Seis años y $ 28.000 millones después

La desacertada manera en la que el gobierno de José Alperovich ha encarado el conflicto de la salud ha adquirido tal magnitud que ya puede medirse en kilómetros lineales. Diez cuadras completas llenaron los trabajadores autoconvocados de la salud en la última protesta, junto con los sectores de la clase media y de los partidos de la izquierda que los apoyan. Mil metros de reclamo de un poco de dignidad laboral: mejores salarios, titularidad para los contratados, carrera sanitaria con concursos para ingresos y ascensos, 82% móvil para las jubilaciones, y un adicional por trabajo insalubre. Un kilómetro de indignación: todas esas demandas legítimas fueron contestadas con una demanda judicial.
Acaso, la gran novedad alperovichista en lo que va del vapuleado 2009 ha sido que el Gobierno haya denunciado penalmente a los empleados públicos que han salido a la calle a decirle al oficialismo que disienten con sus políticas de salud pública. La Casa de Gobierno ha comenzado a desafinar: no suena bien reivindicarse kirchnerista en Buenos Aires mientras en Tucumán se promueve la criminalización de las protestas de los trabajadores. No sólo desentona con los "k": tampoco armoniza con el peronismo.
Pero lo verdaderamente inquietante del asunto no radica tanto en lo que la medida representa (un apriete) sino en su contenido. Porque el escrito promovido desde el Siprosa dice que tal vez haya pacientes afectados por la huelga médica, y que esa intuición es razón suficiente para que la Justicia instruya una causa. Es más, no se acusa a nadie en particular, por lo que el expediente debió girarse a la oficina de Autores Desconocidos. En definitiva, los administradores del Estado han determinado que la más genérica de las presunciones habilita a que se exijan formales explicaciones a un empleado público. Y esto es un antecedente señero.

Matadero interpueblos
Sin escalas, la lógica del Gobierno habilita, por ejemplo, a que los vecinos del sur tucumano se consideren abandonados por esta gestión. A ellos les adeudan todavía la nueva ruta 38, a pesar de que el erario nacional y provincial vivió un período de abundancia. Y no se trata de que la integridad de esos tucumanos puede que esté en riesgo: en ese matadero interpueblos se malogran vidas todas las semanas.
También pueden declararse desatendidas las mujeres del Este: deben venir a la capital para dar a luz. Y los vecinos de Amaicha del Valle, que van a Santa María, Catamarca, para realizarse los estudios que su provincia no les brinda. De hecho, estos comprovincianos podrían alegar que las carencias que tuvieron durante el quinquenio 1998 - 2002, cuando los Presupuestos Generales de la Provincia totalizaron $ 6.669 millones, son las mismas que siguieron padeciendo durante el alperovichismo. A pesar de que en el lustro 2003 - 2007 la Provincia se presupuestó $ 15.102 millones. A ellos hay que sumar los $ 6.700 millones ejecutados en 2008. Y los $ 6.200 millones pautados para este año.
Precisamente, los tucumanos en general podrían alegar que no son bien asistidos. Porque, en definitiva, ¿qué queda para la provincia seis años y $ 28.000 millones después? ¿Pavimento flexible, la fantasía del dique Potrero de las Tablas, los cimientos del hospital del Este y el pequeño Hospital de Aguilares, que no computa en las cuentas locales porque lo pagó la Nación?
Mientras tanto -y con menos recursos-, Jujuy tiene una autopista, Salta tiene dos y Santiago del Estero inauguró terminal, autódromo y corredor productivo.

Los autos tienen derecho
La seguridad jurídica fue abandonada en el desierto de la discrecionalidad. Pusieron en venta los inmuebles del patrimonio histórico, y después dieron marcha atrás. Aprobaron la designación de Francisco Sassi Colombres en la Corte, a pesar de que fue fiscal de Estado durante el Proceso, y después dieron marcha atrás. Quisieron destituir del superior tribunal a René Goane porque fue fiscal de Estado durante el Proceso, y después dieron marcha atrás. La razonabilidad de los actos de este Gobierno, en rigor, sólo ha funcionado en reversa.
Coherentemente, la Constitución provincial fue abandonada: después de la reforma de 2006, es una compilación de atropellos del poder político, a tal punto que la Corte, inclusive, tiene que andar declarando nulidades de oficio. Acaso por ello, también el Gobierno se desentendió de la Justicia y trató infructuosamente de arrodillarla, generándole acefalías por decenas y decenas.
La nula calidad institucional, como era de prever, también se cobró víctimas de carne y hueso. La familia Manganelli hoy puede perder su casa de San Lorenzo al 300, porque más importante que el derecho a la propiedad privada de cualquier tucumano es la necesidad del Tribunal de Cuentas de tener un acceso más cómodo para sus cocheras. Deberán pedirle a la Presidenta que, cuando nos visite los 9 de Julio, trate de no hablar sobre la oligarquía. Al menos, no en tono cuestionador.
Qué decir de los jubilados transferidos. Ellos sí son cada vez menos: se están muriendo, uno tras otro, sin conseguir que este Gobierno les reconozca el beneficio de la movilidad y de la porcentualidad. Piden eso para que, después de una vida de trabajo, no tengan que mendigar para comprar los medicamentos y llegar a fin de mes. Pero eso, claro, no es abandono de personas?
También podrán considerarse abandonados los inversores locales, porque el alperovichismo sólo se ocupa de incrementar la presión fiscal y las penalidades contra los tucumanos que apuestan por Tucumán. En cambio, para cualquiera que venga de afuera habrá exenciones impositivas y crédito fiscal, y el Gobierno pagará alquileres y salarios privados. En lugar de una alfombra roja, pusieron a los foráneos a caminar sobre las espaldas de los contribuyentes de la provincia.

Con socios así...
Quedó abandonado la autonomía municipal: figura en la Carta Magna de 2006 pero fue abolida de la realidad. Es más, mediante el Pacto Fiscal, el Ejecutivo le presta a esas administraciones el dinero que, en realidad, es de ellas: llega con la coparticipación federal. Luego, el Gobierno se convierte en un acreedor de lo que no era suyo. Para qué hablar de las comunas: debieron ceder la recaudación a Rentas.
Eso sí, los intendentes y los delegados rurales están mudos. Y es que hay instituciones que, en realidad, fueron echadas al abandono por sus miembros. Ninguna tan emblemática como la Legislatura: el bloque Tucumán Crece, lejos de hacer valer ante el Ejecutivo la importancia de tener 41 de los 49 parlamentarios, sólo ha manifestado una dependencia inclaudicable ante los telefonazos de la Casa de Gobierno.
Por estos días, además, el alperovichismo sería pasible de incurrir en abandono de provincia. Eso puede inferirse de las proyecciones del Presupuesto 2010 de la Nación, según las cuales el Ministerio de Salud que conduce el vicegobernador Juan Manzur mandará a Tucumán, el año que viene, $ 54 millones: el Siprosa gasta más que eso en un mes. De hecho, la llegada del socio político de Alperovich al gabinete federal no sirvió para gestionar grandes ayudas kirchneristas: hasta aquí, el año que viene no habrá asistencia para ninguna obra pública de gran envergadura.

El fracaso de la política
Los que definitivamente están legitimados para declararse abandonados son los pobres. Porque el Gobierno, incluso, abandonó el más mínimo respeto por ellos: la economía no crece, aumentó el desempleo, no hay nuevos puestos de trabajo, la inflación es imparable y el Indec acaba de decir que hay menos necesitados en el país. De hecho, ahora hay más o menos la misma cantidad de pobres que en Luxemburgo. Y en Tucumán, el oficialismo nada dijo el respecto.
En rigor, el alperovichismo ha perdido la voz pública en los últimas semanas. El conflicto de la salud lo acalló. En los despachos tratan de darse ánimo después de las multitudinarias protestas de los miércoles y afirman, a la siesta, cuando pasó el temblor,: "ganamos una semana más". Con eso se solazan: no tendrán más protestas por los próximos siete días. Los autoconvocados han establecido un nuevo calendario. Y el oficialismo ha perdido el manejo de la agenda pública.
Es que el Gobierno ha abandonado la política. De hecho, sacó un certificado de fracaso en esa materia cuando, frente a su propia incapacidad para negociar, denunció penalmente a los empleados de la sanidad.
Las consecuencias de tanta impericia no se circunscriben a la capital. Ya hubo manifestaciones en Alberdi y cortes de ruta simbólicos en Santa Lucía. La próxima movilización se dará el lunes nada menos que en Aguilares, el bastión donde Sergio Mansilla consiguió 10.000 votos en los comicios anteriores. Los autoconvocados marcharán desde el nuevo hospital hacia el centro de la ciudad: en ese trayecto está la casa materna del vicegobernador en los hechos. Allí se apostarán los dirigentes del alperovichista, con el argumento de que no quieren ataques contra la propiedad.
Enfrente, desfilarán sobrinos y hasta hermanos de legisladores que se reivindican oficialistas en el recinto. El pronóstico dice que no habrá incidentes ni contramarchas. Pero la visibilidad está empezando a enturbiarse en las filas del peronismo gobernante.

Veinte veces "no debo"
Los que sí saben que no hay menos pobres, sino todo lo contrario, son los trabajadores de la salud pública. Esos que, en muchos -pero muchos- casos, siguen yendo a trabajar normalmente a los hospitales, pero en solidaridad con la huelga no firman la asistencia. Esos que están denunciados de abandono de personas no abandonan a los desposeídos: siguen cuidándolos a pesar de que ganan $ 2.000 por mes. Y mucho menos también.
Los protagonistas de la salud pública están entre los primeros abandonados de este Gobierno. Si a ellos, por reclamar sueldos menos indignos, le corresponde la figura penal del abandono de personas, sería interesante saber qué cree el Gobierno que le cabe a los miembros alperovichistas de los poderes políticos: ellos ganan 20 meses más -por lo menos- que los trabajadores de la sanidad, pero sus políticas no han sacado del pozo social a cientos de miles de tucumanos.
Por supuesto, no son situaciones equiparables. Si los tucumanos presentarán una demanda por abandono de personas, esa causa, definitivamente, no tendría autores desconocidos.