Quienes me conocen pueden suponer que no tengo simpatía por un Martín Redrado: arranca en la función pública de la mano de quien, según Néstor Kirchner, fue el mejor presidente argentino: Carlos Saúl Menem, aquel a quien logré poner un rato en prisión y que hoy está bajo juicio oral y público. El tema objetivo es otro: el manotazo de las reservas al Banco Central por vía de una norma espuria para un fin espurio, despersonaliza la cuestión.
El gobierno civil -cuyo éxito reside en haber ensanchado la brecha entre ricos y pobres- quiere manotear reservas pasando por encima de la autonomía del Banco Central. No les basta estar usando los dineros de los jubilados, los fondos del PAMI, los dineros del Banco Nación, o ayudando a los capitalistas amigos (la Papelera de Massuh, por ejemplo). Se enfurecen cuando no les sale un juez a medida de su 158% anual, porque María José Sarmiento dice que no hay ni urgencia ni necesidad para echar mano a ese instituto jurídico que critiqué ya en 1993 (los decretos de necesidad y urgencia, que le permiten al Ejecutivo ser legislador), y que -agrega- es necesario que todo se debata en el Congreso. Con la Constitución en la mano, dijo una jueza con pantalones largos, una verdad de Perogrullo: no se puede atropellar como de guapos vienen haciendo los que fracasaron el 28 de junio, porque en esto se juega no sólo otro quiebre del modo republicano de gobierno: se juega, entre varios, el destino de la paridad cambiaria. En nuestro modo de ver (causa penal que iniciamos ya hace un tiempo con Mario Cafiero y con Javier Llorens y que impulsa el fiscal Comparatore ante el juez Rafecas), el decreto del manotazo de las reservas, implica delito. "De guapos" le pagamos lo indebido en su momento al FMI como nos lo explicaría con brillantez Eric Calcagno, si no fuera otro de los que, por converso, es ahora senador K. El Gobierno, que maneja el día a día de la peor manera posible, mantiene en estado de irritación al pueblo -el mandante constitucional: artículo 33- y lo empobrece cotidianamente. Si triunfa el manotazo, el Gobierno puede intentar parar en su eficacia inmediata los pronunciamientos de Sarmiento, usando el bando militar de Onganía (llamada ley de amparo), apelando sus dos decisiones constitucionalmente impecables. Lo intentará hacer porque su Juzgado está abierto y sólo un inconcebible Aníbal Fernández pudo decir que no la encuentra. Me pregunto si Fernández es el que ignora que hay un ministro de Justicia que no lo dejan ni hablar; ¿es el mismo Fernández quien -no pudiendo él hacerlo- manda parar una orden judicial para que la Policía Federal no actúe? ¿Pueden ser tan ignorantes? Parece que sí. Tengo una pena infinita por mi país, por los débiles de mi país. (Especial para LA GACETA)
