Investigar hasta las últimas consecuencias

Tres policías de la Provincia fueron detenidos esta semana en Bella Vista, acusados de cohecho, en una causa en la que supuestamente pidieron dinero a una persona para evitar que fuera detenida. La Fiscalía de Instrucción V lleva a cabo la investigación, tras el operativo en el que se trabajó con la persona denunciante, que entregó a los sospechosos billetes marcados a fin de que fueran atrapados "in fraganti" por efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía en el momento de recibir el dinero. Los defensores de los acusados afirman que les tendieron una trampa, mientras que la víctima relató que recibió fuertes presiones de los involucrados, los cuales fueron pasados a disponibilidad por el jefe de la fuerza de Seguridad.
Esta investigación ha suscitado mucho interés, por tratarse de una causa de delitos que involucra a personal de seguridad del Estado que debería ser, precisamente, el garante de la legalidad y del correcto funcionamiento de las cosas. Es que la corrupción, que puede anidar en cualquiera de las áreas de la administración, genera fuerte incertidumbre cuando sale a luz y afecta la imagen que la gente tiene del Estado, que es precisamente el regulador de la armonía en la vida comunitaria.
Al respecto, los casos que toman estado público son muy pocos. Apenas se cuentan con los dedos de la mano los más recientes -hace pocos meses se acusó a un policía de pedir coimas a automovilistas en el parque 9 de julio, y hace casi tres años un oficial fue acusado de agresión en medio de un confuso incidente en el que agentes municipales quedaron sospechados de pedirle dinero a un motociclista. Y el hecho de que la cantidad de casos que se denuncian sean escasos parece vincularse con el hecho de que, por lo general, para las víctimas es bastante difícil hacer presentaciones en comisarías contra miembros de la misma fuerza de seguridad. De hecho, las acusaciones se hacen ante la misma Justicia -como ha sido en este caso- ante la presunción de que el esquema absolutamente verticalista y cerrado de la Policía podría contribuir a "tapar" la denuncia. En este sentido, cabe señalar que, por un lado, el jefe policial, comisario general Hugo Sánchez, separó inmediatamente a los acusados y advirtió que se actuará rápidamente contra este tipo de prácticas, y, por otro, la misma fuerza de seguridad puso énfasis en que el operativo partió desde la Policía (lo cual es motivo de debates entre los abogados de la víctima y de la defensa de los acusados). Con ello, al parecer, se quiere señalar que dentro de la Policía están creados los elementos necesarios como para impedir que se generalicen prácticas como la de marras. También hay que advertir que las estadísticas sobre denuncias de corrupción indican que las investigaciones demoran cinco veces más en ser resueltas, por la dificultad en hallar pruebas y por tratarse de delitos que no involucran robos o lesiones o hechos más graves de violencia, que requieren más premura. Y si a esto se añade la poca convicción de la gente acerca de que funcionen los resortes legales -la última encuesta de Transparencia Internacional revela que nuestro país ha retrocedido del puesto 93 al 109 en el índice de corrupción- tenemos un panorama que sugiere que estos casos a menudo son una muestra de un sistema que revela falencias fuertes.
Así las cosas, convendría no sólo estar atentos a que se resuelva esta investigación -tanto si la acusación fuera infundada y los acusados resultaran inocentes como si se probara su supuesta culpabilidad- sino en verificar si los mecanismos para buscar una Policía y un Estado más transparentes y menos permeables a la corrupción funcionan. Y  ello implica que los responsables de administrar la cosa pública partan de estos casos testigo para analizar y reformular las políticas públicas respectivas.