El primer día de trabajo de las nuevas autoridades de seguridad fue intenso en todos los aspectos. No sólo se produjeron cambios que generaron un clima por lo menos enrarecido en la fuerza policial, sino que la modorra provinciana -adormecida por la saga de las investigaciones de las 4x4, el caso Mansilla y el caso Verón- se sacudió con la explosiva denuncia sobre la prostitución infantil en Tucumán. La reacción fue inmediata: la fuerza salió a allanar prostíbulos y se confirmó que había en ellos menores de edad, detalle que ya había sido denunciado en agosto, cuando se produjo el crimen del cabaret, sin que entonces ni la Justicia ni la Policía movieran un dedo.
El episodio le vino bien al ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, para justificar los cambios y tener fuerzas para soportar las iras de los policías que fueron pasados a retiro o trasladados a otras áreas con menos poder. El secretario de seguridad Ciudadana, Osvaldo Nieva, y el jefe de Policía, Pedro Ledesma, estuvieron tres horas el jueves soportando las iras de los desplazados. Pero la demostración de que la Policía (y la Justicia) no habían actuado en causas por prostitución en los últimos meses, más el escándalo por la supuesta entrega de los equinos de la Caballería a un ex ministro, a un fiscal y a algún comisario, ayudaron a que el cambio se concretara.
En el plano externo, se intentó mostrar que se dará vuelta la fuerza de raíz, e incluso se dio la suave impresión de que se luchará contra la corrupción. Cuando tuvo que definir al comisario Ledesma, Baillo destacó que es, sobre todo, "sencillo y honesto", y añadió que la tarea del comisario será profesional, no dependiente del poder político.
En el plano interno, fue un sacudón más de una serie larga que comenzó cuando asumió Manuel Pedernera como el último ministro de Gobierno de Julio Miranda. Desde entonces se producían feroces cambios en la Policía, en los que sobresalió la faz represiva por encima de la preventiva: se desmanteló la sección Control Urbano (de tareas preventivas) y se dio a la Brigada de Investigaciones una dimensión que nunca había tenido, con 200 hombres.
Sobre esto trabajaron Baillo y su equipo. Sacaron a los jefes de Investigaciones y le quitaron hombres, y reforzaron la Regional Capital, la cual deberá ahora hacer operativos de prevención en toda la ciudad.
Ahora bien, ¿el problema de seguridad es operativo y de organización, que sólo atañe a la Policía, o responde a los patrones culturales de la sociedad? ¿Se podrá evitar la tentación de los hombres de seguridad de salir a hacer operativos de fin de semana para "recaudar"? ¿Se podrá cambiar la Policía mientras gente fuerte del Gobierno -como el vicegobernador Fernando Juri- tiene vínculos que no niega con personas como los Ale, que en algún momento chocarán con la política de seguridad de Baillo y de Nieva?
En principio, la tarea parece titánica. La Policía tiene formas de encarar su tarea que se mantienen casi inalterables desde hace décadas. Trabaja más cómoda con la autoritaria ley de Contravenciones que con el Código Procesal, y hacer prevención le costará sangre, sudor y lágrimas.
Pero además, si esto funciona, en el primer tiempo implicará bajar la faz represiva; eso podría significar un aumento del clima de inseguridad, y las autoridades podrían tentarse con volver a los operativos de "reventar ranchos" para calmar la ansiedad pública. Además, contra el proyecto conspira el hecho de que la Policía tiene poco personal; poner gente a trabajar en prevención implicará sacarla de las otras tareas, con lo cual sigue vigente la metáfora del ex jefe de la comisaría de Yerba Buena, René Sueldo. Hace unos años, para referirse a los recursos para brindar seguridad, dijo: "la colcha es corta, y cuando nos tapamos la cara, nos destapamos los pies".
