El legislador Juan Vildoza (ex UCR) y el intendente de Bella Vista Manuel Fernández (PJ) fueron denunciados penalmente por un edil de esa ciudad, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionarios y malversación de caudales públicos.
El concejal radical Jesús Flores, basándose en el dictamen del abogado Alberto Granara, asesor letrado del Concejo, consignó en la Fiscalía Anticorrupción que entre 1995 y 1999, se hizo contraer a la Municipalidad una deuda en dólares que supera hoy los 34,5 millones de pesos. En ese período, Vildoza fue intendente de Bella Vista y Fernández fue presidente del Concejo.
Flores aclara que su presentación es individual porque sus pares "en forma sistemática han evitado y evitan pronunciarse" sobre el informe de la comisión investigadora de la deuda.A Vildoza le imputan haber cambiado el destino de una emisión de bonos municipales por 4,6 millones de dólares. Según la denuncia, tenían como fin la cancelación de pasivos municipales al 31 de marzo de 1997. Sin embargo, se habrían pagado trabajos públicos por 1 millón de pesos, que no fueron justificados en presupuestos posteriores, y amortizaciones de deudas varias por 2,8 millones, sin detallar.
Según Flores, también se desnaturalizó el objetivo de un crédito de 4,2 millones de dólares, también del 97, destinado a cubrir desequilibrios financieros, en especial la precancelación de dos préstamos del COMAFI por 900.000 y por 500.000 dólares. Ninguno de los dos créditos se saldó.
Según el edil, tampoco hay antecedente alguno de la recepción o distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que durante la gestión de Vildoza totalizaron 2,1 millones de dólares.Le imputan al legislador, además, haber tomado un crédito personal por 50.000 pesos a su esposa, Juana Rosa Herrera, pese a no poder contraer préstamos con particulares y sin autorización del Concejo. Se lo inculpa, también, de presentar instrumentos legales no autorizados por el Concejo para emitir los cheques diferidos de 1999.
Costosa obra sin terminar
Las presuntas irregularidades en la construcción de la inconclusa Casa de la Cultura alcanzan no sólo a Fernández.Flores asegura que el contrato con Helpa SRL no tenía autorización de los ediles y que estaban presupuestados sólo 20.000 pesos para la obra, pero se pactó un trabajo cuya primera etapa insumía 360.000 pesos. Sostiene, además, que el Concejo, en lugar de autorizar una contratación, eximió a la intendencia de llamar a licitación y adjudicó las tareas.
Fernández, además, es acusado de no haber ingresado en la Tesorería del Concejo (cuando era su titular) fondos que, por decreto, Vildoza había librado.
El concejal radical Jesús Flores, basándose en el dictamen del abogado Alberto Granara, asesor letrado del Concejo, consignó en la Fiscalía Anticorrupción que entre 1995 y 1999, se hizo contraer a la Municipalidad una deuda en dólares que supera hoy los 34,5 millones de pesos. En ese período, Vildoza fue intendente de Bella Vista y Fernández fue presidente del Concejo.
Flores aclara que su presentación es individual porque sus pares "en forma sistemática han evitado y evitan pronunciarse" sobre el informe de la comisión investigadora de la deuda.A Vildoza le imputan haber cambiado el destino de una emisión de bonos municipales por 4,6 millones de dólares. Según la denuncia, tenían como fin la cancelación de pasivos municipales al 31 de marzo de 1997. Sin embargo, se habrían pagado trabajos públicos por 1 millón de pesos, que no fueron justificados en presupuestos posteriores, y amortizaciones de deudas varias por 2,8 millones, sin detallar.
Según Flores, también se desnaturalizó el objetivo de un crédito de 4,2 millones de dólares, también del 97, destinado a cubrir desequilibrios financieros, en especial la precancelación de dos préstamos del COMAFI por 900.000 y por 500.000 dólares. Ninguno de los dos créditos se saldó.
Según el edil, tampoco hay antecedente alguno de la recepción o distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que durante la gestión de Vildoza totalizaron 2,1 millones de dólares.Le imputan al legislador, además, haber tomado un crédito personal por 50.000 pesos a su esposa, Juana Rosa Herrera, pese a no poder contraer préstamos con particulares y sin autorización del Concejo. Se lo inculpa, también, de presentar instrumentos legales no autorizados por el Concejo para emitir los cheques diferidos de 1999.
Costosa obra sin terminar
Las presuntas irregularidades en la construcción de la inconclusa Casa de la Cultura alcanzan no sólo a Fernández.Flores asegura que el contrato con Helpa SRL no tenía autorización de los ediles y que estaban presupuestados sólo 20.000 pesos para la obra, pero se pactó un trabajo cuya primera etapa insumía 360.000 pesos. Sostiene, además, que el Concejo, en lugar de autorizar una contratación, eximió a la intendencia de llamar a licitación y adjudicó las tareas.
Fernández, además, es acusado de no haber ingresado en la Tesorería del Concejo (cuando era su titular) fondos que, por decreto, Vildoza había librado.
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