Dos abogados pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que investigue si el juez penal Juan Carlos Tártalo cometió, presuntamente, el delito de prevaricato. José Manuel Avellaneda y Oscar López sostienen que el magistrado habría falseado la verdad en una causa en la que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el supuesto desvío de fondos sociales. El aparente ilícito del que acusan al juez habría beneficiado al candidato a vicegobernador del PJ, Fernando Juri.
En la causa en cuestión se indagaba si se habían desviado $ 800.000 del programa Políticas Sociales Comunitarias (Posoco), durante el período en el que Juri fue secretario de Desarrollo Humano. Según los acusadores, cuando el fiscal Esteban Jerez pidió que se abriera una investigación sumaria jurisdiccional sobre el caso, Tártalo archivó las actuaciones; argumentó que le habían remitido copias sin autenticar de las actuaciones del Tribunal de Cuentas. "El juez podría haber apelado, por sí mismo, a la constatación visual directa de la correspondencia de las copias que le remitieron con los documentos originales, porque a estos últimos los había tenido bajo examen con anterioridad, bajo el empleo de la totalidad de sus sentidos y facultades", condenaron.
"El juez, en modo alguno, tiene potestad para alterar la realidad, ni facultad para trastocar lo falso en verdadero, ni poder antijurídico para convertir, con una sentencia, documentos oficiales y originales en copias", dijeron.
Resultados perjudiciales
Avellaneda y López insistieron con que Tártalo habría dictado "con conocimiento y voluntad una resolución injusta, que independientemente del motivo que lo impulsó, generó resultados perjudiciales para una parte y beneficiosos para la otra".
Los abogados solicitaron a la Corte que cite como testigos a Jerez y al secretario de su fiscalía, Carlos López, "para que digan si los documentos e instrumentos probatorios agregados al expediente remitido (a Tártalo) carecían de valor jurídico por ser fotocopias o estar cuestionados en su autenticidad". Pidieron, además, que a partir de la denuncia presentada, se instruya una causa.
En la causa en cuestión se indagaba si se habían desviado $ 800.000 del programa Políticas Sociales Comunitarias (Posoco), durante el período en el que Juri fue secretario de Desarrollo Humano. Según los acusadores, cuando el fiscal Esteban Jerez pidió que se abriera una investigación sumaria jurisdiccional sobre el caso, Tártalo archivó las actuaciones; argumentó que le habían remitido copias sin autenticar de las actuaciones del Tribunal de Cuentas. "El juez podría haber apelado, por sí mismo, a la constatación visual directa de la correspondencia de las copias que le remitieron con los documentos originales, porque a estos últimos los había tenido bajo examen con anterioridad, bajo el empleo de la totalidad de sus sentidos y facultades", condenaron.
"El juez, en modo alguno, tiene potestad para alterar la realidad, ni facultad para trastocar lo falso en verdadero, ni poder antijurídico para convertir, con una sentencia, documentos oficiales y originales en copias", dijeron.
Resultados perjudiciales
Avellaneda y López insistieron con que Tártalo habría dictado "con conocimiento y voluntad una resolución injusta, que independientemente del motivo que lo impulsó, generó resultados perjudiciales para una parte y beneficiosos para la otra".
Los abogados solicitaron a la Corte que cite como testigos a Jerez y al secretario de su fiscalía, Carlos López, "para que digan si los documentos e instrumentos probatorios agregados al expediente remitido (a Tártalo) carecían de valor jurídico por ser fotocopias o estar cuestionados en su autenticidad". Pidieron, además, que a partir de la denuncia presentada, se instruya una causa.
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