22 Junio 2003 Seguir en 
Da la impresión de que lo peor de la crisis en el sistema bancario empezó a superarse. Durante los últimos meses de 2002 los bancos lograron mejorar la liquidez por la recuperación de depósitos, luego se liberaron los depósitos reprogramados y ahora se impulsan modificaciones al marco normativo mediante cambios en la Ley de Entidades Financieras y en la carta orgánica del Banco Central.
El espíritu de las reformas es, en primer lugar, dotar a la autoridad monetaria de instrumentos para reestructurar bancos (cobertura legal a los funcionarios cuando intervengan en el cierre de entidades, preeminencia para cobrar de los depositantes hasta $50.000 en caso de cierre o problemas con alguna entidad, creación de fideicomisos como contrapartida de pasivos, entre otros).
Por su parte, la principal reforma a la carta orgánica del Banco Central consiste en ampliar los límites de asistencia al Tesoro y que la Superintendencia recupera facultades para intervenir en planes de regularización y/o saneamiento de entidades.
Días antes de presentarse estos proyectos, el Gobierno anterior emitió un decreto por el que creó la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero cuyo objeto es, según la norma, definir la "estrategia de reestructuración". Todo parece indicar que se pretende avanzar en el rediseño bancario, al menos desde el punto de vista de la disponibilidad de medios legales para hacerlo.
La normativa vigente del BCRA permite contabilizar los títulos a valor nominal, por lo que en este caso el sistema no presentaría grandes problemas de solvencia. No habría fuerzas argumentativas para impulsar una reestructuración del sistema a menos que implique el cierre de entidades.
En consecuencia, hay que distinguir claramente entre solvencia contable y real del sistema bancario. Porque los verdaderos problemas de los bancos van más allá de lo que dicen los registros contables. La situación actual del sistema presenta significativos problemas de rentabilidad y solvencia, dada la severa contracción del negocio.
Aún faltan reglas claras
El margen de intermediación financiera es negativo, hay una caída en la relación comisiones- gastos y se deterioró la calidad del activo (préstamos al sector privado, créditos garantizados y bonos de compensación).
En este marco, el patrimonio del sistema depende muy significativamente de cómo se valúe el activo, puesto que el 55% de su composición corresponde a títulos públicos de baja rentabilidad. Tal situación hace que el patrimonio neto del sistema presente una gran variabilidad hasta llegar incluso a ser negativo, según los valores que se asignen a los bonos públicos y de las condiciones generales que prevalezcan en el mercado de deuda argentino.
Si no hay reestructuración inducida desde el gobierno, por ende, la opción que queda es esperar a que la situación mejore por sí sola. Pero los principales problemas que surgen bajo este supuesto son la falta de reglas claras que incentiven la recapitalización del sistema y que los riesgos que se asumen están ligados a la evolución del contexto macroeconómico, que en el mediano plazo es muy incierto.
En estos momentos, por lo tanto, el principal desafío para los bancos pasa por mejorar la rentabilidad y la solvencia. Por ello, algunas entidades decidieron ofrecer créditos personales, pero la oferta es muy selectiva y a tasas muy altas, lo que hace que no haya demanda.
Los problemas estructurales del sistema bancario aún no se resolvieron. A su vez, existe una elevada interconexión entre la salud del sistema (solvencia, rentabilidad y liquidez) y la valuación y estructura de los títulos públicos. Esto hace que la evolución del patrimonio esté condicionada, básicamente, por cómo se concrete la compensación por la diferencia que se produce entre los depósitos que pagan con el CER y los créditos que se cobran ajustados por CVS (Coeficiente de Variación Salarial), además de por los amparos.
El espíritu de las reformas es, en primer lugar, dotar a la autoridad monetaria de instrumentos para reestructurar bancos (cobertura legal a los funcionarios cuando intervengan en el cierre de entidades, preeminencia para cobrar de los depositantes hasta $50.000 en caso de cierre o problemas con alguna entidad, creación de fideicomisos como contrapartida de pasivos, entre otros).
Por su parte, la principal reforma a la carta orgánica del Banco Central consiste en ampliar los límites de asistencia al Tesoro y que la Superintendencia recupera facultades para intervenir en planes de regularización y/o saneamiento de entidades.
Días antes de presentarse estos proyectos, el Gobierno anterior emitió un decreto por el que creó la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero cuyo objeto es, según la norma, definir la "estrategia de reestructuración". Todo parece indicar que se pretende avanzar en el rediseño bancario, al menos desde el punto de vista de la disponibilidad de medios legales para hacerlo.
La normativa vigente del BCRA permite contabilizar los títulos a valor nominal, por lo que en este caso el sistema no presentaría grandes problemas de solvencia. No habría fuerzas argumentativas para impulsar una reestructuración del sistema a menos que implique el cierre de entidades.
En consecuencia, hay que distinguir claramente entre solvencia contable y real del sistema bancario. Porque los verdaderos problemas de los bancos van más allá de lo que dicen los registros contables. La situación actual del sistema presenta significativos problemas de rentabilidad y solvencia, dada la severa contracción del negocio.
Aún faltan reglas claras
El margen de intermediación financiera es negativo, hay una caída en la relación comisiones- gastos y se deterioró la calidad del activo (préstamos al sector privado, créditos garantizados y bonos de compensación).
En este marco, el patrimonio del sistema depende muy significativamente de cómo se valúe el activo, puesto que el 55% de su composición corresponde a títulos públicos de baja rentabilidad. Tal situación hace que el patrimonio neto del sistema presente una gran variabilidad hasta llegar incluso a ser negativo, según los valores que se asignen a los bonos públicos y de las condiciones generales que prevalezcan en el mercado de deuda argentino.
Si no hay reestructuración inducida desde el gobierno, por ende, la opción que queda es esperar a que la situación mejore por sí sola. Pero los principales problemas que surgen bajo este supuesto son la falta de reglas claras que incentiven la recapitalización del sistema y que los riesgos que se asumen están ligados a la evolución del contexto macroeconómico, que en el mediano plazo es muy incierto.
En estos momentos, por lo tanto, el principal desafío para los bancos pasa por mejorar la rentabilidad y la solvencia. Por ello, algunas entidades decidieron ofrecer créditos personales, pero la oferta es muy selectiva y a tasas muy altas, lo que hace que no haya demanda.
Los problemas estructurales del sistema bancario aún no se resolvieron. A su vez, existe una elevada interconexión entre la salud del sistema (solvencia, rentabilidad y liquidez) y la valuación y estructura de los títulos públicos. Esto hace que la evolución del patrimonio esté condicionada, básicamente, por cómo se concrete la compensación por la diferencia que se produce entre los depósitos que pagan con el CER y los créditos que se cobran ajustados por CVS (Coeficiente de Variación Salarial), además de por los amparos.







