Moratorias que premian a morosos

Desde hace muchos años, se escucha una frase de los funcionarios de turno que tiende a consolidarse en los primeros puestos en la categoría de clásico. "¡Y no habrá prórroga!" Lo repitió en estos días el director general de Rentas al referirse a la nueva moratoria que lanzó el Gobierno provincial.
Ayer fue el último día de vigencia de la tercera prórroga instrumentada por la actual administración. El Poder Ejecutivo ya hizo uso de la facultad que le otorgaba la ley 8.166 (Régimen Excepcional de Facilidades de Pago), a través del artículo 32, para extender el plazo por 30 días hábiles más. Para reanudar la moratoria será necesario dictar otra norma. Según los funcionarios, por ahora el Ejecutivo no tiene intenciones de redactarla.
El titular de la repartición señaló que el Gobierno ha superado las expectativas iniciales de recuperar unos $ 100 millones y de alcanzar una adhesión de alrededor de 25.000 morosos. Se indicó que el monto de la deuda a regularizar es superior en $ 5 millones a las proyecciones oficiales. El director de Rentas dijo que muchos deudores refinanciaron regímenes instrumentados mediante la resolución ministerial 12, que contempla el pago de multas y de intereses, mientras que otros consideraron este plan como una alternativa para regularizar viejas deudas.
Durante la gestión de este Gobierno, en la moratoria de 2005 se presentaron 106.929 planes de facilidades de pago; en 2007 la cifra descendió a 36.200 planes y este año ascendió a 54.300.
En setiembre de 2006, Rentas decidió reactivar las demandas a alrededor de 12.000 deudores de inmuebles con elevada valuación fiscal. Las intimaciones de pago, por una deuda histórica que ascendían a $ 28 millones, comenzaron a ser distribuidas a domicilio. Los inspectores de Rentas y el personal de correo privado repartieron por semana 1.200 notificaciones. Las primeras fueron para grandes contribuyentes que registran boletas impagas en los últimos cinco años, por un total de $ 8 millones. El objetivo era recuperar el monto total de la deuda hasta fines de 2006.
En octubre de 2007, se informó que el Gobierno consideraba que el tiempo de gracia de un año había pasado y que, a partir de ese momento se debía avanzar hacia la actualización de los valores fiscales de las propiedades urbanas de toda la provincia. De acuerdo con las estimaciones oficiales,  se iba a actualizar el valor fiscal de alrededor de 254.500 viviendas urbanas.
Es lógico que el Estado intente cobrar a los morosos. Los plazos para el pago de impuestos se renuevan de tiempo en tiempo. Es, por cierto, conocida la cultura de no pago del tucumano. La morosidad, por ejemplo, en el pago de algunos servicios como el agua sigue siendo elevada. En alguna medida, ello se debe a que el grueso de la población percibe salarios que apenas le alcanzan para subsistir con dignidad y pagar todos los impuestos y servicios los coloca en una situación incómoda e indeseable. Por ejemplo, un jubilado que cobra $ 800 y que sea propietario, difícilmente pueda hacer frente a la presión fiscal. Por otro lado, en las moratorias, los que siempre pierden son los que pagan los tributos en tiempo y forma. Se premia a los deudores, pero no a quienes no lo son. Se crea así un estado de inequidad que lleva al ciudadano a preguntarse si es más conveniente ser deudor que pagador, porque el Estado siempre le da una oportunidad para ponerse al día.
Tal vez si el ciudadano común viese que el dinero que paga en impuestos se refleja en mejores servicios públicos, como sucede en varios países europeos, posiblemente se vería más incentivado a pagar. Creemos que debe buscarse una solución para erradicar esa realidad tan arraigada en nuestra idiosincrasia, donde muchos "pícaros" viven del esfuerzo de unos pocos.