Institucionalizar la dádiva

Nada alentador para el desarrollo económico. A esta conclusión se llega no sólo al conocerse el porcentaje de incremento de los denominados gastos sociales de la Legislatura; sino, sobre todo, al considerar los argumentos que los justifican. En efecto, la línea argumentativa esbozada por algunos legisladores al periodismo gira en torno a dos aspectos: la situación económica imperante; y que repartir dinero equivale a trabajo social, lo que a su vez trae como consecuencia positiva perdurar en un cargo público. En este caso, como legislador, ¿es este enfoque adecuado desde el punto de vista económico? En primer lugar, se deduce por las declaraciones formuladas que el cuadro social tiene complicaciones, pese a la importante batería de planes vigentes. Ello entonces estaría justificando los aportes dinerarios directos que realizan los legisladores. En segundo lugar, no queda claro el criterio para asignar los recursos a las personas, ni cómo se rinden. ¿Es función de la Legislatura o de los legisladores la ayuda social, entendida, en este caso, como reparto de dinero? No. Al menos leyendo la Constitución provincial, que en ningún punto establece esa función al cuerpo legislativo. Es verdad que tampoco impide que un legislador decida donar la totalidad de sus ingresos. Como cualquier persona, puede disponer como le parezca de sus recursos. La gran diferencia es que el Poder Legislativo destine recursos públicos para uso discrecional. Simplemente porque se trata de recursos de la sociedad, generados con impuestos, deuda o emisión de dinero. Por lo tanto, la pregunta es: ¿con qué criterio se deberían asignar los recursos? Es decir, el problema de fondo no pasa por cuántos pesos se destinan ni por la magnitud de los importes, sino con el criterio que se utilizan. Un peso, o lo que fuera, es un recurso público. Es decir, es generado por el esfuerzo productivo de la sociedad. Por lo tanto, su destino no sólo debe ser transparente, sino asignado de manera tal que mejore la rentabilidad social. Es decir, donde mayores ganancias para el conjunto de la sociedad produzcan.

Ser legislador implica mejorar la calidad del tramado institucional y legal en pos del bienestar general, no particular. En otras palabras, la mejor forma de ayudar a la sociedad pasa por construir un marco legal que impulse el desarrollo. No pasa por institucionalizar la dádiva.