Recurren a la Corte por el fallo que ordena devolver los bonos

El Gobierno tucumano recurrió ayer a la Corte Suprema de la Provincia, utilizando la avocación directa (per saltum), al rechazarle la Cámara en lo Contencioso Administrativo el pedido de revocatoria del fallo que dispuso, como medida cautelar, la restitución de casi $ 2,5 millones en Bocade a Supermercados Norte SA.
La firma reclamó ante la Justicia esos fondos que habían depositado entre abril y junio del año pasado, para la operatoria FET, y que quedaron inmovilizados en octubre al suspenderse ese sistema de canje por efectivo.
Anoche trascendió, de fuentes oficiales, que la Corte se reuniría hoy para tratar el pedido del Gobierno provincial. Si bien los plazos para expedirse son breves, se agilizaría el trámite ante la "gravedad institucional" que, según la presentación oficial, provoca este fallo y el rechazo resuelto ayer por la Cámara al pedido de suspensión de esa medida.

Las razones
En el escrito presentado ante la Corte por la Fiscal de Estado adjunta, Sara Fauze, el Gobierno solicita que se abra la vía del "per saltum" por la gravedad institucional. Afirma que el fallo de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no sólo ignora las leyes de Emergencia Económica y de inembargabilidad de los bienes del Estado, sino porque "puede significar la frustración del cambio de la cuasimoneda tucumana, dispuesta a través de un convenio entre la Nación y la Provincia".
Ante esta situación, pide a la Corte que deje sin efecto la medida cautelar innovativa y que disponga, además, la restitución de los Bocade acreditados en las cuentas de Supermercados Norte. Agrega que, para el caso de que la empresa hubiera retirado los fondos del Banco del Tucumán, se ordene la inmediata devolución bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La Fiscalía de Estado argumenta en la presentación a la que tuvo acceso LA GACETA que la Cámara "cayó en la trampa", ya que "el juez debió advertir que en lo que en realidad se pedía -la empresa- no era una medida cautelar sino un verdadero embargo de cuentas del Estado provincial".
Apunta que el fallo desconoce, además, la aplicabilidad de las leyes de emergencia y que es arbitrario porque tiene un "fundamento aparente", al prescindir de la aplicabilidad de las normas de orden público.
Respecto de los daños que puede ocasionar la medida, el Gobierno asegura que trastornará las políticas del Estado nacional, del provincial y los compromisos internacionales. Y que esta "gravedad institucional" que generó el fallo pone en peligro todo el canje de moneda, y que ello dañará a los empleados públicos -en especial- y a toda a política oficial en la materia.
Anoche, en distintos ámbitos gubernamentales, había preocupación por la incidencia financiera que podría tener el fallo recurrido. Por eso, la Fiscalía se movilizó con rapidez.


"Inoportuno"
El ministro de Economía, en uso de licencia, José Cúneo Vergés, señaló ayer que el fallo judicial es inoportuno y que afecta las finanzas públicas. "A los recursos que reclama una empresa, el Estado los destina a cumplir el pago de los servicios esenciales", dijo. "El fallo reviste gravedad institucional porque antepone un interés particular del demandante por sobre el general de la población", opinó.