Poca plata, muchos compromisos

Los gobernadores están preocupados. Sucede que el Gobierno nacional, por tercer año consecutivo, ha decidido sentarse sobre los recursos y no girar más dinero de la cuenta a las 24 jurisdicciones argentinas. Si bien los fondos por coparticipación federal de impuestos se han incrementado, en términos reales, respecto del año pasado, los compromisos financieros siguen agobiando a las provincias.
En pleno período de negociaciones salariales, los mandatarios provinciales aún no pueden establecer cuánto será el monto de la ayuda que la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner les brindará para atender los vencimientos de la deuda pública previstos para este año. Algunas provincias, como el caso de Tucumán, han tomado la decisión de emitir títulos públicos para aliviar las arcas provinciales estirando el plazo de pago de los juicios con sentencia firme. Ese es el fin de la aparición de la tercera serie de los Consadep en dólares por un total de U$S 100 millones. Otra herramienta a la que apelaron las provincias es el retoque de sus políticas impositivas. Tucumán, por ejemplo, está a punto de lanzar la cuarta moratoria de la gestión del gobernador José Alperovich, con la que se pretende obtener  $ 50 millones adicionales.
Con la inflación acechando, el gasto público tiende a dispararse. Esa aceleración de los precios también está marcando el ritmo a las negociaciones salariales. Los gremios estatales no quieren seguir perdiendo el valor adquisitivo del salario y por eso pugnan por obtener la mayor suba posible. Esta negociación puede llegar a significar un gasto extra de $ 420 millones al Estado provincial. No obstante, la mitad de es a suma ya fue pactada con el sector docente. La obra pública ha sentido los efectos de la escasez de fondos para tantos compromisos asumidos por el Gobierno. Las partidas llegan a cuentagotas, pero no hay grandes quejas en el Ejecutivo que seguirá con su política para ahorrar no menos de $ 450 millones del presupuesto previsto para este 2010, con el fin de mitigar la suba adicional del gasto.