Caos en el lugar de máximo control

Está a punto de cumplirse un año desde que los jueces de la sala II de la Cámara Penal ordenaron el estudio que determinó que el 65% de los presos consumía drogas. A pocas personas les importó el informe. Habiendo tantos problemas con adicciones y violencia en la sociedad, ¿qué de nuevo puede tener que en la cárcel -nada menos- haya drogas y violencia? Ni el Ministerio de Seguridad Ciudadana -responsable de lo que pasa en la penitenciaría-, ni la Justicia Federal, ni la Corte Suprema tucumana acusaron recibo del estudio que les enviaron los jueces... hasta que estos decidieron hacerlo público. Y con la publicidad estalló el escándalo, que marca la mayor de las contradicciones: precisamente en el único lugar donde la sociedad acepta que se restrinja al máximo la libertad individual y donde se supone que existe un control casi absoluto sobre lo que hace una persona, reina el caos de la compraventa de drogas.

Demasiada quietud
Ha pasado un año, pero más allá de la sorpresa pública por la suposición de que los presos viven drogándose y obligados a entrar en el comercio de estupefacientes y a mantener un código de silencio cuya violación puede llevar a la muerte, nada más ocurrió. El director del penal, Roberto Guyot, dijo que se sospechaba que los parientes de los reos llevaban la droga y ante la teoría de los jueces de que algunos guardiacárceles participan en el negocio de los estupefacientes dijo, simplemente, que se investigará y que el sistema será inflexible si se descubre algún caso. Pero no se descubrió ninguno. También dijo que hacen falta cámaras de vigilancia y perros adiestrados para hallar droga. Mas añadió que no hay plata para ello.
La imaginación de los funcionarios ofrece pocas sorpresas. La misma propuesta había hecho el ex comisario Roberto Vallejo, jefe del penal en 2001. Dijo que iban a instalar cámaras de vigilancia, que él las había visto funcionar y que sólo faltaba montarlas en Villa Urquiza. Explicó que la Ditonar  (así se llamaba entonces la división de drogas peligrosas) iba a aportar los perros entrenados para recorrer las filas de visitantes antes de que entrasen al penal. De esto se desprende que Vallejo, a su modo, ya había dejado escrito el discurso para Guyot. Ocho años después, el mismo problema, la misma propuesta de solución, la misma carencia.
La única diferencia es el estudio de los jueces de la sala II, que a partir de hoy será imitado por los camaristas de la sala VI, que han pedido que se investigue si los condenados que dependen de ellos han consumido estupefacientes.
Lo que aquel estudio revela, básicamente, es que la cárcel es una fábrica de adictos y un lugar de comercio ilegal, pese a que hay guardiacárceles vigilándolo todo. Y, siguiendo la lógica de Vallejo de hace ocho años, ese lugar es un polvorín, puesto que se considera que el consumo de psicotrópicos es uno de los principales motivos de amotinamientos.

Adentro y afuera
La paradoja del sistema penitenciario revela los criterios contradictorios con que se maneja la política de seguridad. Los presos son apenas el 2% o el 3% de los que cometen serias infracciones severas al orden. Muchos otros andan sueltos ahí afuera: el asesino de Paulina Lebbos, el homicida Vera de Los Pizarro.... Mientras el jefe del penal y el ministro de Seguridad Ciudadana se desentienden del problema planteado en el lugar donde se supone que hay control total, el sistema en general está con falencias severos: la falta de jueces hace que se recurra a juicios abreviados o a probation para zafar de los casos (igual se están haciendo muy pocos juicios orales) mientras crece la cantidad de procesados que están llegando a los dos años de prisión preventiva está llegando a un límite. Lo cual augura más problemas.
Se entiende que haya pasado un año desde que se hizo el informe y nada se haya hecho, excepto el anuncio de la Corte de que se hará un protocolo para ayudarle al Gobierno a buscar soluciones. A pocos les interesa lo que ocurra en la cárcel, siempre que quede dentro de los muros.
Pero debería interesarle a mucha gente. Bien dicen los jueces de la cámara penal que ellos deben preocuparse de que la penitenciaría ayude a resocializar a los reos y no los empeore, porque en algún momento van a salir en libertad, cuando cumplan sus condenas. A la sociedad le resultaría más conveniente que salgan mejor de lo que entraron, no peor.