Dejó el uniforme de la Policía para ponerse el traje de político

A priori se presentan como funciones disímiles. Sin embargo, él asegura que persiguen el mismo fin: un servicio a la comunidad. Demetrio Antonio Marcial dejó de portar armas, al menos momentáneamente, para cargar en sus manos panfletos y afiches de campaña. Y en lugar de patrullar las calles, camina los barrios para convencer a los votantes: el subcomisario de la Policía provincial aspira a convertirse en el nuevo comisionado rural de Santa Lucía.

"Soy nativo de un pueblo al que veo hundirse de a poquito. Por mi función conozco distintos lugares de la provincia, y puedo decir que mientras en otros lugares hubo progreso, en Santa Lucía no". "Piri", como lo conocen en la Unidad Especial de Infanteria de la Unidad Regional Oeste (Famaillá), dejó de lado el uniforme y se puso el overol de campaña. Habla como candidato y actúa como tal, pese a sus 23 años de servicio en la fuerza provincial de seguridad.

Aunque su historia suene particular, Marcial toma como algo natural haberse volcado a la política a los 46 años. Aseguró haber estado afiliado al Partido Justicialista pero que, para competir con el actual comisionado rural, Oscar Ramón Gramajo, y otros ocho candidatos más, se postula por el partido Acción Regional (agrupación que presenta varios acoples alperovichistas a lo largo de municipios y comunas).

Marcial también se preocupa por aclarar que, durante el tiempo que demande la campaña proselitista, permanecerá de licencia en el cargo policial. En rigor, aunque en la legislación nacional hay ciertas inhabilitaciones para los integrantes de las fuerzas de seguridad a la hora de sufragar y de postularse a un cargo electivo, la normativa provincial en mucho más laxa. La ley 7.876 (electoral) no establece mayores inhabilitaciones que las previstas en la ley de Partidos Políticos (5.454). Este texto, incluso, deriva las consultas en la Ley de Comunas Rurales. Esta norma, en su artículo sexto, establece que no podrán ser elegidos comisionados rurales los incapacitados legalmente; los miembros, empleados y funcionarios del Estado nacional, provincial o municipal, mientras permanezcan en sus cargos; y las personas que por sí o como agentes, socios, representantes o empleados de empresas, estuvieren interesados en contrataciones, concesiones y licitaciones; directa o indirectamente.

La primera prohibición (la de ocupar otro cargo en el Estado) es la que comprendería el caso de Marcial. En esa situación, la misma ley le otorga la posibilidad de gestionar la correspondiente licencia, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo nueve de la Contitución provincial. Es decir, los únicos que pueden acumular dos o más cargos estatales son los docentes. "La simple aceptación de un segundo puesto deja vacante el primero, cuando este es provincial o municipal; si fuera nacional, el segundo nombramiento es nulo", especifica el texto de la Carta Magna.

De hecho, el secretario de la Junta Electoral Provincial, Darío Almaraz, ratificó que la postulación del policía es válida legalmente. "Sólo está prohibido para ejercer el cargo mientras no pida licencia. Para ser candidato, no tiene ningún impedimento", precisó el funcionario.

Marcial es consciente de que su postulación generó revuelo en la fuerza de seguridad. No obstante, dijo que sus compañeros lo entienden. "Me apoyan. Muchas veces patrullamos y yo les muestro lo que es mi pueblo. Es hora de ayudar a cambiar", insiste el subcomisario, ya despojado del discurso rígido que impone el uniforme por otro más previsible: el de campaña.