Es necesario actuar con prudencia

Desde 1964 la guerrilla de las FARC azota a Colombia. Con su capacidad de acción significativamente reducida en los últimos años, las FARC han utilizado los territorios de Ecuador y Venezuela como santuarios desde donde entran y salen para consumar sus atentados terroristas en Colombia, violando así las Convenciones de Ginebra de 1949 y las normas obligatorias de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, considerado por esa organización como una amenaza para la paz y seguridad del mundo. Las sospechas de que las FARC han contado, por lo menos, con la pasividad de las autoridades de los países vecinos ha ido creciendo constantemente. Primero, como consecuencia de la delicada información obtenida por las Fuerzas Armadas colombianas en la "Operación Jaque", en la que secuestraron las computadoras que tenía en su poder Raúl Reyes, un alto jefe de las FARC dado de baja en territorio ecuatoriano, en ese mismo enfrentamiento. Segundo, como resultado de una paciente investigación realizada, respecto de Venezuela, a lo largo de los años, a la que se sumó recientemente información de la computadora de otro de los jefes guerrilleros de las FARC, Canaguaro.

Habiendo logrado reunir un importante material probatorio de la utilización por las FARC del territorio venezolano, el presidente Uribe tomó la decisión de entregarla al Secretario General de la OEA en una reunión convocada al efecto de su consejo permanente, que Ecuador trató -sin éxito- de frustrar, provocando la renuncia de su embajador ante la organización, quien se negó a cumplir las instrucciones de entorpecer la cuestión, recibidas de su gobierno en violación de las reglas de la OEA.

Realizada la denuncia, Colombia no pidió sanciones contra Venezuela, sino su cooperación. Y la formación de una comisión investigadora internacional. Porque sostiene que Venezuela esconde a Luciano Arango, Rodrigo Granda; Timoleón Jiménez y Germán Briceño, todos ellos altos mandos de la FARC, que operaría nada menos que 87 campamentos en Venezuela, con unos 1.500 hombres entrando y saliendo de su territorio para atacar en Colombia, incluyendo civiles inocentes. Lo que es gravísimo y supone, entre otras cosas, que Venezuela estaría violando sus obligaciones de control de la frontera bajo la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, obligatoria para todos los Estados. Además, podría eventualmente ser responsable o co-responsable o cómplice de los crímenes de guerra de la FARC, que son delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno que afecta a Colombia. De allí que Colombia esté estudiando hacer la presentación respectiva ante el Tribunal Penal Internacional, para que sea este quien investigue el delicado caso.

Como toda respuesta, Venezuela rompió relaciones con Colombia, en lugar de ofrecer su colaboración. Chávez, asombrosamente, hizo el anuncio respectivo en compañía de un ladero inesperado, que debutó así en cuestiones internacionales en materia de seguridad: Diego Maradona. Poco serio. Está claro que, ante lo sucedido, la paz y seguridad de la región está ahora al borde del abismo. Y que el armamentismo venezolano no es ciertamente casual. La hora llama al diálogo y la reflexión. Unasur, sin embargo, no parece ser el mejor mecanismo disponible. Por ello, Colombia eligió a la OEA como foro. Pero además, porque el secretario general de Unasur -que estuvo ya envuelto, de la mano de Chávez, en un paseo por al jungla colombiana que terminó en un papelón- no parece tener la independencia necesaria para hacer una gestión conciliadora productiva.

Es evidente que el apoyo externo al terrorismo de las FARC debe ser investigado y, si se comprobara, debe terminar. Con los responsables de lo sucedido asumiendo lo que corresponda en razón de sus conductas. La situación no es inesperada, pero sí muy grave. Por ello la hora llama a actuar, pero con prudencia y sin precipitaciones.