Dilapidar el capital político no tiene precio

El Gobierno trabaja a pérdida. De otro modo no se entiende cómo, en vez de aprovechar el momento, termina dilapidando su capital político. El proceso de capitalización consiste en realizar una inversión u otorgar un préstamo, que debe redundar en interés durante el tiempo que se extiende esa inversión o el plazo de pago del capital. A juzgar por los hechos, la gestión del gobernador José Alperovich se está amortizando, más que capitalizándose políticamente de cara a 2011.
Las últimas semanas fueron  una tortura para los habitantes de la Casa de Gobierno. Surgieron problemas inesperados y otros que, pudiendo ser disipados, se los alimentó con nafta hasta convertirlo en una hoguera. Verbigracia: el conflicto con el personal de la salud. Como aquella propaganda de una tarjeta de crédito de alcance internacional, la acumulación de conflictos con la sociedad puede resumirse de la siguiente manera:
Cobrar el impuesto Inmobiliario con una suba promedio del 20% en las facturas tendrá un ingreso proyectado en $ 20 millones anuales. Esto crispó los ánimos en varias capas sociales alcanzadas por un revalúo que, aunque justo, no es oportuno para una provincia que ha recibido los coletazos de la crisis.
Otorgar 100 puntos de incrementos en la escala salarial de la salud puede significar un costo mensual de $ 8 millones para 4.000 profesionales. Habrá otros 70.000 estatales con derecho a solicitar una mejora en sus remuneraciones si se accede a esta demanda, dicen en el Poder Ejecutivo.
Las palabras de la primera dama, no tienen precio. Y si lo tiene, resulta impagables para la gestión. "Nos hacen paros jóvenes que entraron en nuestra gestión. Realmente, creo que el error ha sido no trabajar solamente con la gente de nuestro partido, que sabe lo que es la lealtad", confesó Beatriz Rojkés el mismo día de la lealtad peronista. Esto exacerbó las tensiones con los médicos, en vez de contribuir hacia la solución a un conflicto que no le hace bien a ninguna de las partes, menos a las familias que acuden al hospital público por falta de recursos. Muchos pensaron que la crisis en la salud es asemejable al conflicto que jaqueó la gestión de Ramón Ortega cuando se anunció un aumento masivo para los docentes y no pudo cumplirse por restricciones financieras. Alperovich reprochó en privado las palabras de la senadora. Públicamente, el gobernador evitó diferenciarse del pensamiento de su esposa.
A Alperovich no le sirve la nacionalización del conflicto sanitario. Sobre todo después de enterarse que es uno de los potenciales compañeros de fórmula de Néstor Kirchner, si al santacruceño decide pelear electoralmente en 2011. En Buenos Aires ya aparecieron afiches en ese sentido. Al gobernador esa idea le inquieta: lo expone más políticamente y,  llegado el momento, no le podrá decir que no a su padrino político con todos los riesgos que esa decisión implica.
 
La deuda interna
El Gobierno quiere cerrar con cierta tranquilidad financiera este 2009. Como todos los años, el mandatario apela a la vieja receta de fin de año. Inyectará $ 500 millones al circuito comercial, a través del pago de dos salarios y del medio aguinaldo. El proyecto de Presupuesto 2010 ingresará mañana a la Legislatura, con un nivel de gastos estimado en más de $ 7.100 millones, unos $ 800 millones más de lo que se previó para este ejercicio en el que no hubo ampliaciones de partidas. La gran espada de Damocles para la "Ley de leyes" sigue siendo el gasto en Personal, que sigue consumiendo cerca de un 47% del volumen de gastos.
Los números finos aún no están cerrados, pero es posible que la Legislatura administre una partida anual de $ 155 millones y el Poder Judicial otros $ 270 millones. El Gobierno es más optimista que este año respecto de las transferencias de parte de las retenciones a la soja. Con un precio estimado en U$S 372 por tonelada de la oleaginosa, estima que el año que viene podrá contar con $ 280 millones para encarar obras de infraestructura social. Unos $ 80 millones de esa remesa serían redistribuidos a los municipios. Asimismo, la Casa de Gobierno prevé sostener los pactos fiscales para pagar salarios y realizar obras adicionales, pero varios intendentes han iniciado un proceso de desendeudamiento y creen que la plata de la soja contribuirá hacia ese fin. Eso, políticamente, a la gestión Alperovich no le conviene. Los funcionarios temen que el efecto "Amaya" cunda hacia otras latitudes. Municipios endeudados significa, en términos de gestión política, disciplina y lealtad asegurada. El intendente de esta ciudad, Domingo Amaya, le ha dado una cara prueba de lealtad al mandatario, al despegarse de las críticas y de los funcionarios que responden al diputado Germán Alfaro. En el PE dicen que el "colorado" tenía mucho por perder, más que una carrera política. Su municipio arrastra una deuda de $ 300 millones.  
Para cualquier gestión, los conflictos no son un buen negocio, sobre todo para un Gobierno que quiere seguir cotizando en el mercado electoral.