10 Noviembre 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Empresarios de distintos rubros rechazaron ayer la disposición que estableció un incremento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, en el marco de los reclamos por la sanción de una nueva ley de riesgos laborales, El decreto que firmó la semana pasada la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sirvió para que unieran fuerza la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba) y la Bolsa de Comercio.
Por su lado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su rechazo, al destacar que fueron excluidos de las tratativas con el Gobierno. A tono de reproche, la SRA criticó la disposición de la UIA y la CAC a concurrir al Ministerio de Trabajo poco antes de que se sancionara el secreto. "Incluso ellos no están conformes con los resultados obtenidos", destaca la entidad.
En un comunicado, las otras cinco entidades consideran que el decreto presidencial, al cual tildan de "opinable constitucionalidad", incrementa "los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo". "Lamentamos que luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas", dice la nota. (NA)
Por su lado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su rechazo, al destacar que fueron excluidos de las tratativas con el Gobierno. A tono de reproche, la SRA criticó la disposición de la UIA y la CAC a concurrir al Ministerio de Trabajo poco antes de que se sancionara el secreto. "Incluso ellos no están conformes con los resultados obtenidos", destaca la entidad.
En un comunicado, las otras cinco entidades consideran que el decreto presidencial, al cual tildan de "opinable constitucionalidad", incrementa "los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo". "Lamentamos que luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas", dice la nota. (NA)







