originado en la denuncia de la Fundación Adoptar. Luego de ello, y de acuerdo con instrucciones del Poder Ejecutivo, se obtuvo del Poder Judicial la autorización para allanar locales en El Bajo, con lo que se inició una investigación que todavía está en curso. Apuntemos que la pesquisa se complicó con la revelación de injustificadas dilaciones que habrían sufrido los pedidos de allanamientos de las fiscalías, efectuados tiempo atrás.
Más allá de estas cuestiones, lo que importa es que ha salido a la luz un problema cuya importancia social sería sobreabundante señalar. El problema consiste en el hecho de que, en nuestra ciudad, existan menores de edad que ejerzan ese comercio, en primer lugar. Y en segundo, que ese ejercicio no haya tenido, en las autoridades responsables de controlar y vigilar temas tan significativos, el eco que correspondía. Ello indica una gravísima falencia -una más- que es indispensable solucionar.
Es por todos conocido que el estado de crisis en que se debate nuestra provincia -como el país- desde hace tanto tiempo tiene mucho que ver con la proliferación de actividades como la que nos preocupa.
Tienen también indudable incidencia la despreocupación de los progenitores respecto de las actividades de sus hijos, que tanto hemos deplorado a propósito de otros temas, y las fallas educativas y formativas consiguientes. Y no puede olvidarse que todo esto se da en un cuadro general de absoluta libertad de los menores para disponer de su vida, dentro de una sociedad que no se inquieta por fijarles ciertos mínimos y razonables límites.
Pero eso no quiere decir que debamos despreocuparnos de lo que ocurre y mirar al costado. Justamente, esa mirada al costado es la que vienen practicando, lamentablemente, tanto la comunidad como el Estado. No es un secreto para nadie que hay menores de edad involucrados en la prostitución, y tampoco son secretos los lugares donde esto se desarrolla. No puede decirse, entonces, que sea comprensible la ignorancia de la Policía y de la Justicia a ese respecto.
Estamos, entonces, ante uno de esos problemas que no pueden pasarse por alto. De más está decir que hay aquí un flagrante quebrantamiento de lo que disponen las leyes y las convenciones internacionales respecto de los menores, a las que nuestro país está adherido y que con tanta frecuencia proclama respetar. Nuestra provincia, lamentablemente, en estos últimos años se ha convertido en "noticia" nacional e internacional a causa de sus costados más oscuros: hoy, mostramos a todos una imagen de dramática indiferencia frente a una lacerante cuestión. No podemos seguir por caminos de esa índole.
Corresponde que el poder público, representado por la Justicia y por la Policía, desarrolle la más profunda campaña para terminar con la prostitución de menores en Tucumán, llevando a cabo todos los procedimientos que sean necesarios en cualquier punto de la provincia, y deteniendo a los que están por detrás de semejante comercio.
Pero, para que esta imprescindible tarea sea realmente efectiva, es necesario que vaya mucho más allá de los operativos espectaculares, que son flores de un día, y después de los cuales las cosas vuelven a ser como antes. Debe otorgarse toda la prioridad que merece una cuestión como la que nos ocupa, de modo sostenido y constante. Ello, además, por cierto, de toda la tarea que deben realizar los distintos integrantes del cuerpo social y sus instituciones para modificar una realidad que no debe tener sitio entre nosotros.