La corrupción y la evasión son los enemigos a vencer

LA GACETA dialogó con el experto en impuestos Luis Alberto Comba.

- ¿Qué pretende el Gobierno nacional con las medidas impositivas anunciadas?
- Básicamente, luchar contra la evasión y toda medida que tienda a mitigar ese flagelo es bienvenida. Esta reforma, a diferencias de las otras, centra su esfuerzo en mejorar la administración tributaria y no en aumentar los impuestos. Esto es positivo. Hay mucha gente para la cual la evasión forma parte de su margen de utilidades, lo que es inaceptable. Pero hay otra que lucra con el Estado en la función pública. La corrupción también es inaceptable y debe ser combatida con la misma fuerza. Esto es, justamente, lo que no se hace.

- ¿Cómo se engarza eso con la política tributaria?
- Un sistema tributario depende de varios factores: de la posibilidad del Estado de manejarlo, de los contribuyentes de cumplirlo, y de la percepción que la sociedad tiene sobre el sistema. Hay que trabajar en los tres aspectos, cosa que en el país no hace. En la Argentina poco importa si los contribuyentes tienen efectivas posibilidades de cumplir y nunca se tuvieron en cuenta factores que hacen a la sociología del tributo. Cuando la sociedad percibe que el esfuerzo tributario no tiene sentido, porque se utilizan mal los recursos, baja el nivel de cumplimiento voluntario y para que la recaudación sea adecuada es imprescindible que este mecanismo funcione bien, porque el Estado no puede controlar todo.

- ¿Qué falta en ese sentido?
- Que la AFIP tenga el mismo celo que pone en la lucha con la evasión en verificar el incremento patrimonial de miembros de los tres poderes del Estado. Además, se deben dar a conocer las declaraciones de bienes de los funcionarios presentes y pasados o las cuentas del Instituto de la Vivienda o de la propia Universidad. Sin dudas, el nivel de impunidad existente en el país hizo que muchos agentes públicos hicieran verdadera ostentación de patrimonio no justificable con los supuestos magros sueldos estatales. Urge que un director del PAMI no amenace con hablar si se tiene que ir. Este solo hecho ya justifica que lo citen judicialmente. Es necesario que los ministros no designen funcionarios con sueldos alejados de la realidad y que el único castigo sea la revocación de los contratos. Tampoco es bueno que el titular del cuerpo legislativo más desprestigiado -el Senado- se transforme de la noche a la mañana en miembro de la Corte, independientemente de las cualidades personales que pueda tener.

- Usted habla de un verdadero programa de austeridad estatal...
- Es necesario que el funcionario público responda por la ineficiencia de su gestión y por las decisiones mal tomadas. El país o las provincias no tienen porqué soportar, por ejemplo, costas judiciales o indemnizaciones elevadísimas porque alguien decidió modificar la estructura del Tribunal de Cuentas. Si no se demuestra que en este país todos son iguales ante la ley no habrá posibilidades de que la sociedad entienda que evadir es un delito y si la ciudadanía no considera a esta figura como delictiva las medidas que se tomen desde el Gobierno no tendrán el efecto deseado.

- ¿Es optimista en relación con los objetivos planteados?
- Hay que ser prudentes y ver cómo avanzan. Las medidas, por ahora, sólo atacan una cara de la moneda: la evasión. Falta comenzar a luchar efectivamente contra la corrupción estatal. Y para eso hace falta decisión política. Hay que cambiar la conciencia tributaria de la gente. Este es un problema cultural que se revierte con el ejemplo de los grandes para los más chicos. Una de las causas de la evasión es la mala percepción del uso de los fondos públicos, aun cuando esto no sea un justificativo para no pagar. Para educar al niño en la escuela, él tiene que escuchar que en su casa los padres no reniegan de la honradez de los políticos. Es la única forma de salir de esa idea perversa de que la plata del Estado no es de nadie, sino de quien la puede tomar.

- En definitiva, ¿sirve o no el enfoque sugerido por el PEN?
- Hasta aquí sólo hay un necesario diagnóstico sobre la evasión y lo que la causa: facturas apócrifas, paraísos fiscales, relaciones con el exterior o asociaciones ilícitas, pero no se definen los medios para atacarla. Los planes de fiscalización no se conocen y la tarea informática de la AFIP juega un papel clave. En el agro, por ejemplo, se planteó el control satelital. El uso de tecnología y el cruzamiento de información son fundamentales. El grueso de las medidas contra la evasión no necesitan pasar por el Congreso, salvo el aumento de penas para el delito de asociación ilícita o los cambios en el monotributo. Todo lo demás depende del diseño de fiscalización.

- ¿Qué queda por delante?
- Una de las virtudes es que no se crean más impuestos, sin perjuicio de que en la reforma del monotributo se hable de un aumento del valor de la cuota. El eje no está en eso ni en el aumento de tasa de los existentes. Hay que avanzar en la transparencia del gasto estatal. Este es el gran desafío de los próximos años. Luego vendrá la armonización fiscal. Hoy falta racionalidad, porque hay un solo contribuyente, con una única capacidad, para tres estados (Nación, provincias y municipios). Pero esto vendrá después.