Cuando un año es demasiado

En el lapso de un año el panorama ha mutado. Hace 365 días, el clima institucional era irrespirable. Las acciones del oficialismo sólo transmitían iracundia: iniciativas para reformar íntegramente la Constitución, promoción encarnizada de un juicio político contra un vocal de la Corte Suprema e impulso de un proyecto que difería hasta la eternidad la creación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), de manera que los poderes políticos, liberados de la incomodidad de tener que seleccionar según el mérito, pudieran designar discrecionalmente -a dedo- una treintena de jueces subrogantes. Toda esta articulada vendetta era porque la Corte, con decisión, había confirmado los ejes argumentales de la histórica sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ha reprendido los desbordes en que incurrió en 2006 la Convención Constituyente reformadora de la Carta Magna provincial.
En cuanto foro había (entre ellos, la III Conferencia Nacional de Jueces) quedaba patente el carácter de actividad riesgosa -cuando no teñida de ribetes heroicos- que había adquirido en Tucumán el desarrollo de una conducta judicial auténticamente -no sólo retóricamente- independiente.
El gobierno de José Alperovich focalizaba en los colegios de abogados -principalmente en el de esta capital- toda la responsabilidad por lo que sucedía. En realidad, esto sólo demostraba la impericia política del oficialismo (o la intrascendencia del Ministerio de Gobierno y Justicia) para resolver un problema que data desde diciembre de 2003, por lo menos, cuando el gobernador abrogó el CAM que había funcionado desde 1991. Además, el sofisma silenciaba la deliberada política desarrollada con el fin de provocar vacantes -facilitando la jubilación masiva de jueces-, para cubrirlas mediante un CAM moldeado por decreto de Alperovich, como lo habían pergeñado los convencionales de 2006, o mediante el "Plan D", que consistía en nombrar subrogantes a dedo. A una y a otra cara de una misma estrategia, se opusieron enfáticamente los letrados de esta ciudad y los del sur.

¿En el purgatorio?
A un año de aquel infierno, la creación del CAM, más allá de las merecidas objeciones que recibió la Ley 8.197, ha morigerado la situación. Lejos de aquellas desgastantes peleas, los abogados se preparan para elegir el 23 de octubre a quien los representará en el CAM. La lucha común mantenida es el principal argumento a favor de una lista de consenso, tanto en la capital como en el sur, considerando que hay que designar a un referente por jurisdicción, aunque sólo uno integrará por vez el CAM.  
Amén de que algún experimentado letrado ya ha solicitando el padrón de electores, con la intención de inscribir una nómina alternativa, anoche, en un restaurante de Barrio Norte, compartieron una cena referentes de las dos agrupaciones que conviven en el colegio de la capital. Por la Alianza Moreno-Alberdi-Verde, que encabeza Eudoro Aráoz (presidente), tenían previsto asistir Francisco García Posse, Jorge Contrera, Antonio Tejerizo y José Bulacio, mientras que por la lista Belgrano, Sebastián Herrera Prieto y Juan Gómez Romero. El objetivo: comenzar a materializar un acuerdo, discutir sobre  candidaturas y, sobre todo, definir si un alto miembro del consejo directivo puede postularse para integrar el CAM, algo que pretendería el segundo sector. Pero en ambos reina el criterio de que la unidad es insoslayable y un corolario lógico de la reciente lucha por el CAM, amén de lo que significaría que, en los comicios, un sector se impusiera al otro y que, por ende, se quedara con los dos cargos por la capital (titular y suplente) para el CAM.  
En el Colegio de Concepción, esta noche habrá un encuentro entre dirigentes de las listas San Martín (la encabeza Alejandro Molinuevo, presidente de la institución) y Manuel Belgrano (la conduce Diego Valls), también con la intención de evitar una confrontación anticipada de la que ambas mantendrán en marzo, ocasión en que estará en juego la vicepresidencia y la mitad de los cargos en el consejo directivo. La aspiración es presentar en las elecciones del 23 de octubre un binomio común para el CAM, encabezado por profesionales no necesariamente ligados a la vida interna de la institución. A las posibilidades de este proyecto contribuiría el hecho de que los abogados de la capital aseguraran públicamente a los del sur que los referentes que resultaren electos (titular y suplente) por Concepción y Monteros participarán -en pie de igualdad- en las discusiones que han de preceder al dictado del reglamento interno del CAM, aunque la Ley 8.197 reserve discriminatoriamente dicha atribución sólo al representante de la capital.
Estos ensayos deliberativos parecen más difíciles en el estamento de los magistrados, que también deberá elegir a su consejero el 15 de octubre. La razón es que, a diferencia de la unidad manifestada por los abogados, en la Asociación de Magistrados las aguas quedaron divididas entre quienes sinceramente apostaban por el CAM y quienes, incluso en foros nacionales, clamaban -y militaban- por subrogancias manejadas por los poderes políticos. Ahora que se trata de construir el CAM, cual saludable foro pluriestamental, parece difícil -incluso de explicar- una conciliación entre los jueces que confiaban de verdad en las bondades del CAM y aquellos otros que sólo parecían verlo como un estorbo para las designaciones y ascensos directos, para los que algunos hasta llegaron a anotarse.