29 Octubre 2009 Seguir en 
Las leyes se crean con el espíritu de hacer más perfectible la convivencia de los ciudadanos en una comunidad, para tender a su bienestar y a su seguridad, para imponer un orden social, en un marco de equidad. En las sociedades más desarrolladas culturalmente, los hombres diseñan normas para cumplirlas. En otras, pareciera ser que se crean con un sentido negativo, es decir para no cumplirlas o hacerlas acatar, para transgredirlas constantemente, para olvidarlas y recordarlas cuando conviene, pero es tarde. Como esos cachivaches que se arrumban en un desván o ropa que se guarda en un ropero y se desempolvan por unos días.
El año pasado hubo niños heridos y muertos como consecuencia de ataques de perros. Suele ocurrir ante estas desgracias, que presionados por la opinión pública, ediles y legisladores se movilizan. En el ámbito del Concejo Deliberante, salió a la luz que hacía 55 años, ya existía la preocupación por ordenar la población canina se había materializado en la Ley de Profilaxis de la Rabia, vigente desde 1953. La norma establecía la creación de un registro provincial de perros, que nunca se había implementado. El 22 de setiembre de 2008, los ediles capitalinos votaron a favor de la creación de un registro público de canes considerados "potencialmente peligrosos" y otro de criadores y adiestradores de razas como pitbull, rottweiler, dogo argentino y doberman, entre otros. Según la iniciativa aprobada, los dueños de animales de estas razas deben tener la documentación del perro, con un seguimiento de las vacunas y efectuarse un examen psicológico. El 23 de octubre del año pasado, la Legislatura sancionó una ley que regula la cría y la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Se detallaron las razas afectadas y se prescribió que el Estado pudiese secuestrar esos canes; que los criaderos deben tener normas de seguridad y que, cuando esos animales sean paseados, deben llevar bozal. Sin embargo, dos artículos referidos a los órganos de aplicación fueron vetados por el Ejecutivo. Un legislador dijo en octubre de 2008 que el resto de la ley estaba vigente, pero sucedía que las sanciones no podían aplicarse porque no se ha determinado aún quién lo haría.
La Municipalidad inició entonces una campaña de concientización del uso del bozal que duró pocos días y en consecuencia, quienes acataron la norma se convirtieron en una excepción. A comienzos del mes en curso y a un año de sancionada la ordenanza Nº 4.046 para registrar a los perros peligrosos, la autoridad municipal admitió que pocos propietarios (apenas 120) habían llevado a vacunar a sus canes, retiraron los bozales con los que están obligados a pasearlos y colocaron los carteles en sus casas indicando "Peligro".
En las plazas se siguen viendo perros potencialmente peligrosos sin correa ni bozal. Tampoco los paseadores cumplen con su obligación de limpiar las deposiciones de los canes. Ante esta situación, las autoridades anunciaron que comenzarían a multar a los infractores: las sanciones económicas van desde los $ 300 y a los $ 1.000. "Les dimos ya un tiempo considerable para que se concientizaran y no lo hicieron. Ahora no tenemos más opción que hacer cumplir la ley", dijo en esa ocasión un funcionario.
Una campaña de concientización de una nueva norma debe hacerse con intensidad y constancia durante por lo menos seis meses y luego ponerla en marcha. Ello no suele hacerse, de manera que la ciudadanía no puede incorporar el hábito. Algo similar está ocurriendo con el uso del casco en los motociclistas. Luego del temor inicial, muchos han vuelto a circular sin la protección exigida. En otras sociedades, educación más aplicación rigurosa de la ley es la clave. Sin embargo, en Tucumán, parece que no hemos logrado entenderlo.
El año pasado hubo niños heridos y muertos como consecuencia de ataques de perros. Suele ocurrir ante estas desgracias, que presionados por la opinión pública, ediles y legisladores se movilizan. En el ámbito del Concejo Deliberante, salió a la luz que hacía 55 años, ya existía la preocupación por ordenar la población canina se había materializado en la Ley de Profilaxis de la Rabia, vigente desde 1953. La norma establecía la creación de un registro provincial de perros, que nunca se había implementado. El 22 de setiembre de 2008, los ediles capitalinos votaron a favor de la creación de un registro público de canes considerados "potencialmente peligrosos" y otro de criadores y adiestradores de razas como pitbull, rottweiler, dogo argentino y doberman, entre otros. Según la iniciativa aprobada, los dueños de animales de estas razas deben tener la documentación del perro, con un seguimiento de las vacunas y efectuarse un examen psicológico. El 23 de octubre del año pasado, la Legislatura sancionó una ley que regula la cría y la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Se detallaron las razas afectadas y se prescribió que el Estado pudiese secuestrar esos canes; que los criaderos deben tener normas de seguridad y que, cuando esos animales sean paseados, deben llevar bozal. Sin embargo, dos artículos referidos a los órganos de aplicación fueron vetados por el Ejecutivo. Un legislador dijo en octubre de 2008 que el resto de la ley estaba vigente, pero sucedía que las sanciones no podían aplicarse porque no se ha determinado aún quién lo haría.
La Municipalidad inició entonces una campaña de concientización del uso del bozal que duró pocos días y en consecuencia, quienes acataron la norma se convirtieron en una excepción. A comienzos del mes en curso y a un año de sancionada la ordenanza Nº 4.046 para registrar a los perros peligrosos, la autoridad municipal admitió que pocos propietarios (apenas 120) habían llevado a vacunar a sus canes, retiraron los bozales con los que están obligados a pasearlos y colocaron los carteles en sus casas indicando "Peligro".
En las plazas se siguen viendo perros potencialmente peligrosos sin correa ni bozal. Tampoco los paseadores cumplen con su obligación de limpiar las deposiciones de los canes. Ante esta situación, las autoridades anunciaron que comenzarían a multar a los infractores: las sanciones económicas van desde los $ 300 y a los $ 1.000. "Les dimos ya un tiempo considerable para que se concientizaran y no lo hicieron. Ahora no tenemos más opción que hacer cumplir la ley", dijo en esa ocasión un funcionario.
Una campaña de concientización de una nueva norma debe hacerse con intensidad y constancia durante por lo menos seis meses y luego ponerla en marcha. Ello no suele hacerse, de manera que la ciudadanía no puede incorporar el hábito. Algo similar está ocurriendo con el uso del casco en los motociclistas. Luego del temor inicial, muchos han vuelto a circular sin la protección exigida. En otras sociedades, educación más aplicación rigurosa de la ley es la clave. Sin embargo, en Tucumán, parece que no hemos logrado entenderlo.
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