La puja salarial, la deuda y la inflación ponen en riesgo el equilibrio fiscal de Tucumán

Administrar los bienes o recursos escasos de la manera más eficiente posible. Esa no sólo es la definición más difundida sobre el término economía, sino también la conducta que deberán observar las provincias para no caer hacia el precipicio fiscal, en tiempos en el déficit volvió para quedarse en la mayor parte de las 23 provincias y hasta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien el presupuesto 2010 elaborado por el Gobierno nacional ha definido las partidas necesarias para ser redistribuidas entre las provincias, en cada una de las jurisdicciones subnacionales se abrió un gran signo de interrogante acerca de cual será el esquema de distribución de fondos adicionales, en particular para el sostenimiento mínimo de los planes de obras públicas y para el pago de los compromisos con los acreedores.
 Por tercer año consecutivo, la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le puso el freno a la distribución de los recursos extra a las provincias, con el fin de "cuidar la caja". A este fenómeno se sumó otro argumento: la indefinición sobre la conformación del Fondo del Bicentenario ha paralizado toda ayuda extrapresupuestaria. Entre los gobernadores consideran que el panorama fiscal comenzará a aclararse hacia fines de abril. "Hasta entonces, habrá que aguantar y sentarse sobre los recursos, que son pocos, frente a tantos compromisos", confesó a LA GACETA un hombre cercano al círculo kirchnerista.
Esa será también la política financiera de Tucumán que, como el resto de las provincias, atraviesa una situación complicada, con una abierta negociación con los gremios para la mejora de los salarios estatales, sin una definición formal sobre cómo se instrumentará el Plan de Asistencia Financiera (PAF) para pagar los vencimientos de la deuda de este año con un préstamo federal y la expansión inflacionaria en el país. Esta incertidumbre acerca de la relación financiera con la Nación pone en peligro el precario equilibrio fiscal de algunos distritos que han podido capear la crisis financiera internacional. Otras, en tanto, temen caer definitivamente al precipicio si es que no hay ayuda federal.

A cuentagotas
Los dos meses que pasaron han sido una demostración de la conducta fiscal de la Nación. En el caso particular de Tucumán, la situación puede resumirse de la siguiente manera:
• Coparticipación. Durante enero, la Nación transfirió a la provincia unos $ 213 millones por coparticipación neta (sin incluir el financiamiento educativo ni otras leyes especiales) y otros $ 215 millones durante febrero. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía de la provincia, la administración federal giró $ 38 millones más respecto de igual período del año pasado. En este aspecto, afirman en la Casa de Gobierno, se está revirtiendo la tendencia negativa en la transferencia de fondos coparticipables.
• Obras públicas. Durante el primer bimestre del año, los fondos destinados al plan de trabajos públicos llegaron a cuentagotas. Este escenario estaba dentro de los planes del Poder Ejecutivo. Una señal de alarma, sin embargo, constituyó la lenta transferencia de fondos federales asignados para la construcción de viviendas. En el PE admiten que, entre enero y febrero, llegó a Tucumán un 70% de las partidas comprometidas. Sin embargo, afirman que la situación se irá regularizando paulatinamente.
• Deuda pública. Hasta ahora no hay novedades acerca de la firma del Plan de Asistencia Financiera. Tucumán, como piso, aspira a contar con un crédito de $ 450 millones para hacer frente este año a los compromisos con los acreedores. Por ahora, el Ministerio de Economía de la Nación ha girado a la Provincia unos $ 50 millones mensuales como cuotaparte del plan que aún no fue formalizado. Se trata de anticipos financieros, previstos en el Presupuesto Nacional 2010. Este año, Tucumán debe hacer frente a vencimientos de la deuda pública (calculada en $ 4.600 millones) por un total de $ 550 millones, según afirmó el propio gobernador José Alperovich.
• La negociación salarial. "El Gobierno ha resuelto la mitad del problema, pero aún falta acordar con los otros gremios", señaló un funcionario del gabinete alperovichista para graficar lo que sucede con la puja salarial. El Ejecutivo proyecta que las paritarias pueden terminar este 2010 con una erogación anual extra del orden de los $ 420 millones. El 50% de ese monto fue lo convenido con el sector docente. Actualmente, el Gobierno está en tratativas con el resto de los gremios estatales para acordar el porcentaje de suba de las remuneraciones. Según pudo establecer nuestro diario, hay intenciones de negociar un anticipo a cuenta a los empleados públicos durante este mes hasta tanto queden selladas las negociaciones salariales.
• Inflación. Los gastos administrativos para el funcionamiento del Estado constituyen un termómetro acerca de la evolución de los precios. Si bien el Gobierno provincial ha proyectado un nivel de erogaciones anuales cercanos a los $ 7.000 millones, inquieta que se disparen los $ 400 millones de gastos previstos para papelería, insumos y otras erogaciones menores con fuerte impacto inflacionario.
Por lo pronto, seguirá el esquema de reducción del gasto y los funcionarios de Economía cruzan los dedos para llegar, sin magullones fiscales, hasta mayo, un mes en el que las transferencias coparticipables excepcionales permiten disimular cualquier rojo fiscal.