27 Septiembre 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES.- "El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá" (Proverbios 19:9). El precepto bíblico nos remite a una de las peores conductas humanas. Dueña de un potente poder corrosivo, hasta la destrucción, la mentira va horadando las células de una sociedad que en muchos casos se manifiesta complaciente frente a la conducta que baja desde el poder. ¿Cómo es posible que el gobierno instale la mentira como una pauta de conducta y que la imponga hasta dañar el tejido social? Desde que se miente con las estadísticas de precios, la administración Kirchner no ha hecho otra cosa que torcer la realidad a su placer, con el silencio cómplice de gran parte de la población que aprueba esta forma de dinamitar el tejido social. No se trata ahora de precios, ahora se apunta a esconder el perfil más débil y triste del modelo: la pobreza.
Se sigue mintiendo con la muletilla del "superávit fiscal" cuando las cuentas públicas muestran un déficit ya crónico y cuando el Tesoro le sigue quitando dinero a los jubilados y a la salud para paliar el desequilibrio generado, en la madeja de subsidios entrecruzados que sólo benefician a unos pocos privilegiados, partidarios del gobierno. Las cuentas muestran que en los primeros ocho meses, el déficit fiscal trepó a $ 2.550 millones, todo ello sin contar el dinero extra que ingresó proveniente de la confiscación de los ahorros provisionales privados.
Si no se tomaran en cuenta estos fondos apropiados ilegítimamente, el desequilibrio hubiera trepado a casi $ 12.000 millones. Pero este marasmo fiscal y financiero tiende a duplicarse si se toman en consideración los desequilibrios provinciales, con lo cual el déficit treparía a más de $ 25.000 millones -unos U$S 6.000 millones-, cubiertos con deuda. Entonces, la mentira del "superávit" lleva a la otra mentira del "desendeudamiento".
Con la exacción de fondos aplicada al PAMI por $ 1.630 millones, la gestión Kirchner tomó deuda este año con organismos del sector público por $ 38.000 millones. Todo este déficit estuvo generado en un descomunal aumento del gasto improductivo que le ha hecho pagar los platos rotos a los que menos tienen por lo cual resulta lógico que la pobreza aumente contrariando la cosmética oficial.
La mentira se ha constituido en una constante para el modelo regente. "Queda clausurada la posibilidad de un nuevo canje", replicaban una y otra vez. Sin embargo, ya hubo un canje y ahora van por otro con una gran compañía de beneficiarios no casuales.
En primer lugar, la propuesta argentina a los holdouts excluye a los acreedores locales y discrimina a los fondos denominados "buitre".
En segundo lugar, para validar el canje, los bancos deberán llevar deuda en default por al menos U$S 8.000 millones, de un total de deuda vencida y exigible que roza los U$S 30.000 millones tomando en cuenta los intereses operados.
En tercer lugar, quienes entren en el canje deberán suscribir un bono nuevo por U$S 1.000 millones, con vencimiento en 2016 a cambio de una mejor tasa y el reconocimiento de los intereses vencidos, mediante la entrega de bonos Discount. Pero por qué tanto interés tiene el Gobierno en llevar adelante esta operación que está prohibida por la ley 26.017.
En primer lugar, en el proyecto de Presupuesto 2010 se incluyó la facultad para que el ministro de Economía pueda negociar la deuda en default y así tener que evitar la derogación de la ley y someterse a un nuevo debate parlamentario con suerte incierta. Esta normaprohíbe cualquier nuevo canje.
En segundo lugar, no puede haber mejoras en las condiciones porque ello podría derivar en reclamos judiciales de aquellos que adhirieron al canje anterior.
En tercer lugar, y tal vez el nudo gordiano de toda esta monumental maniobra, el Gobierno no pagaría -a ojos del pueblo-, comisiones a los bancos colocadores -Citigroup, Barclays y Deutsche-, sino que lo harían los tenedores de los bonos en default. Sin embargo, las comisiones las va a pagar el Estado, por la mayor tasa de interés. Luego esa comisión se la reparten entre todos los que intervinieron en la operación, bancos y funcionarios. De allí que en el Palacio de Hacienda no se habla de otra cosa que no sea el canje, y la renegociación con el Club de París. Por ahora, la operación choca con dos obstáculos que la podrían hacer demorar.
El Gobierno tiene que lograr la aprobación del Presupuesto 2010.
La Argentina no tiene el permiso de la Security Exchange Commision (SEC) de EEUU, para poder realizar la operación. Este permiso podría demorar unos dos meses, un lapso extenso como para poder asegurar que el actual clima benigno en Wall Street se extienda y beneficie el canje.
Pero la mentira se vuelve a enseñorear debido a la corrupción que se encierra en la operación: Muchos tenedores individuales de los bonos defaulteados remataron los papeles a 10 centavos y los únicos que los tienen son los fondos buitres que esperan agazapados que el Gobierno les tienda una soga. Con el fin de beneficiarse con el canje y tapar el despilfarro y el desmanejo fiscal y financiero, el Gobierno beneficiaría a esos especuladores, incluyéndolos en el canje y les permitiría, triplicar su capital a merced de los bolsillos de la sociedad y con la complicidad del régimen.
Se sigue mintiendo con la muletilla del "superávit fiscal" cuando las cuentas públicas muestran un déficit ya crónico y cuando el Tesoro le sigue quitando dinero a los jubilados y a la salud para paliar el desequilibrio generado, en la madeja de subsidios entrecruzados que sólo benefician a unos pocos privilegiados, partidarios del gobierno. Las cuentas muestran que en los primeros ocho meses, el déficit fiscal trepó a $ 2.550 millones, todo ello sin contar el dinero extra que ingresó proveniente de la confiscación de los ahorros provisionales privados.
Si no se tomaran en cuenta estos fondos apropiados ilegítimamente, el desequilibrio hubiera trepado a casi $ 12.000 millones. Pero este marasmo fiscal y financiero tiende a duplicarse si se toman en consideración los desequilibrios provinciales, con lo cual el déficit treparía a más de $ 25.000 millones -unos U$S 6.000 millones-, cubiertos con deuda. Entonces, la mentira del "superávit" lleva a la otra mentira del "desendeudamiento".
Con la exacción de fondos aplicada al PAMI por $ 1.630 millones, la gestión Kirchner tomó deuda este año con organismos del sector público por $ 38.000 millones. Todo este déficit estuvo generado en un descomunal aumento del gasto improductivo que le ha hecho pagar los platos rotos a los que menos tienen por lo cual resulta lógico que la pobreza aumente contrariando la cosmética oficial.
La mentira se ha constituido en una constante para el modelo regente. "Queda clausurada la posibilidad de un nuevo canje", replicaban una y otra vez. Sin embargo, ya hubo un canje y ahora van por otro con una gran compañía de beneficiarios no casuales.
En primer lugar, la propuesta argentina a los holdouts excluye a los acreedores locales y discrimina a los fondos denominados "buitre".
En segundo lugar, para validar el canje, los bancos deberán llevar deuda en default por al menos U$S 8.000 millones, de un total de deuda vencida y exigible que roza los U$S 30.000 millones tomando en cuenta los intereses operados.
En tercer lugar, quienes entren en el canje deberán suscribir un bono nuevo por U$S 1.000 millones, con vencimiento en 2016 a cambio de una mejor tasa y el reconocimiento de los intereses vencidos, mediante la entrega de bonos Discount. Pero por qué tanto interés tiene el Gobierno en llevar adelante esta operación que está prohibida por la ley 26.017.
En primer lugar, en el proyecto de Presupuesto 2010 se incluyó la facultad para que el ministro de Economía pueda negociar la deuda en default y así tener que evitar la derogación de la ley y someterse a un nuevo debate parlamentario con suerte incierta. Esta normaprohíbe cualquier nuevo canje.
En segundo lugar, no puede haber mejoras en las condiciones porque ello podría derivar en reclamos judiciales de aquellos que adhirieron al canje anterior.
En tercer lugar, y tal vez el nudo gordiano de toda esta monumental maniobra, el Gobierno no pagaría -a ojos del pueblo-, comisiones a los bancos colocadores -Citigroup, Barclays y Deutsche-, sino que lo harían los tenedores de los bonos en default. Sin embargo, las comisiones las va a pagar el Estado, por la mayor tasa de interés. Luego esa comisión se la reparten entre todos los que intervinieron en la operación, bancos y funcionarios. De allí que en el Palacio de Hacienda no se habla de otra cosa que no sea el canje, y la renegociación con el Club de París. Por ahora, la operación choca con dos obstáculos que la podrían hacer demorar.
El Gobierno tiene que lograr la aprobación del Presupuesto 2010.
La Argentina no tiene el permiso de la Security Exchange Commision (SEC) de EEUU, para poder realizar la operación. Este permiso podría demorar unos dos meses, un lapso extenso como para poder asegurar que el actual clima benigno en Wall Street se extienda y beneficie el canje.
Pero la mentira se vuelve a enseñorear debido a la corrupción que se encierra en la operación: Muchos tenedores individuales de los bonos defaulteados remataron los papeles a 10 centavos y los únicos que los tienen son los fondos buitres que esperan agazapados que el Gobierno les tienda una soga. Con el fin de beneficiarse con el canje y tapar el despilfarro y el desmanejo fiscal y financiero, el Gobierno beneficiaría a esos especuladores, incluyéndolos en el canje y les permitiría, triplicar su capital a merced de los bolsillos de la sociedad y con la complicidad del régimen.







