Los pactos fiscales fueron las llaves que abrieron las puertas a Tucumán para el financiamiento de su déficit, sin necesidad de realizar fuertes ajustes, sobre todo en el gasto político. En su gestión, el gobernador Julio Miranda aprobó una decena de acuerdos con la Nación, con metas repetidas que, en definitiva, pasaron al olvido o que se cumplieron parcialmente. La prueba está en el acuerdo que hace un mes firmaron el vicegobernador Sisto Terán y los ministros, Roberto Lavagna (Economía) y Jorge Matzkin (Interior).
Un Plan de Financiamiento Ordenado en el que la Nación se comprometió a aportar $ 177,5 millones a cambio de que la Provincia disminuya este año un 60% del déficit registrado en 2002. La meta es que el "rojo" fiscal no supere los $ 45 millones, meta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue atentamente. El convenio ingresó en la Legislatura para su ratificación y despertó reacciones en algunos de sus miembros. A este se le anexó un texto complementario que alude al rescate total de los bonos. A diferencia de los anteriores, esta vez la Nación anticipó el envío de fondos. En marzo giró $ 20 millones y para este mes prevé $ 10 millones a cuenta de la ratificación legislativa.
Una buena, otra mala
En el horizonte financiero de la provincia habrá que tener en cuenta una noticia buena y una mala en la coparticipación. La buena es que el canje de la deuda que acordó Tucumán con la Nación implicará una desafectación de casi $ 16 millones mensuales.
"El próximo gobierno tendrá un extraordinario alivio financiero", dijo hace una semana el gobernador Julio Miranda, al pedirles a los legisladores la ratificación de los acuerdos fiscales.
Sin embargo, Miranda no tuvo en cuenta la mala noticia. Son los compromisos financieros que deberá asumir su sucesor: $ 222 millones -sin incluir intereses- que tomó la Provincia por el Plan de Financiamiento Ordenado (2002 y de este año), cuyo capital tendrá que pagarse desde principios de 2005; ni los $ 150 millones del rescate de bonos que serán descontados de la coparticipación en los próximos cinco años y a valor dólar. El nuevo gobernador recibirá una herencia de más de $ 370 millones.
El último acuerdo fiscal que elevó el PE a la Legislatura establece, además, que el último préstamo tendrá que pagarse en 35 cuotas mensuales y consecutivas, ajustada por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con una tasa del 2% anual y hasta 3% ($1,7 millón al año) como multa si es que el Estado no cumple con las metas solicitadas por la Nación para el equilibrio de las finanzas.
Bienes preciados
Los medidas que Tucumán deberá tomar este año pueden resumirse en privatizaciones (ver nota aparte); cobro de carteras de morosos; una mayor presión fiscal, sobre todo a los contribuyentes de Ingresos Brutos y la venta de activos y de acciones. Como vulgarmente se dice, enajenar las últimas joyas de la abuela. Esta vez, la administración mirandista no aludió a la posibilidad de privatizar el Casino Provincial ni a cuál será su postura respecto del futuro de la Caja Popular de Ahorros.
El Gobierno tratará, por todos los medios, de recuperar casi $ 500 millones (equivalente al 17% de la deuda pública provincial) exigiendo el pago a los deudores y poniendo a la venta algunos inmuebles y otros bienes en desuso. Según los cálculos del Ministerio de Economía, el 30% de ese monto ($ 150 millones) podría ser recuperado brindando facilidades a los deudores, como por ejemplo, el rebloqueo fiscal que vence el 30 de este mes. En el área de Economía negaron que en el proceso de venta se incluya los inmuebles que habían sido afectados por el plan "activo por activo", que en 2001 fue tasado en 32 millones de dólares.
Un Plan de Financiamiento Ordenado en el que la Nación se comprometió a aportar $ 177,5 millones a cambio de que la Provincia disminuya este año un 60% del déficit registrado en 2002. La meta es que el "rojo" fiscal no supere los $ 45 millones, meta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue atentamente. El convenio ingresó en la Legislatura para su ratificación y despertó reacciones en algunos de sus miembros. A este se le anexó un texto complementario que alude al rescate total de los bonos. A diferencia de los anteriores, esta vez la Nación anticipó el envío de fondos. En marzo giró $ 20 millones y para este mes prevé $ 10 millones a cuenta de la ratificación legislativa.
Una buena, otra mala
En el horizonte financiero de la provincia habrá que tener en cuenta una noticia buena y una mala en la coparticipación. La buena es que el canje de la deuda que acordó Tucumán con la Nación implicará una desafectación de casi $ 16 millones mensuales.
"El próximo gobierno tendrá un extraordinario alivio financiero", dijo hace una semana el gobernador Julio Miranda, al pedirles a los legisladores la ratificación de los acuerdos fiscales.
Sin embargo, Miranda no tuvo en cuenta la mala noticia. Son los compromisos financieros que deberá asumir su sucesor: $ 222 millones -sin incluir intereses- que tomó la Provincia por el Plan de Financiamiento Ordenado (2002 y de este año), cuyo capital tendrá que pagarse desde principios de 2005; ni los $ 150 millones del rescate de bonos que serán descontados de la coparticipación en los próximos cinco años y a valor dólar. El nuevo gobernador recibirá una herencia de más de $ 370 millones.
El último acuerdo fiscal que elevó el PE a la Legislatura establece, además, que el último préstamo tendrá que pagarse en 35 cuotas mensuales y consecutivas, ajustada por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con una tasa del 2% anual y hasta 3% ($1,7 millón al año) como multa si es que el Estado no cumple con las metas solicitadas por la Nación para el equilibrio de las finanzas.
Bienes preciados
Los medidas que Tucumán deberá tomar este año pueden resumirse en privatizaciones (ver nota aparte); cobro de carteras de morosos; una mayor presión fiscal, sobre todo a los contribuyentes de Ingresos Brutos y la venta de activos y de acciones. Como vulgarmente se dice, enajenar las últimas joyas de la abuela. Esta vez, la administración mirandista no aludió a la posibilidad de privatizar el Casino Provincial ni a cuál será su postura respecto del futuro de la Caja Popular de Ahorros.
El Gobierno tratará, por todos los medios, de recuperar casi $ 500 millones (equivalente al 17% de la deuda pública provincial) exigiendo el pago a los deudores y poniendo a la venta algunos inmuebles y otros bienes en desuso. Según los cálculos del Ministerio de Economía, el 30% de ese monto ($ 150 millones) podría ser recuperado brindando facilidades a los deudores, como por ejemplo, el rebloqueo fiscal que vence el 30 de este mes. En el área de Economía negaron que en el proceso de venta se incluya los inmuebles que habían sido afectados por el plan "activo por activo", que en 2001 fue tasado en 32 millones de dólares.
Lo más popular
Ranking notas premium







