15 Octubre 2013
Hoy volverán a encontrarse los representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía encargados de formular una propuesta para reformar el proceso penal de la provincia. La reunión pública, que comenzará a las 17 en la Legislatura, girará alrededor del fallido plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT): la comisión ha de decidir qué aspectos incorpora y qué aspectos descarta, y si su labor se ceñirá a revisar el proyecto elaborado con asistencia técnica del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) o irá más lejos. Por ejemplo, mediante la incorporación del instituto del juicio por jurados, mecanismo de juzgamiento en vigor en Córdoba y, desde este año, también en la provincia de Buenos Aires.
La necesidad de acordar tales definiciones quedó planteada durante la última cita del 9 de septiembre. En aquella oportunidad, los miembros del comité escucharon e interrogaron a Alberto Binder y Gonzalo Rúa, dos expertos del Inecip involucrados con el plan piloto que debía debutar en abril en los Tribunales de Concepción (después iba a ser aplicado a los de Monteros). El proyecto fue postergado y luego cancelado como consecuencia de los planteos judiciales que objetaron la pretensión de la Corte de modificar leyes por medio de acordadas. Por la misma razón, la Legislatura le dio la espalda. Finalmente, el Poder Legislativo creó la comisión especial integrada por legisladores, jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo, y letrados de la capital y del sur (los parlamentarios oficialistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer se desempeñan como sus respectivos presidente y secretario).
"Sistema obsoleto"
En resumen, el procesalista Binder dijo al comité que urge actualizar el modelo de investigación puesto que este es obsoleto frente al delito complejo; que está probado que el esquema actual de división de fiscalías no funciona; que hay que buscar soluciones en alianza con las víctimas de los hechos ilícitos, y que resulta indispensable aplicar remedios alternativos al juicio oral (como la conciliación) y el principio de oportunidad de la acción penal (autoriza a investigar sólo aquellos delitos considerados estratégicos para la política criminal).
Rúa, por su parte, presentó una reorganización de la magistratura, las fiscalías y las defensorías públicas del fuero penal de Concepción y Monteros, cuyos pilares son: 1) la resolución de los conflictos de la instrucción en audiencias orales y públicas; 2) la sustitución del expediente (fuente de nulidades) por un legajo "desformalizado"; 3) la habilitación de salidas rápidas y tempranas para conflictos sencillos, y 4) la investigación especializada.
La necesidad de acordar tales definiciones quedó planteada durante la última cita del 9 de septiembre. En aquella oportunidad, los miembros del comité escucharon e interrogaron a Alberto Binder y Gonzalo Rúa, dos expertos del Inecip involucrados con el plan piloto que debía debutar en abril en los Tribunales de Concepción (después iba a ser aplicado a los de Monteros). El proyecto fue postergado y luego cancelado como consecuencia de los planteos judiciales que objetaron la pretensión de la Corte de modificar leyes por medio de acordadas. Por la misma razón, la Legislatura le dio la espalda. Finalmente, el Poder Legislativo creó la comisión especial integrada por legisladores, jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo, y letrados de la capital y del sur (los parlamentarios oficialistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer se desempeñan como sus respectivos presidente y secretario).
"Sistema obsoleto"
En resumen, el procesalista Binder dijo al comité que urge actualizar el modelo de investigación puesto que este es obsoleto frente al delito complejo; que está probado que el esquema actual de división de fiscalías no funciona; que hay que buscar soluciones en alianza con las víctimas de los hechos ilícitos, y que resulta indispensable aplicar remedios alternativos al juicio oral (como la conciliación) y el principio de oportunidad de la acción penal (autoriza a investigar sólo aquellos delitos considerados estratégicos para la política criminal).
Rúa, por su parte, presentó una reorganización de la magistratura, las fiscalías y las defensorías públicas del fuero penal de Concepción y Monteros, cuyos pilares son: 1) la resolución de los conflictos de la instrucción en audiencias orales y públicas; 2) la sustitución del expediente (fuente de nulidades) por un legajo "desformalizado"; 3) la habilitación de salidas rápidas y tempranas para conflictos sencillos, y 4) la investigación especializada.
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