Interna abierta de abogados

El lunes, el azar los cruzó en la calle. Se desearon mutuamente buena suerte y se prometieron que protagonizarán una campaña electoral leal. Aunque diez listas se anotaron, Antonio Bustamante y Julio Rougés, seguramente, polarizarán los comicios previstos para el 23 de octubre, de los que surgirá nada menos que el representante de los abogados de la capital en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Ni el más suspicaz guionista podría haber pergeñado una trama en la que, precisamente ellos, resultaran los principales contradictores en una cuestión tan cara para ambos.
Bustamante y Rougés se conocen desde que integraron la comisión de juicio político del Colegio de Abogados entre 1994 y 1995. Pero el tema que ahora los enfrenta, los convocó por primera vez a propósito del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bustamante fue elegido representante suplente de los abogados de la matrícula federal para el período 1998-2002, en que dicho órgano comenzó a funcionar, pese a que había sido introducido por la reforma constitucional de 1994. Durante ese lapso también se desempeñó como asesor del consejero Eduardo Orio. Precisamente, entre 1999 y 2001 Rougés intervino en los primeros concursos, dado que participó de los llamados para cubrir dos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El resultado -aunque no la experiencia en sí- ha sido amargo para él. Si bien terminó primero en la prueba de oposición -común para ambos procesos- y pese a que integró las dos ternas remitidas por el Consejo al Poder Ejecutivo (en un caso hasta la encabezó), finalmente, no resultó elegido.
Ambos protagonizaron aquella aventura fundacional. Uno, en los entresijos de la conformación del órgano selector, y el otro, en los avatares -no siempre gratos- de los procesos de selección, razón de ser de esta pieza institucional.  

Sorpresa y media  
La postulación de Bustamante no es una sorpresa. Con habilidad, ha sabido erigirse casi en la cara visible -aunque no exclusiva- de la lucha sostenida por el Colegio de Abogados (al que presidió entre 2004 y 2008) a favor de la constitución del CAM. Esto explica por qué, en las negociaciones en pos de la unión -finalmente frustrada- que mantuvieron con sus oponentes de la lista Manuel Belgrano, los referentes de la Alianza-Alberdi-Verde presentaron al CAM casi como el destino inexorable de Bustamante. A esta convicción la han reafirmado con el perfil que eligieron para el postulante suplente al CAM, Marcelo Fajre, protesorero durante la gestión de Bustamante y partícipe clave de aquella pelea. La cohesión está asegurada. El desafío de la Alianza será el de conjurar los efectos del desgaste que genera toda contienda prolongada.  
En cambio, los dirigentes de la Belgrano calcularon que, en un frente con la Alianza, con Bustamante como candidato titular, aun ganando, perdían en el ajedrez que juegan contra el otro sector en el colegio. Por eso, tras días de hermetismo, reaccionaron ingeniosamente con la inesperada postulación de Rougés. Así, y aunque este último tiene militancia en la colegiación (fue secretario entre 2000 y 2004), optaron por alguien de gran prestigio en el foro. De paso, en el tablero interno, preservaron para el futuro a Jorge Chehín. Al postularlo como suplente para el CAM, evitaron que el vicepresidente del colegio -con mandato hasta 2010- se topara directamente con Bustamante.  
En teoría, la Ley 8.197, que crea el CAM, establece que el  estamento de abogados debe elegir a quien lo representará (por la capital o por el sur). Pero, en los hechos, será una suerte de interna abierta de los colegios que los agrupan. La prueba es que, en esta ciudad, se inscribieron diez listas, pero sólo dos (las que encabezan Bustamante y Rougés) tienen por detrás militantes, estructura y sobrada experiencia en estas lides. Y en el caso de los comicios de los que surgirá el miembro del CAM cuando haya que cubrir una vacante en los tribunales de Concepción o de Monteros, las dos nóminas responden milimétricamente a las dos corrientes que actúan en el Colegio de Abogados del Sur: Jorge Cinto-Carlos Correa (San Martín) y Eduardo Fernández-Angel Fara (Manuel Belgrano). Por eso, algunas provincias (Buenos Aires), con sinceridad, directamente reservan a las asociaciones que regulan la matrícula profesional determinados espacios en el Consejo de la Magistratura.      
Pareciera que la línea divisoria entre colegiación y estamento es por demás deleble. De hecho, el artículo 17 de la Ley 5.233 (Ejercicio Profesional) define a los colegios de abogados como organismos de la administración de justicia y, precisamente, el CAM es el órgano que, por primera vez en nuestra historia, seleccionará mediante concursos a los jueces. Esto, si bien justifica el interés -cuando no el compromiso- de todos los letrados en la suerte del nuevo paradigma institucional, también explica por qué está en juego mucho más que la interna de un colegio: está en ciernes otra cultura de la que dependerá la composición y el grado de independencia de la Justicia de los próximos 20 años. Por eso es saludable que Bustamante y Rougés, haciéndose eco del firme compromiso del colegio de capital, estén persuadidos de que la irrupción del CAM torne en monstruosidad constitucional la apurada salida con la que algunos sueñan en la Corte Suprema para, de entrada nomás, dejar de lado al CAM de la designación de subrogantes hasta que las vacantes sean cubiertas definitivamente.