Un constitucionalista afirma que la ley del azúcar no es confiable

"Los empresarios argentinos del azúcar no pueden ni deben confiar en la eficacia de la ley de protección arancelaria del sector". Así lo sentenció el profesor asociado de Derecho Constitucional de la UNT, Luis Iriarte.
Remarcó que es posible neutralizar el efecto benéfico de la protección arancelaria al azúcar impuesto por la ley nacional mediante la firma de un "acuerdo ejecutivo" que, en el marco del Tratado de Asunción -fundante del Mercosur- pueda firmar el Presidente argentino o algún funcionario suyo, dejando sin efecto toda protección arancelaria al sector, como impulsa Brasil.
"Es posible en estos acuerdos saltear la intervención del Congreso dispuesta por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional. La doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación los ha convalidado ya en varios casos (CSJN, Fallos, 249:620) y en la causa ?Dotti?, fallada el 7 de mayo de 1998", indicó. Explicó que el argumento sustancial es que la Argentina, habiendo adherido a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, debe cumplir sus compromisos internacionales, sin poder invocar válidamente una norma interna en sentido contrario. "Es probable, también, que en el marco del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias un tribunal arbitral resuelva a favor de Brasil este conflicto. La resolución se impondría sobre lo dispuesto por nuestra ley nacional protectora, a tenor de lo dispuesto por los incisos 22 y 24 del artículo 75 de la Constitución", remarcó Iriarte.
Opinó que es posible que se considere que un "acuerdo ejecutivo" de esta especie, aun esquivando la ratificación legislativa nacional, detente una mayor jerarquía normativa que la ley arancelaria recientemente sancionada por el Congreso. Instó a que Tucumán, Salta y Jujuy actúen en forma coordinada para evitar que la actividad no sea desarmada en su protección.