Estiman que es necesario modifiar las tarifas de gas

Un especialista en Derecho de petróleo y gas considera que después de la debacle, las variables del marco regulatorio quedaron alteradas.

08 Junio 2003
Para evitar serios trastornos en el suministro de gas natural, tanto en Tucumán como en todo el país, se impone la reestructuración del marco tarifario entre los distintos actores involucrados. De tal forma lo considera Máximo Palomares, abogado con especialización en Derecho del Petróleo y Gas, quien dialogó con LA GACETA sobre los problemas que afectan al último sector.

- ¿Por qué se produjo esta situación?
- Luego de la debacle de principios de 2002 todas las variables del marco regulatorio quedaron alteradas; las empresas productoras vieron pesificadas sus acreencias, dolarizados sus insumos y sus tarifas pesificadas y congeladas, por lo que la ecuación económico-financiera inicial se quebró. Ante esta situación muchas firmas detuvieron sus inversiones upstream (exploración y producción), sin perforar nuevos pozos ni efectuar reparación y mantenimiento.

- ¿En qué tiempo comienza a apreciarse el efecto negativo de esta situación?
- Se suele predecir que las consecuencias negativas de estas desinversiones afloran en algo más de un año, por lo cual hay quienes conjeturan que lo peor está aún por venir y que podría, incluso, perjudicar este invierno a los usuarios residenciales en los grandes conglomerados urbanos. El sistema estructura un orden de prioridades en caso de escasez por el cual los primeros afectados por cortes en la provisión serán los grandes usuarios, luego los comerciales y por último los residenciales.

- ¿Cuándo se originó este problema?
- Todo empezó cuando la Ley de Emergencia (en 2002) autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos, prohibiendo ajustes en las tarifas y la aplicación de índices extranjeros a tal fin (en los pliegos originales se estipulaban como garantía las tarifas en dólares y el ajuste por índice PPI - norteamericano-). La tarifa final se compone de la sumatoria del precio de gas en boca de pozo (desregulado), el costo de transporte (regulado), más el margen bruto del distribuidor (regulado).El marco regulatorio establecía también un sistema de diversos ajustes, quinquenales, semestrales, etc. Las tarifas debían ser, para el usuario, justas y razonables, y permitirle al productor cubrir costos y obtener una razonable utilidad.

- ¿Considera que entonces se quebró la ecuación patrimonial?
- Así es. En derecho privado se autoriza a la parte afectada a demandar la resolución del contrato cuando circunstancias económicas extraordinarias modifican sustancialmente esta ecuación (Teoría de la imprevisión). En derecho público, por el contrario, rigen otros principios, y lo que corresponde es revisar el acuerdo, en ocasiones acordando una compensación a la parte perjudicada (Principio de continuidad del servicio público).

- ¿Qué sugiere para solucionar esta situación?
- Reitero que se impone la reestructuración del marco tarifario entre los distintos actores involucrados. Es decir, los productores, el gobierno, y las asociaciones de usuarios. Todo debe orientarse con el propósito de obtener para los proveedores una razonable rentabilidad, y para los usuarios precios equitativos, aún de manera provisoria, en un contexto de racionalidad, comprensión y concesiones recíprocas.


Con sistema de compraventa
La compraventa de gas suele instrumentarse a través de contratos de largo plazo, que varían según criterios de disponibilidad, que los clasifica en firmes o interrumpibles. Los primeros, más onerosos, no están sujetos a la posibilidad de interrupciones y se pagan aún cuando no se utilicen a pleno. Los segundos, más baratos, están sujetos a la suspensión de su provisión si no existe disponibilidad, y no requieren de un contrato a largo plazo.

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