10 Junio 2011 Seguir en 
VALENCIA/MADRID.- Por primera vez, las fuerzas de seguridad del Gobierno central de España cargaron ayer contra integrantes del movimiento de los indignados. Los hechos se produjeron en la cercanía del Parlamento regional de Valencia, en el Palacio de Benicarló, en un enfrentamiento que dejó una veintena de heridos y cinco detenidos.
Acompañados por pancartas donde se leía "Fuera corruptos de las instituciones", un grupo de indignados pasó la noche junto a las Cortes Valencianas, pocas horas antes de que los parlamentarios juraran sus cargos, tras las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo.
Unos 300 manifestantes gritaron consignas en contra de los políticos que participaban de la ceremonia. Los disturbios empezaron cuando una mujer se negó a moverse del sitio, y la Policía Nacional forcejeó para detenerla, junto a quienes que acudieron a apoyarla. Según testigos, algunos manifestantes fueron golpeados y arrastrados por los agentes y sufrieron heridas sangrantes.
"Hay ocho policías heridos y cinco detenidos", afirmó una portavoz de la delegación del Gobierno en Valencia. Los arrestados fueron acusados por desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, por presuntamente tirar "botellas llenas, y hasta unas tijeras" a los efectivos, a los que también propinaron "patadas y puñetazos", se explicó desde la Jefatura Superior de Policía de Valencia. "A uno de los policías le arrebataron su radio, aunque luego se ha recuperado", agregó.
El diputado regional de la coalición Compromìs, Juan Ponce, sedenunció en Radio Nacional de España: "ha habido un par de personas gravemente heridas, que estaban en el suelo con sangre y desmayadas".
Desde el inicio de las acampadas en las distintas plazas de España, nunca antes la Policía Nacional cargó contra los movilizados. Hasta ahora, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero había tolerado las protestas. Los incidentes del 27 de mayo en la céntrica Plaza de Catalunya, de Barcelona, fueron protagonizados por policías autonómicas catalanes, dependientes de la administración regional (en manos opositoras) y no de la central.
Sin carpas
El movimiento irrumpió el 15 de mayo, en medio de la campaña electoral española, exigiendo un cambio del modelo político, económico y social del país. Los indignados han decidido ya levantar sus campamentos en algunas ciudades y localidades, como ocurrirá el próximo domingo en la Puerta del Sol de Madrid, convertida en el mayor símbolo de las protestas.
Los comerciantes que tienen negocios cerca de esa plaza, reclamaron ayer una indemnización de 30 millones de euros por las pérdidas que aseguran estar teniendo a causa de la protesta.
"Padecemos desde hace 24 días las consecuencias negativas y de imagen producidas por la acampada ilegal", indicaron en una carta dirigida al ministro del Interior de Rodríguez Zapatero y candidato socialista a reemplazarlo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La Confederación de Comercio Especializado de Madrid acusó al Poder Ejecutivo de "no haber cumplido con sus deberes", ya que no desalojó a los rebeldes. La entidad aseguró que en el lugar hay "personajes marginales de toda índole, especialistas en la lucha contra el sistema y la generación de inseguridad e insalubridad". Según el sector, se han perdido 1.500 contratos de trabajo temporales.
En la noche del miércoles, más de 1.000 personas se manifestaron ante el Congreso de los Diputados, situado cerca de la Puerta del Sol, sin que se produjeran incidentes. Para evitar nuevas concentraciones, la Policía Nacional aumentó la custodia del edificio. (Especial-DPA-AFP)
Acompañados por pancartas donde se leía "Fuera corruptos de las instituciones", un grupo de indignados pasó la noche junto a las Cortes Valencianas, pocas horas antes de que los parlamentarios juraran sus cargos, tras las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo.
Unos 300 manifestantes gritaron consignas en contra de los políticos que participaban de la ceremonia. Los disturbios empezaron cuando una mujer se negó a moverse del sitio, y la Policía Nacional forcejeó para detenerla, junto a quienes que acudieron a apoyarla. Según testigos, algunos manifestantes fueron golpeados y arrastrados por los agentes y sufrieron heridas sangrantes.
"Hay ocho policías heridos y cinco detenidos", afirmó una portavoz de la delegación del Gobierno en Valencia. Los arrestados fueron acusados por desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, por presuntamente tirar "botellas llenas, y hasta unas tijeras" a los efectivos, a los que también propinaron "patadas y puñetazos", se explicó desde la Jefatura Superior de Policía de Valencia. "A uno de los policías le arrebataron su radio, aunque luego se ha recuperado", agregó.
El diputado regional de la coalición Compromìs, Juan Ponce, sedenunció en Radio Nacional de España: "ha habido un par de personas gravemente heridas, que estaban en el suelo con sangre y desmayadas".
Desde el inicio de las acampadas en las distintas plazas de España, nunca antes la Policía Nacional cargó contra los movilizados. Hasta ahora, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero había tolerado las protestas. Los incidentes del 27 de mayo en la céntrica Plaza de Catalunya, de Barcelona, fueron protagonizados por policías autonómicas catalanes, dependientes de la administración regional (en manos opositoras) y no de la central.
Sin carpas
El movimiento irrumpió el 15 de mayo, en medio de la campaña electoral española, exigiendo un cambio del modelo político, económico y social del país. Los indignados han decidido ya levantar sus campamentos en algunas ciudades y localidades, como ocurrirá el próximo domingo en la Puerta del Sol de Madrid, convertida en el mayor símbolo de las protestas.
Los comerciantes que tienen negocios cerca de esa plaza, reclamaron ayer una indemnización de 30 millones de euros por las pérdidas que aseguran estar teniendo a causa de la protesta.
"Padecemos desde hace 24 días las consecuencias negativas y de imagen producidas por la acampada ilegal", indicaron en una carta dirigida al ministro del Interior de Rodríguez Zapatero y candidato socialista a reemplazarlo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La Confederación de Comercio Especializado de Madrid acusó al Poder Ejecutivo de "no haber cumplido con sus deberes", ya que no desalojó a los rebeldes. La entidad aseguró que en el lugar hay "personajes marginales de toda índole, especialistas en la lucha contra el sistema y la generación de inseguridad e insalubridad". Según el sector, se han perdido 1.500 contratos de trabajo temporales.
En la noche del miércoles, más de 1.000 personas se manifestaron ante el Congreso de los Diputados, situado cerca de la Puerta del Sol, sin que se produjeran incidentes. Para evitar nuevas concentraciones, la Policía Nacional aumentó la custodia del edificio. (Especial-DPA-AFP)
Lo más popular
