Peligrosa confusión del poder central

Después de un contradictorio y vacilante análisis de la respuesta que debiera dársele al virtual secuestro del ministro de Trabajo de la Nación, funcionarios y empleados de esa cartera, por parte de organizaciones de piqueteros, demandantes de subsidios y otras concesiones, el Gobierno central desistió de crear un cuerpo especial de carácter disuasivo para esos actos irregulares. El anuncio sobre dicha unidad policial fue formulado por el jefe del Gabinete, mas posteriormente fue desautorizado por el secretario de Seguridad, a la vez que el presidente Kirchner confirmaba esa desautorización, afirmando que el Gobierno no habría de criminalizar la protesta social. Ese desistimiento no fue óbice para que el ministro Carlos Tomada, impedido de abandonar su despacho por el cerco de los accesos a la sede oficial, denunciase el hecho ante la Justicia Federal. Al poner en marcha la instancia judicial con tan graves presunciones de orden penal, todos los funcionarios implicados en la circunstancia, incluido el Presidente, han dejado la sensación de que en el Gobierno no existe un concepto claro sobre el peligroso debate planteado desde hace tiempo en el país, acerca de la preservación de los derechos de terceros, ante demandas sociales legítimas, pero ejercidas abusivamente.
Tampoco algunos de esos funcionarios parecen conocer que, tanto la Policía Federal como la Gendarmería, intervinientes en esos hechos, cuentan desde hace tiempo con instrucciones y efectivos disuasivos sin empleo de armas, para cumplir con tales funciones. Esas unidades, por cierto, son observadas frecuentemente en actitudes pasivas durante cortes de rutas y en zonas urbanas, al igual que ocurrió en la oportunidad que ahora es motivo de conflicto judicial, pues el criterio oficial es de tolerancia, si bien con límites ambiguos que finalmente han hecho crisis. Es decir, ha demostrado que la confusión reinante en el país desde hace tiempo entre autoridad y represión alcanza ahora a quienes tienen la responsabilidad institucional de mantener el orden indispensable para la preservación de los intereses de una sociedad democrática. Debe refirmarse que la autoridad es una condición inmanente del poder legítimamente constituido, mientras que la represión lo es del derecho penal y está determinada por la ley. Resulta, pues, del todo improcedente que el propio jefe del Gabinete, al afirmar que quedó sin efecto la unidad policial disuasiva, -anticipada por él mismo- haya señalado: "ya sabemos cómo termina la represión". No es legítimo poner en duda que en el país existen sobradas razones para el descontento social, como asimismo que las reacciones de los sectores más castigados están justificadas solo hasta el límite tras el cual el daño provocado por la protesta puede afectar irreparablemente los intereses generales. Es decir, el orden social, cuya seguridad, una vez quebrada, no es posible recuperar sin un costo mayor, como repetidamente nos lo ha probado nuestra historia y demuestra con insistencia la realidad mundial. No es menos cierto igualmente que las dirigencias políticas y de otros niveles de poder público y privado, están fuertemente afectadas de descrédito por su incapacidad de autorrenovación, lo cual las desacredita, por añadidura, éticamente. Ambas circunstancias conforman un desbalance entre la sociedad y sus gestores imposible de superar fuera del marco institucional y jurídico. Restablecer el principio de autoridad es condición ineludible, mas sin dejar de tener presente que los poderes públicos se legitiman y fortalecen cuando actúan al servicio de toda la sociedad y no de parcialidades o compromisos. Esa condición de la política ha sido seguramente la más olvidada a la hora de resolver el grave episodio donde se puso sitio al propio Gobierno nacional.