Este año, los ingresos de Tucumán estarán fuertemente condicionados por el comportamiento de la recaudación nacional de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2003 prevé la captación de $ 1.051 millones para financiar gastos y pagar deudas.
La Provincia está aún lejos de autofinanciarse. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Economía, el 79% de la recaudación anual proyectada ($ 830 millones) corresponde a la coparticipación, mientras que el resto ($ 221 millones) se obtendrá por el cobro de los impuestos provinciales.
En esa área del Poder Ejecutivo estiman que hacia mediados de abril elevarán el Presupuesto a la Legislatura para su tratamiento.
Factores concurrentes
Dos factores concurren para comprobar la dependencia financiera casi exclusiva de Tucumán ante la Nación: la desafectación de los fondos coparticipables y el Plan de Financiamiento Ordenado. Ambos se conjugan para asegurar la tranquilidad social en el sector público, sin que el Estado caiga en atrasos salariales, como primera medida.
Desde este mes, el Poder Ejecutivo observará el ingreso adicional de $ 20 millones mensuales en la coparticipación, fruto del canje de la deuda pública. De una sobreafectación histórica del 114%, Tucumán sólo comprometerá este año un 58% de los recursos federales.
El pacto fiscal, en tanto, asegurará el envío de $ 86 millones en lo que resta del año. La primera remesa de $ 20 millones ya fue girada por la Nación y con esos fondos el PE terminará de pagar los salarios de febrero.
El esquema de desembolsos, sin embargo, vaticina meses conflictivos si el Ministerio de Economía no toma los recaudos financieros para afrontar las obligaciones salariales. La Nación adelantó al Gobierno que en mayo no se girarán fondos, ya que en ese mes la gestión del presidente Eduardo Duhalde priorizará el pago de intereses de la deuda externa del país.
Una situación similar podría evidenciarse entre setiembre y noviembre, ya que en ese lapso tampoco se proyectaron desembolsos para la provincia.A ese escenario se sumaría la destrucción total de los bonos, prometida por la Nación y por la Provincia para el próximo trimestre, lo que dejaría al gobernador Julio Miranda sin una fuente de financiamiento sin costo para el Estado.
Precisamente, el crédito federal para la destrucción de los Bocade requerirá el aval de la coparticipación para su cancelación. La Nación destinará cerca de $ 150 millones que deberán pagarse en un plazo de 10 años, con una tasa de interés anual del 2% más CER. En ese plazo, se deberá afectar $ 16 millones anuales de la coparticipación.
La Provincia está aún lejos de autofinanciarse. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Economía, el 79% de la recaudación anual proyectada ($ 830 millones) corresponde a la coparticipación, mientras que el resto ($ 221 millones) se obtendrá por el cobro de los impuestos provinciales.
En esa área del Poder Ejecutivo estiman que hacia mediados de abril elevarán el Presupuesto a la Legislatura para su tratamiento.
Factores concurrentes
Dos factores concurren para comprobar la dependencia financiera casi exclusiva de Tucumán ante la Nación: la desafectación de los fondos coparticipables y el Plan de Financiamiento Ordenado. Ambos se conjugan para asegurar la tranquilidad social en el sector público, sin que el Estado caiga en atrasos salariales, como primera medida.
Desde este mes, el Poder Ejecutivo observará el ingreso adicional de $ 20 millones mensuales en la coparticipación, fruto del canje de la deuda pública. De una sobreafectación histórica del 114%, Tucumán sólo comprometerá este año un 58% de los recursos federales.
El pacto fiscal, en tanto, asegurará el envío de $ 86 millones en lo que resta del año. La primera remesa de $ 20 millones ya fue girada por la Nación y con esos fondos el PE terminará de pagar los salarios de febrero.
El esquema de desembolsos, sin embargo, vaticina meses conflictivos si el Ministerio de Economía no toma los recaudos financieros para afrontar las obligaciones salariales. La Nación adelantó al Gobierno que en mayo no se girarán fondos, ya que en ese mes la gestión del presidente Eduardo Duhalde priorizará el pago de intereses de la deuda externa del país.
Una situación similar podría evidenciarse entre setiembre y noviembre, ya que en ese lapso tampoco se proyectaron desembolsos para la provincia.A ese escenario se sumaría la destrucción total de los bonos, prometida por la Nación y por la Provincia para el próximo trimestre, lo que dejaría al gobernador Julio Miranda sin una fuente de financiamiento sin costo para el Estado.
Precisamente, el crédito federal para la destrucción de los Bocade requerirá el aval de la coparticipación para su cancelación. La Nación destinará cerca de $ 150 millones que deberán pagarse en un plazo de 10 años, con una tasa de interés anual del 2% más CER. En ese plazo, se deberá afectar $ 16 millones anuales de la coparticipación.
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