La dirigente del Movimiento de Jubilados y Desocupados de Acheral, Inés Amaya de Vázquez, está detenida desde ayer, acusada de haber extorsionado a beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
La orden contra Amaya de Vázquez fue dictada por el juez federal Jorge Parache, a pedido del fiscal federal Emilio Ferrer. En la investigación, este confirmó la denuncia original de que la militante del sector piquetero que lidera Raúl Castells (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados) reclamaba a los beneficiarios del plan asistencial parte de los $ 150 en Lecop que cobraban por mes, para mantenerlos en el listado.
El fiscal interrogó a las supuestas víctimas, quienes denunciaron haber sido amenazados por la imputada y por algunos de sus familiares directos, aparte de haber sido extorsionados. En el requerimiento, Ferrer le imputó a la dirigente presunta defraudación en perjuicio del Estado, por haber afectado fondos estatales. También le endilgó la comisión de los delitos de amenazas y de asociación ilícita, en complicidad con algunos de sus hijos.
Hay 17 expedientes
Esta causa integra un paquete de 17 expedientes iniciados a fines del año pasado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (el Ufises es un organismo nacional), por irregularidades en los planes sociales distribuidos en Tucumán. Además, los fiscales Ferrer y Carlos Brito tienen en trámite otras denuncias sobre esta materia, por presuntas anomalías en la capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y otras localidadesAmaya de Vázquez se encuentra detenida en la delegación local de la Gendarmería nacional. Los delitos de los que se la acusa no son excarcelables. En su última visita a Tucumán, Castells reivindicó a su puntera y efectuó una visita a Acheral. En esa oportunidad, los denunciantes afirmaron haber sido intimidados por el líder piquetero.
La orden contra Amaya de Vázquez fue dictada por el juez federal Jorge Parache, a pedido del fiscal federal Emilio Ferrer. En la investigación, este confirmó la denuncia original de que la militante del sector piquetero que lidera Raúl Castells (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados) reclamaba a los beneficiarios del plan asistencial parte de los $ 150 en Lecop que cobraban por mes, para mantenerlos en el listado.
El fiscal interrogó a las supuestas víctimas, quienes denunciaron haber sido amenazados por la imputada y por algunos de sus familiares directos, aparte de haber sido extorsionados. En el requerimiento, Ferrer le imputó a la dirigente presunta defraudación en perjuicio del Estado, por haber afectado fondos estatales. También le endilgó la comisión de los delitos de amenazas y de asociación ilícita, en complicidad con algunos de sus hijos.
Hay 17 expedientes
Esta causa integra un paquete de 17 expedientes iniciados a fines del año pasado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (el Ufises es un organismo nacional), por irregularidades en los planes sociales distribuidos en Tucumán. Además, los fiscales Ferrer y Carlos Brito tienen en trámite otras denuncias sobre esta materia, por presuntas anomalías en la capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y otras localidadesAmaya de Vázquez se encuentra detenida en la delegación local de la Gendarmería nacional. Los delitos de los que se la acusa no son excarcelables. En su última visita a Tucumán, Castells reivindicó a su puntera y efectuó una visita a Acheral. En esa oportunidad, los denunciantes afirmaron haber sido intimidados por el líder piquetero.
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