03 Octubre 2011 Seguir en 
SANTIAGO DE CHILE, Chile.- Quienes participen de tomas de establecimientos educacionales como colegios, liceos o universidades, podrán ser condenados hasta con tres años de cárcel, si prospera una reforma al Código Penal que propone el gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera.
La modificación, que deberá ser aprobada por el Parlamento, endurece las penas a quienes agredan a Carabineros en manifestaciones públicas y establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", entre ellos colegios y liceos. También fueron incluidos viviendas y recintos comerciales, industriales y religiosos.
El proyecto de ley, firmado ayer por Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se adopta en medio de un prolongado conflicto que el gobierno chileno mantiene con los estudiantes secundarios y universitarios, y que ha llevado la popularidad del jefe de Estado a 22%, el nivel más bajo en lo que va del mandato.
Voces en contra
La titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la iniciativa como "impactante y compleja", y el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, dijo que "criminaliza el movimiento".
"El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a los actos criminales", enfatizó Piñera al presentar el proyecto.
En la redacción de la iniciativa colaboraron los abogados Miguel Otero, Juan Domingo Acosta y el senador Alberto Espina (RN), quien fue instruido para seguir la iniciativa. A juicio del Parlamentario, la norma es "similar" a una propuesta de la comisión de expertos, creada por el gobierno de Michelle Bachelet, que recomendó cambios en el Código Penal.
"Va a haber normas que sabemos que van a generar polémica, pero apuntan a distinguir el derecho a manifestarse de las alteraciones graves con violencia", dijo el senador. (Télam)
La modificación, que deberá ser aprobada por el Parlamento, endurece las penas a quienes agredan a Carabineros en manifestaciones públicas y establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", entre ellos colegios y liceos. También fueron incluidos viviendas y recintos comerciales, industriales y religiosos.
El proyecto de ley, firmado ayer por Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se adopta en medio de un prolongado conflicto que el gobierno chileno mantiene con los estudiantes secundarios y universitarios, y que ha llevado la popularidad del jefe de Estado a 22%, el nivel más bajo en lo que va del mandato.
Voces en contra
La titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la iniciativa como "impactante y compleja", y el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, dijo que "criminaliza el movimiento".
"El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a los actos criminales", enfatizó Piñera al presentar el proyecto.
En la redacción de la iniciativa colaboraron los abogados Miguel Otero, Juan Domingo Acosta y el senador Alberto Espina (RN), quien fue instruido para seguir la iniciativa. A juicio del Parlamentario, la norma es "similar" a una propuesta de la comisión de expertos, creada por el gobierno de Michelle Bachelet, que recomendó cambios en el Código Penal.
"Va a haber normas que sabemos que van a generar polémica, pero apuntan a distinguir el derecho a manifestarse de las alteraciones graves con violencia", dijo el senador. (Télam)
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