22 Junio 2003 Seguir en 
LA OBSESION FISCAL.- Las cuentas públicas siguen siendo la gran preocupación internacional. El sector público registró en mayo pasado un superávit primario de $ 1.741 millones, según informó la Secretaría de Hacienda. De esta forma, en los primeros cinco meses del año ya se acumuló un saldo positivo de $ 4.192 millones. En consecuencia, el fisco deberá lograr en este mes un excedente de unos $ 300 millones para cumplir con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo vigente, que vence en agosto, establece que en el primer semestre de 2003 la Argentina debe lograr un superávit primario de $ 4.500 millones.
DEMANDA DE TITULOS.- El Banco Central (BCRA) continuó bajando las tasas de las Lebac en hasta medio punto porcentual. En esta oportunidad, el organismo que preside Alfonso Prat-Gay logró también aumentar el stock de Letras en circulación en $182 millones, producto de la diferencia entre el monto adjudicado y el que vencía. El interés de los inversores se concentró en las licitaciones a más largo plazo. La subasta a un año acaparó el 51% de las ofertas, unos $ 93,4 millones. En este caso (376 días), la tasa bajó medio punto porcentual y se ubicó en 19% anual.
VIENTOS DE CAMBIO.- La administración de Néstor Kirchner pretende llevar adelante una ambiciosa reforma financiera. La Cámara de Senadores ya dio el primer paso. Aprobó y giró a la de Diputados el proyecto de modificación del sistema y, sobre todo, de la carta orgánica del BCRA, al aumentar el porcentaje de recursos que se puede adelantar al Gobierno. El artículo 15 reforma el porcentaje de recursos que el Central podrá anticipar transitoriamente al gobierno -de un 10% a un 12%- y cambia el cálculo del porcentaje, que pasaría a ser la base monetaria y no la recaudación, como rige actualmente. Con estas innovaciones, el Ejecutivo quiere asegurarse poder recibir de la institución unos $ 4.200 millones. La base monetaria, en la actualidad, asciende a $ 35.000 millones.
CRITERIOS DIFERENTES.- La aprobación del Senado estuvo precedida por una divergencia entre el titular del BCRA, Prat Gay, y el Ministerio de Economía, que encabeza Roberto Lavagna, sobre cómo determinar dicha ampliación. La ley aún estipula un 10%, que surge de la base impositiva, por lo que el acuerdo final indica que el 10% original, destinado a gastos generales, se convertirá en un 12% sobre la base monetaria. En consecuencia, el 10% extra solicitado en el proyecto para el pago de deuda externa se calculará en relación a la recaudación impositiva.
NUMEROS EN ROJO.- La deuda de Economía con el Central ronda hoy los $4.700 millones. Si la base monetaria es de $35.000 millones y el 24% aplicable a ella arroja un saldo susceptible de prestarse de $4.200 millones, el Tesoro adeudaría por gastos corrientes sólo $500 millones. Al mismo tiempo, el BCRA podría emitir cerca de $7.200 millones para que el Tesoro compre dólares para cancelar deuda externa ($72.000 millones de recaudación estimada por 10% extra de emisión). Esta nueva emisión, a un dólar de $2,85, permitiría al gobierno de Kirchner comprar alrededor de U$S 2.350 millones. Este volumen podría ser utilizado gradualmente para sostener la demanda de la divisa y mantener su precio. Otras de la obsesiones.
MAYOR AUTORIDAD I.- La otra modificación considerada clave es la de la carta orgánica del Central. Básicamente, los cambios apuntan al artículo 35 bis relacionado con la reestructuración de entidades con problemas de viabilidad. Se busca darle mayor poder de decisión al BCRA y más agilidad a dicho proceso. Con el paso adelante del Senado, es muy factible que ocurra esta situación por la alta exposición que sufren hoy las instituciones con activos públicos. Estos se contabilizaban a un valor muy superior al de mercado. A ello hay que sumarle el gran deterioro que sufrieron las carteras de préstamos privadas ante el aumento de la morosidad.
MAYOR AUTORIDAD II.- Si se aprueba las reformas, no se podrán declarar nulas las decisiones del Central. Los directivos de la institución gozarán de un mayor margen para trabajar en los futuros cambios del sistema. Además en la iniciativa avalada por el Senado se incluyó un artículo pedido expresamente por el FMI. Es el que prohíbe al PEN y a los gobiernos provinciales y municipales emitir cuasimonedas. La autorización de dicha facultad quedaría exclusivamente en manos del Central. Por otra parte, el gobierno cedió y anuló del proyecto original el artículo que suspendía la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y abría la posibilidad de despidos de personal durante la reestructuración bancaria.
DEMANDA DE TITULOS.- El Banco Central (BCRA) continuó bajando las tasas de las Lebac en hasta medio punto porcentual. En esta oportunidad, el organismo que preside Alfonso Prat-Gay logró también aumentar el stock de Letras en circulación en $182 millones, producto de la diferencia entre el monto adjudicado y el que vencía. El interés de los inversores se concentró en las licitaciones a más largo plazo. La subasta a un año acaparó el 51% de las ofertas, unos $ 93,4 millones. En este caso (376 días), la tasa bajó medio punto porcentual y se ubicó en 19% anual.
VIENTOS DE CAMBIO.- La administración de Néstor Kirchner pretende llevar adelante una ambiciosa reforma financiera. La Cámara de Senadores ya dio el primer paso. Aprobó y giró a la de Diputados el proyecto de modificación del sistema y, sobre todo, de la carta orgánica del BCRA, al aumentar el porcentaje de recursos que se puede adelantar al Gobierno. El artículo 15 reforma el porcentaje de recursos que el Central podrá anticipar transitoriamente al gobierno -de un 10% a un 12%- y cambia el cálculo del porcentaje, que pasaría a ser la base monetaria y no la recaudación, como rige actualmente. Con estas innovaciones, el Ejecutivo quiere asegurarse poder recibir de la institución unos $ 4.200 millones. La base monetaria, en la actualidad, asciende a $ 35.000 millones.
CRITERIOS DIFERENTES.- La aprobación del Senado estuvo precedida por una divergencia entre el titular del BCRA, Prat Gay, y el Ministerio de Economía, que encabeza Roberto Lavagna, sobre cómo determinar dicha ampliación. La ley aún estipula un 10%, que surge de la base impositiva, por lo que el acuerdo final indica que el 10% original, destinado a gastos generales, se convertirá en un 12% sobre la base monetaria. En consecuencia, el 10% extra solicitado en el proyecto para el pago de deuda externa se calculará en relación a la recaudación impositiva.
NUMEROS EN ROJO.- La deuda de Economía con el Central ronda hoy los $4.700 millones. Si la base monetaria es de $35.000 millones y el 24% aplicable a ella arroja un saldo susceptible de prestarse de $4.200 millones, el Tesoro adeudaría por gastos corrientes sólo $500 millones. Al mismo tiempo, el BCRA podría emitir cerca de $7.200 millones para que el Tesoro compre dólares para cancelar deuda externa ($72.000 millones de recaudación estimada por 10% extra de emisión). Esta nueva emisión, a un dólar de $2,85, permitiría al gobierno de Kirchner comprar alrededor de U$S 2.350 millones. Este volumen podría ser utilizado gradualmente para sostener la demanda de la divisa y mantener su precio. Otras de la obsesiones.
MAYOR AUTORIDAD I.- La otra modificación considerada clave es la de la carta orgánica del Central. Básicamente, los cambios apuntan al artículo 35 bis relacionado con la reestructuración de entidades con problemas de viabilidad. Se busca darle mayor poder de decisión al BCRA y más agilidad a dicho proceso. Con el paso adelante del Senado, es muy factible que ocurra esta situación por la alta exposición que sufren hoy las instituciones con activos públicos. Estos se contabilizaban a un valor muy superior al de mercado. A ello hay que sumarle el gran deterioro que sufrieron las carteras de préstamos privadas ante el aumento de la morosidad.
MAYOR AUTORIDAD II.- Si se aprueba las reformas, no se podrán declarar nulas las decisiones del Central. Los directivos de la institución gozarán de un mayor margen para trabajar en los futuros cambios del sistema. Además en la iniciativa avalada por el Senado se incluyó un artículo pedido expresamente por el FMI. Es el que prohíbe al PEN y a los gobiernos provinciales y municipales emitir cuasimonedas. La autorización de dicha facultad quedaría exclusivamente en manos del Central. Por otra parte, el gobierno cedió y anuló del proyecto original el artículo que suspendía la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y abría la posibilidad de despidos de personal durante la reestructuración bancaria.
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