30 Marzo 2012
ANUNCIOS. Los ministros Montoro y Soria, y la vicepresidenta Santamaría explican los alcances del ajuste. REUTERS
MADRID, España.- El gobierno de Mariano Rajoy dio hoy "luz verde" a los presupuestos generales del Estado español para 2012, los más austeros en décadas, que contienen ajustes por 27.300 millones de euros con el fin de alcanzar los objetivos de déficit público fijados por la Unión Europea (UE).
"Estamos ante una situación crítica a la que tenemos que responder con los presupuestos más austeros de nuestra democracia", afirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Apenas un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral que abarata el despido, el consejo de ministros aprobó un presupuesto que contempla un recorte promedio en los gastos de los ministerios del 16,9% y aumentos en los impuestos para las empresas.
Los presupuestos, mantenidos en secreto hasta hoy, serán presentados el martes ante el Congreso de los Diputados. Así, el gobierno del conservador Partido Popular (PP) espera cumplir la meta de déficit público del 5,3% del producto interno bruto (PIB) acordada con Bruselas, después de que el año pasado ascendió al 8,51%, frente al 6,0 previsto inicialmente.
No subirá el impuesto sobre el valor añadido (IVA) con el fin, según Montoro, de no afectar el consumo. No obstante, el gobierno prevé ingresar 12.314 millones de euros adicionales con cambios en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y en el impuesto especial sobre el tabaco.
Al mismo tiempo, el consejo de ministros aprobó una amnistía fiscal con el fin de regularizar rentas no declaradas tanto de dentro como de fuera de España, a las cuales se les aplicará un gravamen especial de apenas el 10%.
En la misma conferencia de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría indicó que se congelarán los salarios de los funcionarios, que ya habían sido rebajados por el anterior gobierno socialista. Sin embargo, se mantendrá la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, y no habrá recortes ni en el subsidio de desempleo ni en las becas de estudios.
Al margen de ello se recortarán en 1.500 millones de euros los gastos en políticas activas de empleo, mientras que el presupuesto en cooperación y ayuda al desarrollo disminuirá en al menos 1.389 millones. Mientras, el gobierno anunció también incrementos en la factura de la luz y del gas del 7% y 5% respectivamente.
Sáenz de Santamaría subrayó que el país atraviesa una "situación límite" en lo referente a las cuentas públicas y el desempleo, pero aseguró que el saneamiento de las arcas estatales no se llevará a cabo "a cualquier precio", en referencia al mantenimiento del gasto en campos como el subsidio de desempleo, ante el alto número de personas sin trabajo en el país, que superan los 5,3 millones.
La vicepresidenta indicó además que, junto a las medidas de consolidación fiscal, se seguirá adelante con las reformas estructurales con el fin de impulsar la economía y crear empleo. Entre estas, citó la reordenación del sector financiero y del mercado laboral, además de un mejor funcionamiento de las administraciones públicas, la ley de transparencia y reformas en el sistema judicial.
Antes de la presentación de los presupuestos, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró desde la reunión informal del Eurogrupo en Copenhague que estos servirán "para convencer" a los socios comunitarios, y consideró que "España va a dejar de ser un problema especialmente para los españoles y también para la Unión Europea".
"El presupuesto va a poner de manifiesto el compromiso del gobierno español con los objetivos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal", añadió. (DPA-Télam)
"Estamos ante una situación crítica a la que tenemos que responder con los presupuestos más austeros de nuestra democracia", afirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Apenas un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral que abarata el despido, el consejo de ministros aprobó un presupuesto que contempla un recorte promedio en los gastos de los ministerios del 16,9% y aumentos en los impuestos para las empresas.
Los presupuestos, mantenidos en secreto hasta hoy, serán presentados el martes ante el Congreso de los Diputados. Así, el gobierno del conservador Partido Popular (PP) espera cumplir la meta de déficit público del 5,3% del producto interno bruto (PIB) acordada con Bruselas, después de que el año pasado ascendió al 8,51%, frente al 6,0 previsto inicialmente.
No subirá el impuesto sobre el valor añadido (IVA) con el fin, según Montoro, de no afectar el consumo. No obstante, el gobierno prevé ingresar 12.314 millones de euros adicionales con cambios en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y en el impuesto especial sobre el tabaco.
Al mismo tiempo, el consejo de ministros aprobó una amnistía fiscal con el fin de regularizar rentas no declaradas tanto de dentro como de fuera de España, a las cuales se les aplicará un gravamen especial de apenas el 10%.
En la misma conferencia de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría indicó que se congelarán los salarios de los funcionarios, que ya habían sido rebajados por el anterior gobierno socialista. Sin embargo, se mantendrá la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, y no habrá recortes ni en el subsidio de desempleo ni en las becas de estudios.
Al margen de ello se recortarán en 1.500 millones de euros los gastos en políticas activas de empleo, mientras que el presupuesto en cooperación y ayuda al desarrollo disminuirá en al menos 1.389 millones. Mientras, el gobierno anunció también incrementos en la factura de la luz y del gas del 7% y 5% respectivamente.
Sáenz de Santamaría subrayó que el país atraviesa una "situación límite" en lo referente a las cuentas públicas y el desempleo, pero aseguró que el saneamiento de las arcas estatales no se llevará a cabo "a cualquier precio", en referencia al mantenimiento del gasto en campos como el subsidio de desempleo, ante el alto número de personas sin trabajo en el país, que superan los 5,3 millones.
La vicepresidenta indicó además que, junto a las medidas de consolidación fiscal, se seguirá adelante con las reformas estructurales con el fin de impulsar la economía y crear empleo. Entre estas, citó la reordenación del sector financiero y del mercado laboral, además de un mejor funcionamiento de las administraciones públicas, la ley de transparencia y reformas en el sistema judicial.
Antes de la presentación de los presupuestos, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró desde la reunión informal del Eurogrupo en Copenhague que estos servirán "para convencer" a los socios comunitarios, y consideró que "España va a dejar de ser un problema especialmente para los españoles y también para la Unión Europea".
"El presupuesto va a poner de manifiesto el compromiso del gobierno español con los objetivos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal", añadió. (DPA-Télam)
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