Polémica por la ley de entidades financieras

BUENOS AIRES.- Diversos respaldos y cuestionamientos despertó ayer el proyecto oficial de reforma de la Ley de Entidades Financieras, que el Gobierno pretendería aprobar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre próximo.
La Ley de Entidades Financieras vigente -que nació bajo el número 21.526- data de 1977, de la época de José Alfredo Martínez de Hoz, durante la última dictadura militar, y abrió a los bancos la posibilidad de manejar sus negocios con libertad. A tal punto que un artículo de esa normativa dice que se le permite a los bancos cualquier operación que no esté expresamente prohibida en el articulado, pero prácticamente no fija límites para las decisiones financieras.
A partir de ese momento se comenzó a dar un proceso de concentración del sistema y desaparecieron buena parte de la banca provincial y las cajas de crédito.
La intención del Gobierno, ahora, es que los bancos canalicen una mayor cantidad de fondos hacia la producción y menos a la especulación.
Pero, los detractores de estos cambios advierten que una mayor regulación limitará las transacciones e impactará en forma negativa en la actividad económica. El economista Orlando Ferreres advirtió que con esta reforma la recesión puede volver, en tanto que Alfredo Piano calificó de una estupidez total y absoluta la idea de gravar la renta financiera.
En contraposición, el cooperativista Carlos Heller y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, destacaron la importancia de que los créditos financien a las PyME.
La reforma que se evalúa presentar busca convertir al sistema bancario en una institución para la promoción del desarrollo, en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina.
También pretende que el BCRA pueda realizar política monetaria activa a través de la organización de redescuentos para otorgar créditos a PyME, fijando mediante ese instrumento las condiciones de plazo, las tasas y el régimen de penalidades.
Voces encontradas
En cuanto al redireccionamiento del crédito, el proyecto  apunta a establecer límites al porcentaje de la cartera de crédito de las entidades que pueden ser destinadas a consumo y financiamiento del Estado, pudiéndose establecer encajes fraccionados.
Asimismo, supone poner topes a los costos de financiamiento que pueden cobrar los bancos; exigir la presencia de las entidades bancarias en todo el país, así como gravar ciertas operaciones financieras. "Es como ponerle 100% de encaje a los bancos, serán un instrumento nada más para ejecutar lo que diga el Gobierno", cuestionó Ferreres. Es que, según dijo, "si todo el dinero se reencamina para las necesidades financieras del Estado y no queda prácticamente nada para el sector privado, evidentemente la recesión puede volver".
Por su parte, Piano reconoció que en general están un poco retraídos los bancos, pero consideró una estupidez total y absoluta que se pretenda gravar la renta financiera ya que a su entender complicará las inversiones.
Heller, uno de los impulsores de esta reforma, explicó que con ella se busca considerar la actividad financiera como un servicio público, de modo tal que el usuario tenga acceso universal y el derecho a recibir los servicios financieros.
También indicó que el segundo eje es que el sujeto de la ley son ellos y no las entidades"
Recientemente, Heller confirmó que tiene pensado presentar un proyecto en ese sentido cuando asuma el 10 de diciembre, aunque la iniciativa podría adelantarse en el marco de la actual composición del Congreso, favorable al oficialismo. (NA)