Contrastes institucionales

Amén de su indiscutible finalidad de despolitizar el acceso a la judicatura, sesión tras sesión, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) demuestra su valor como método de deliberación democrática. Su composición plural hace que los intereses de cada estamento encuentren su límite -o contrapeso- en los del otro. Ahora se dimensiona la trascendencia de la incansable lucha previa a favor de su equilibrio, porque, sin ese requisito, que sólo se ha conseguido en términos relativos, el CAM dejaría de ser aquello para lo que fue concebido institucionalmente y mutaría en una sigla vacía, desmedrada: pura apariencia desprovista de fines.
Además, la transparencia está asegurada por el carácter público de las sesiones. Esto garantiza que todos los intereses queden explicitados o expuestos republicanamente al aire libre -y limpio- de la sociedad. Esto cobrará mayor relevancia cuando, en un concurso, haya que motivar una decisión (toda decisión), como, por ejemplo, determinar el orden de mérito definitivo, del que surgirá la nómina de seleccionados que será elevada al Poder Ejecutivo para que proceda a cubrir los cargos vacantes en el Poder Judicial.
El CAM y el Jurado de Enjuiciamiento fueron proyectados como las dos caras de una moneda; como órganos que, más allá de sus competencias específicas, están vinculados por un propósito común: limitar la gravitación de los poderes políticos; en el primer caso, en el proceso que concluye con la designación de un juez y, en el segundo, en el que puede terminar con su destitución. Sin embargo, el desequilibrio congénito que lacera al jurado -otro extravío de la reforma constitucional de 2006- hace que, al menos, cinco de sus ochos miembros respondan al alperovichismo, con el peligro de que, cuando el radical José Cano se convierta en senador, se sume otro o, en el mejor de los casos, un acoplado al oficialismo hasta hace pocos meses: el neo-opositor Jorge Mendía.
En esa descompensación radica, probablemente, la explicación de por qué los tucumanos acaban de enterarse de que los miembros del jurado están por terminar -en la mayor de las tinieblas- la redacción del reglamento de funcionamiento de tan importante tribunal sin que nadie conozca mínimos detalles sobre quién ha elaborado el borrador, qué ha aportado cada estamento o dónde se han reunido para discutir (en el despacho del secretario provisorio, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, ¿tal vez?). A la par de semejante oscuridad, el CAM es una refinada cristalera europea.

Jugando al ajedrez
El hecho de que la Ley 8.197 asegure la presencia de un representante de los abogados y que uno de los tres legisladores pertenezca a la oposición, le brinda al CAM un piso de independencia. A esto se lo ha reforzado -y vaya cuánto- con la disposición reglamentaria de que, para adoptar una resolución, siempre serán necesarios cuatro de los seis votos posibles. Por esta vía, ningún estamento podrá imponerse por sí mismo y el mecanismo del doble voto concedido al presidente (debe ser un vocal de la Corte Suprema), para destrabar un eventual empate en tres, se transforma en el eje sobre el que descansa el sistema de decisiones del CAM.  
Hasta ahora y pese a las complejas discusiones sobre la reglamentación del proceso de selección que el CAM llevará adelante, todo ha salido por consenso. El problema se generará hoy, cuando haya que votar la propuesta del presidente, Antonio Gandur, de que, para apurar la cobertura de vacantes en un mismo fuero e instancia, se posibilite la celebración de un único concurso múltiple, iniciativa que cuenta con el respaldo del referente de los abogados, Antonio Bustamante, y del legislador opositor Esteban Jerez.
Aun cuando se opusieran los justicialistas Carolina Vargas Aignasse y Regino Amado, y el referente de los magistrados, Eudoro Albo -respecto de quien no sería una sorpresa si se alineara con el oficialismo-, Gandur cuenta con el doble voto. Por eso, podría darse que los alperovichistas se allanaran, a sabiendas de un eventual traspié, para no quedar como quienes traban la celeridad que pretende el mecanismo; más en la coyuntura, en la que suman 39 las vacantes.
Pero, a lo mejor -¿cómo contrapartida?-, quizás impulsen que se revise la composición de los jurados que confeccionarán y corregirán la prueba escrita. Otra vez, con el aval de Bustamante y de Jerez, Gandur impulsa que, para mayor transparencia, uno de los tres evaluadores sea de otra provincia. Como ya se aprobó que, en el caso de los abogados, la lista de posibles evaluadores por ese estamento sea confeccionada por los dos colegios que agrupan a los profesionales locales, la única salida pasa porque el jurado de afuera sea el representante de los académicos o el de los magistrados, a lo que se oponen estos últimos. Tal vez, los alperovichistas contraataquen con que el cupo foráneo debería sortearse entre los tres estamentos (letrados, jueces y catedráticos) o que sea rotativo entre ellos. Los abogados esgrimirán que no se puede volver atrás, con lo que la presión se trasladaría a Gandur para que decida.  
Sea que a la eventual postura oficialista respecto de los jurados la mueva una sincera búsqueda de equilibrio o sólo persiga dejar mal parados a los abogados -asociándolos con una postura corporativa- y, de paso, sumar otra vez a los magistrados (ya pasó con la vicepresidencia), en el CAM todo se vuelve visible. Y transparente.