Decálogo de la pelea por la plata

Un enmarañado conflicto institucional, con derivaciones jurídicas, económicas y políticas, se desató anteayer. Lo que hay que saber para entender la primera crisis del año, en 10 preguntas y respuestas.

08 Enero 2010

1 - ¿Qué desató el conflicto? La renuencia del removido presidente del Banco Central, Martín Redrado, de asignar U$S 6.500 millones de reservas federales al Tesoro de la Nación, para que el Gobierno destine esos fondos al pago de vencimientos de la deuda, en cumplimiento del decreto que ordena la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.

2 - ¿Se pueden usar esas reservas? La Gerencia de Estudios y Dictámenes Jurídicos del BCRA dictaminó que no se puede autorizar el uso de reservas para pagar deuda sin aval del Congreso. "Es aconsejable que esta Institución aguarde la intervención legislativa para seguir el curso de la acción previsto por el artículo 3 del Decreto 2010/09 (el del Fondo del Bicentenario)", dice el dictamen.

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3 - ¿Qué argumenta el Gobierno? Que sí lo puede hacer, porque a cambio entrega letras del Tesoro Nacional. Además, el Fondo del Bicentenario se forma con reservas de libre disponibilidad, es decir, las que exceden el respaldo del 100% de la base monetaria, que, por lo tanto, pueden ser destinadas al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.

4 - ¿Qué dice la carta orgánica respecto de la remoción de jefes del Central? El artículo 9 de la carta orgánica prevé que los integrantes del directorio del Central pueden ser removidos por el Ejecutivo, cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, previo consejo de una comisión del Congreso, que debe ser presidida por el jefe del Senado, Julio Cobos.

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5 - ¿Qué argumenta el PEN para despedirlo por su cuenta? En el decreto de remoción a Redrado, se esgrime que el Congreso está en receso y que se exceptúa, ante el incumplimiento de los deberes de funcionario, el procedimiento de remoción previsto en la carta orgánica (es decir, con intervención del Congreso). Además, dice que el consejo de la comisión parlamentaria especial no es vinculante.

6 - ¿Por qué hay bancos que piden que Redrado se vaya? Porque algunas cámaras bancarias son afines al Gobierno. Por ejemplo, Adeba (bancos privados de capital argentino) y Abappra (bancos estatales). Decían que, si Redrado seguía, ponía en riesgo el sistema financiero. En particular, apuntaban que el principal peligro era que, si seguía el conflicto, se desatara un retiro masivo de depósitos.

7 - ¿Los directores del Central llegaron ahí por ser kirchneristas? Algunos sí, pero hay otros de carrera. Ayer se reunieron Miguel Pesce, Sergio Chodos, Carlos Sánchez, Waldo Frías, Arnaldo Bocco y Gabriela Ciganotto, quien es una santacruceña muy vinculada al matrimonio Kirchner. Pesce -presidente interino del Central- es de origen radical, pero de relación estrecha con los Kirchner.

8 - ¿Por qué Adolfo Rodríguez Saá recurrió a la Justicia? El gobernador de San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto que crea el Fondo del Bicentenario. En la denuncia que presentó a la Corte -que se declaró competente para analizar el caso- el Estado cuyano esgrimió que las reservas son federales y que las provincias tienen dominio sobre ellas. Y, por ende, debe actuar el Congreso.

9 - ¿Le correspondía a la Presidenta usar el DNU? El Gobierno entiende que sí lo puede hacer, pero la oposición pide la intervención del Congreso a la hora de disponer del uso de reservas para pagar parte de la deuda. Dicen que no hallan ni la necesidad ni la urgencia en el caso como para echar manos sobre dineros federales y administrados por un organismo independiente como es el Central.

10 - ¿Cómo sigue la crisis institucional? Gran parte de la historia continuará en los tribunales. A la denuncia de San Luis se sumaron otras presentaciones, como la de Pino Solanas, el amparo de los radicales, la del Gobierno, que denunció penalmente a Redrado por incumplir deberes de funcionario, y la del propio Redrado, que pidió la nulidad del decreto presidencial que ordena su remoción.

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