24 Noviembre 2011
ARCHIVO LA GACETA
El 30 de octubre de 2006, la Cámara Civil de la Nación confirmó un fallo a favor del escritor y periodista tucumano Tomás Eloy Martínez en una causa por injurias que le había entablado el ex gobernador Antonio Bussi, llamado en un artículo periodístico "tiranuelo de Tucumán". La Sala C de la Cámara ratificó un fallo de primera instancia del juez Daniel Alioto, quien había rechazado la demanda por $ 100.000 del general retirado.
En mayo de 2004, Bussi había iniciado la demanda a raíz de un artículo publicado por el periodista en el diario "La Nación", en el que contaba un episodio de la última dictadura militar: la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca en 1977, cuando el militar era gobernador.
Martínez calificó a Bussi en aquel artículo como "maniático de la limpieza", "feroz exterminador de disidentes", "tiranuelo de Tucumán", y especulaba con que "debía sentir envidia del poder de Dios, en sus exterminios de mendigos o de locos de 1977". La nota en cuestión sostenía que Bussi "impartió aquel invierno de 1977 la orden de recoger a todos los mendigos de Tucumán en un camión militar y arrojarlos en los descampados de Catamarca", en el contexto de una visita del entonces dictador Jorge Rafael Videla.
La Cámara Civil, al confirmar el rechazo de la demanda, consideró que lo de Martínez fue "la expresión literaria más que periodística pura, la historia novelada o lo que comúnmente denominamos el género de la novela histórica y contiene los componentes y las licencias propias de tal modo de expresión".
Los jueces reivindicaron la libertad de prensa y la doctrina Campillay que en ese sentido emana de la Corte Suprema. Bussi había rechazado la responsabilidad por los hechos que Martínez narró en su artículo, e indicó que "en cuanto tomó conocimiento de los hechos ordenó la restitución de los mendigos en el avión personal del gobernador, instó la investigación de los responsables del hecho y destituyó y sancionó al jefe de la Policía Provincial".
Pero los camaristas replicaron: "resulta llamativo que en su calidad de interventor gobernador y a cargo dela V Brigada de Infantería del Ejército y dependiendo de él la Jefatura Central de Policía que el actor hubiera podido ignorar el suceso que tanto censuró y respecto de cuyos autores directos o indirectos indicó aplicaría las más severas sanciones".
En mayo de 2004, Bussi había iniciado la demanda a raíz de un artículo publicado por el periodista en el diario "La Nación", en el que contaba un episodio de la última dictadura militar: la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca en 1977, cuando el militar era gobernador.
Martínez calificó a Bussi en aquel artículo como "maniático de la limpieza", "feroz exterminador de disidentes", "tiranuelo de Tucumán", y especulaba con que "debía sentir envidia del poder de Dios, en sus exterminios de mendigos o de locos de 1977". La nota en cuestión sostenía que Bussi "impartió aquel invierno de 1977 la orden de recoger a todos los mendigos de Tucumán en un camión militar y arrojarlos en los descampados de Catamarca", en el contexto de una visita del entonces dictador Jorge Rafael Videla.
La Cámara Civil, al confirmar el rechazo de la demanda, consideró que lo de Martínez fue "la expresión literaria más que periodística pura, la historia novelada o lo que comúnmente denominamos el género de la novela histórica y contiene los componentes y las licencias propias de tal modo de expresión".
Los jueces reivindicaron la libertad de prensa y la doctrina Campillay que en ese sentido emana de la Corte Suprema. Bussi había rechazado la responsabilidad por los hechos que Martínez narró en su artículo, e indicó que "en cuanto tomó conocimiento de los hechos ordenó la restitución de los mendigos en el avión personal del gobernador, instó la investigación de los responsables del hecho y destituyó y sancionó al jefe de la Policía Provincial".
Pero los camaristas replicaron: "resulta llamativo que en su calidad de interventor gobernador y a cargo dela V Brigada de Infantería del Ejército y dependiendo de él la Jefatura Central de Policía que el actor hubiera podido ignorar el suceso que tanto censuró y respecto de cuyos autores directos o indirectos indicó aplicaría las más severas sanciones".
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