La industria, en pie de guerra

La sensación creciente de que los tiempos de bonanza finalizaron por ahora en la Argentina quedó palmariamente expuesta durante la semana que pasó, en los festejos por el Día de la Industria. En concreto, las entidades que agrupan a las fábricas de la Argentina -y también de Tucumán- se atrevieron esta vez a elevar el tono de los discursos y a criticar al Estado -nacional y provincial, en el caso tucumano- por entender que no hay políticas públicas que fomenten la actividad industrial, y reclamaron un cambio de rumbo en este sentido. El llamado de atención de un sector tan poderoso como el industrial -hasta hace poco aliado incondicional del kirchnerismo, particularmente durante los años del crecimiento económico a tasas anuales del 8%-, expone una situación peligrosa de crisis. Mientras la industria parece velar armas para defender sus intereses, el Gobierno se ve acosado por el campo, que se envalentona cada día más y pretende recuperar el protagonismo logrado el año pasado. En Tucumán, el Gobierno de José Alperovich se anticipó a los problemas fiscales y anunció un fuerte ajuste para generar un ahorro de $ 100 millones, para tener un colchón en tiempos de vacas flacas. De esta manera, se diluye la pretensión de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), de conseguir que el Estado provincial genere un esquema de promoción de inversiones en la industria local.
En una cena servida en los salones del Jockey Club, el presidente de la UIT, Felipe Salas, decidió introducir hasta el tuétano cuando manifestó su preocupación por la imposibilidad de "erradicar el histórico clima de corrupción, el clientelismo político y la subsistencia del endeudamiento del Estado". Sugirió que la promoción industrial debería ser la política del Estado provincial, y remarcó que sin industria no hay desarrollo ni valor agregado y ninguna posibilidad de crecimiento general. La UIT viene bregando para que se reglamente la ley de Promoción Industrial, una norma que fue impulsada por Fernando Juri cuando era vicegobernador, y que aún no está operativa.
Días antes, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, ya había salido con los tapones de punta cuando instó al Gobierno de Cristina Kirchner a trabajar con más fortaleza y ser creíble.
A diferencia de años anteriores, esta vez la máxima autoridad del país no fue invitada al acto central de los industriales, en el que se trató la problemática de las PyME. Durante su exposición por el Día de la Industria, Méndez cuestionó el conflicto entre Gobierno y campo, por considerar que este enfrentamiento le hace un creciente daño a la producción industrial. También se quejó por la ausencia de una ley de reinversión de utilidades y que siga pendiente la solución" de una ley de Accidentes del Trabajo (ART). Previamente, la presidenta Kirchner había advertido que el Estado podría intervenir en el mercado de las ART si empresarios y sindicalistas no logran llegar a un acuerdo por las indemnizaciones. La opinión del Gobierno es que la indemnización no puede constituir una apropiación de los derechos del trabajador y no puede ser un negocio donde sólo ganan las empresas. Esta visión de la cosa crispa los nervios de los industriales.
La necesidad de financiamiento llevó a que el Gobierno tuviera que "comerse" sus dichos sobre el rol del FMI, organismo al que el kirchnerismo vilipendió con firmeza en los últimos años, en los tiempos de la bonanza económica. De no lograr un acercamiento real y concreto con los organismos multilaterales de crédito, será difícil planificar un 2010 con una economía interna en calma, y seguramente la  aún incipiente mala relación entre el Estado y la industria podría derivar en un verdadero dolor de cabeza para todos los argentinos.